Interior inicia el cambio de la política penitenciaria al acercar a dos presos de ETA no arrepentidos

El anuncio realizado este jueves por Instituciones Penitenciarias de trasladar en breve a cárceles próximas al País Vasco de los etarras Kepa Arronategi Azurmendi y Marta Igarriz Izeta supone el primer paso significativo de la nueva política penitenciaria anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez ya que ninguno de los dos presos ha pedido hasta ahora de manera expresa perdón a las víctimas. Hasta ahora, el único movimiento que el Ministerio del Interior había realizado era trasladar en agosto a otros dos miembros de la banda, la pareja formada por Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, a la cárcel de Basauri (Bizkaia), aunque en su caso la medida se tomó después de que se les concediera el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad. Esta decisión obligaba a que fueran adscritos a un centro penitenciario próximo a su domicilio familiar para que la medida fuera efectiva. Sanz y Merino, que tienen una hija, se habían desvinculado de la organización terrorista hace años y hacían frente a las responsabilidades civiles a las que fueron condenados. .

Los casos de Arronategi e Igarriz son diametralmente opuestos. El primero, condenado a más de 158 años de cárcel, será recluido en Zuera (Zaragoza) procedente de la prisión de Almería. Igarriz, con una pena de 15 años, pasa de la de Castellón a la de Logroño. Ambos siguen encuadrados en la ortodoxia del colectivo de presos etarras (EPPK en sus siglas en euskera). El primero ingresó en prisión en octubre de 1997 y desde entonces se le ha mantenido en el primer grado penitenciario, el régimen de vida más duro y en el que está clasificado el 90% de los 233 presos de la banda encarcelados en España. En su historial delictivo hay asesinatos, entre ellos el de un ertzaina, muerto en el intento de atentado contra el rey Juan Carlos de aquel año en el Museo Guggenheim de Bilbao. Fuentes de Interior aseguran que en la prisión de Zuera se le mantendrá en primer grado. En su caso, la orden de traslado se ha producido por razones humanitarias, dado su precario estado de salud. El presidente Pedro Sánchez ya anunció en agosto que la salud sería, junto a la edad avanzada, uno de los criterios que se primaría para decidir qué presos son acercados.

En el caso de Igarriz —encarcelada desde abril de 2005—, Interior ha tenido en cuenta que la reclusa ha aceptado la legislación penitenciaria ya que hace medio año solicitó una progresión de grado que, en un primer momento, la Junta de Tratamiento denegó. Ella recurrió la decisión ante el juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, quien accedió a su petición a finales del pasado mes de julio. Para ello, el magistrado contó con el informe favorable de la Fiscalía, que valoró que Igarriz hubiera cumplido las tres cuartas partes de la condena hacía dos años, la antigüedad de los delitos cometidos, el apoyo familiar con el que contaba y que el educador de la prisión de Castellón hubiera detallado en sus informes que en sus conversaciones con ella mostraba signos de arrepentimiento y conciencia del daño causado.

Además del segundo grado penitenciario, Interior ha tenido ahora en cuenta que Igarriz no está implicada en delitos de sangre —fue condenada por guardar explosivos, cobijar a los miembros de un comando y trasladarlos, posteriormente, al sur de Francia— y que ETA ya ha desaparecido. Fuentes penitenciarias recalcan que el traslado no se verá de momento acompañado de beneficios penitenciarios para ninguno de los dos etarras y que, de hecho, no disfrutarán de permisos de salida, aunque en el caso de Igarriz el cambio de clasificación abre esa posibilidad a que los solicite.

Fuentes de Interior insisten en que la petición expresa de perdón a las víctimas no es un requisito para trasladar a un preso, aunque sí para conseguir beneficios penitenciarios como permisos, que en este caso no se producirán. No obstante, fuentes penitenciarias reconocen que la lista de presos etarras que reúnen los requisitos mínimos para poder ser acercados a cárceles del País Vasco y Navarra es, en la actualidad, muy reducida. Estas fuentes hablan, en concreto, de una treintena de los 233 etarras actualmente recluidos en cárceles españolas. Entre ellos están los 19 internos -entre ellos Igarriz- que están clasificados en segundo grado penitenciario, pero que todavía no están en cárceles de estas dos comunidades. En la actualidad, en las prisiones vascas y navarras están recluidos otros nueve etarras en segundo grado y dos más en semilibertad, Sanz y Merino, todos ellos acogidos a la llamada Vía Nanclares.

Interior también estudia la situación de los reclusos de ETA con enfermedades graves, como Arronategi. Las asociaciones de familiares y amigos de los reclusos aseguran que en la actualidad hay más de veinte en esta situación, cifra que corroboran desde el Gobierno vasco. Sin embargo, el ministerio no incluye a todos entre los candidatos a ser acercados, ya que excluye a aquellos que hubieran sido cabecillas de la banda terrorista cuando estaban en libertad. Finalmente, Interior también ha 'monitorizado' a los tres presos mayores de 70 años. Sin embargo, el pasado julio, el juez de Vigilancia Penitenciaria negó el segundo grado penitenciario al mayor de ellos, Sebastián Etxaniz, de 75 años, lo que dificulta su próximo traslado.