Interior traslada a dos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado el traslado a cárceles próximas al País Vasco de los presos de ETA Kepa Arronategi -condenado a más de 158 años de prisión, entre otros delitos, en el intento de asesinato del rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997- y Marta Igarriz -que cumple una pena de 15 años de prisión por colaborar con un comando de la banda armada-. El primero ha pasado de la cárcel de Almería a la de Zuera (Zaragoza), donde ya hay otros 8 etarras. Igarriz estaba en la cárcel de Castellón y ha sido recluida en la de Logroño, donde permanece otro preso de la banda.

Ambos se convierten en los primeros etarras acercados a Euskadi dentro de la nueva política penitenciaria anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de la organización terrorista. En agosto otros dos miembros de la banda, Olga Sanz y Javier Moreno, fueron trasladados a la cárcel de Basauri, aunque en su caso la medida fue tomada después de que se les concediera el tercer grado penitenciario o de semilibertad, que obliga a que sean adscritos a un centro penitenciario próximo a su domicilio familiar.

Los casos de Arronategi e Igarriz son totalmente diferentes. De hecho, al primero se le va a mantener en primer grado penitenciario -el más duro, y en el que están clasificados cerca del 90% de los 232 presos de la banda encarcelados en España-, mientras que la segunda accedió al segundo grado a finales del pasado mes de julio por decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Fuentes penitenciarias añaden que el traslado no se traducirá en beneficios penitenciarios para ninguno de ellos y que, de hecho, no disfrutarán de momento de permisos de salida, aunque en el caso de Igarriz el cambio de clasificación abre esa posibilidad.

En el caso de Arronategi, en su traslado ha pesado su estado de salud. A pesar de que su nombre no aparecía en los listados que las asociaciones de familiares y amigos de los presos etarras tienen de presos gravemente enfermos, desde fuentes cercanas a este colectivo confirman que no se hacía por expreso deseo de la familia, pero que sí era uno de los reclusos con problemas de salud que hacían temer por su vida. Fuentes de la prisión almeriense donde ha estado recluido confirman dicho extremo. Sánchez anunció en agosto que la salud sería, junto a la edad, uno de los criterios que se utilizaría para decidir que presos son acercados.

En el caso de Igarriz -que se encuentra en prisión desde abril de 2005-, Prisiones ha tenido en cuenta que ha aceptado la legislación penitenciaria ya que solicitó una progresión de grado que, en un primer momento, la Junta de Tratamiento denegó. Ella recurrió la decisión y el juez Vigilancia Penitenciaria accedió a su petición en julio. Para ello contó con el informe favorable de la Fiscalía, que valoró que hubiera cumplido ya tres cuartas partes de la condena hacía dos años, la antigüedad de los delitos, el apoyo familiar con el que contaba y que el educador de la prisión de Castellón hubiera detallado que en sus conversaciones con ellas mostraba signos de arrepentimiento y conciencia del daño causado a las víctimas. En la decisión de su traslado, Interior ha tenido ahora en cuenta que Igarriz no está implicada en delitos de sangre -fue condenada por cobijar a los miembros de un comando y trasladarlos, posteriormente, al sur de Francia- y que ETA ya ha desaparecido.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska insisten en que "en ningún caso" el traslado de ambos es "un beneficio penitenciario. Cumplen los requisitos y con la medida se busca facilitar su reinserción con la cercanía de su familia", recalcan. Grande-Marlaska informó personalmente de ambos traslados a dos de las asociaciones de víctimas, la AVT y Covite. Según fuentes de Interior, tras las explicaciones del ministro, ninguna puso objeciones a la medida.