Ayuso recurre la exclusión del magistrado José María Macías de las deliberaciones del Constitucional sobre la ley de amnistía

El Gobierno de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que recurrirá la recusación del magistrado José María Macías en las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, decidida porque se pronunció de forma tajante en contra de la constitucionalidad de esta norma cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, que ha considerado la decisión “irregular y arbitraria” y que ha acusado al presidente de la institución, Cándido Gómez Pumpido, de actuar como “el ministro 24 del Gobierno de Pedro Sánchez”. Además de Madrid, que en su día pidió recursar a tres magistrados “por su vinculación al PSOE”, Galicia e Islas Baleares han recurrido la exclusión de Macias, a lo que podrían unirse otras regiones, pues el plazo aún está abierto.

El pleno del Constitucional decidió a finales de enero, por seis votos a cuatro, apartar de forma definitiva al magistrado José María Macías de la resolución de todos los recursos presentados contra la ley de amnistía, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el Supremo (donde el PP tiene mayoría absoluta); el PP como partido; las comunidades autónomas en que gobierna (entre ellas la de Madrid), y la de Castilla-La Mancha (en manos del PSOE). En total, casi una veintena.

La decisión de apartar a Macías de todos los recursos contra el perdón a los líderes del procés ha provocado su “indefensión” y la de las comunidades autónomas que han impugnado esta norma sin pedir que se le apartara, según los votos particulares emitidos por magistrados del sector conservador ante la decisión. La tesis central de la queja es que Macías debió tener la posibilidad de defenderse en todos y cada uno de los recursos presentados. A lo que se añade el argumento de que debió permitirse a las comunidades autónomas que no recusaron al magistrado la posibilidad de que expusieran su criterio sobre la falta de imparcialidad alegada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Una línea argumental compartida por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que por ello, ha dicho este jueves Martín, pide “la nulidad de esta actuación, al ser una decisión irregular y arbitraria, que no respeta procedimiento alguno y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional”.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ayuso ha opinado que la decisión supone “expulsar a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala”. “Una nueva arbitrariedad del ministro 24 del Gobierno de Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido”, ha denunciado.

El Ejecutivo autonómico presentó en septiembre un recurso a la ley de amnistía en su totalidad. Lo hizo, según argumentó Ayuso, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”. La propia presidenta avanzó entonces que Madrid pedía la recusación de tres magistrados del tribunal —Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez— con el argumento, dijo, de su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, partido que presentó el texto de la ley, lo que, opinó les “inhabilita para enjuiciar” su constitucionalidad.

Finalmente, el consejero de Justicia también ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado un texto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. García ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ir “en detrimento de los jueces de carrera” al incorporar “masivamente” jueces sustitutos, y ello “con la excusa de democratizar el acceso a la judicatura”.