Las víctimas dejan solo a Casado en su crítica al traslado de etarras

“Siempre ha habido acercamientos. José María Aznar acercó a casi 200 presos. Todo el mundo se pone a decir burradas, pero nosotros sabemos cómo funciona esto, lo de los acercamientos y lo del acceso al tercer grado”, advirtió Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) y hermana de Gregorio, el concejal del PP asesinado por ETA de un tiro en la nuca cuando almorzaba en un bar donostiarra en 1995.

“El tercer grado de la etarra [ahora trasladada, Olga Sanz] se le concedió gobernando el PP”. El de su pareja, Javier Moreno, lo aprobó la Administración socialista con un informe hecho en abril, antes de la moción de censura. “Si cumplen la ley, nosotros no nos oponemos ni a los acercamientos, ni a los terceros grados. No es ninguna cesión”, añadió Ordóñez.

En Santa Pola, recién llegado de Colombia, Pablo Casado criticó los traslados de ambos etarras tras participar en una ofrenda floral a dos víctimas de ETA asesinadas por un coche bomba en agosto de 2002 en la localidad alicantina: Silvia Martínez, de 6 años, y Cecilio Gallego, de 57. “Con el máximo respeto de lo que es diferenciar una actividad de partido de lo que es la memoria de las víctimas, queríamos unir nuestra voz a su dolor, pero también hacerlo coincidir con unas fechas en las que nos preocupa mucho la política antiterrorista que está planteando el Gobierno socialista”, dijo. Casado aseguró que le parecía “lamentable” que Iturgaiz, expresidente del PP vasco y actual eurodiputado, tuviese que enviarle una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “para decir que no mientan, que a él no le han pedido perdón, que no se ha esclarecido el plan con el que quisieron asesinarle y que no han colaborado en resolver los asesinatos que sí perpetraron”. En su carta, Iturgaiz acusaba al ministro de “premiar a los verdugos y castigar a las víctimas”.

“Que hablen con las asociaciones de víctimas del terrorismo y piensen si lo que ha pasado el día de ayer [el traslado de los dos presos] es algo que aceptan”, sugirió Casado al Gobierno antes de asegurar que para él era “una contraprestación a una moción de censura vergonzante”. “El PP se basa como pilar fundamental en las víctimas del terrorismo”.

“Casado sabe o debería saber que tanto Covite como la AVT hemos hecho la misma reflexión: estos dos acercamientos cumplen los requisitos y se ajustan a la ley”, declaró Ordóñez. “Parece que no le interesa lo que decimos las víctimas”.

“En estos dos casos cumplen todos los requisitos, se ajusta a derecho y no nos podemos oponer, aunque no nos guste”, afirmó Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Tanto Araluce como Ordóñez advierten, no obstante, que vigilarán próximos traslados para que se hagan de manera “individualizada” y no cambie la política porque ETA haya dejado de matar. Para la AVT lo fundamental es que “colaboren con la justicia de una forma que no tiene que ser la delación, pero sí ayudar a aclarar los 300 crímenes sin resolver”. Ordóñez explicó por carta al ministro que para Covite lo más importante es que “renieguen de ETA”: “Ojalá acercaran muchos presos al País Vasco porque hubiesen repudiado a la banda. Eso sí sería un ataque en su línea de flotación”.

En su reunión con las asociaciones de víctimas del terrorismo, Grande-Marlaska se comprometió a avisarles con antelación de cualquier traslado de presos, como hizo en este caso, aunque sin dar sus nombres "por protección de datos". Araluce insiste en que es muy importante conocer los nombres para que los psicólogos de la asociación puedan avisar a sus víctimas concretas y hacer un seguimiento a quien más lo necesite, como hicieron, por ejemplo, ante la salida de la cárcel del etarra Santi Potros.

Desde Interior insisten en que no se contempla de ningún modo un traslado colectivo, como sí hizo en 1998 el Gobierno de José María Aznar con 103 reclusos durante la tregua de ETA. Entre los criterios que se tendrán en cuenta estarán la condena recibida, el tiempo restante por cumplir y el comportamiento en prisión.