Los alcaldes del PSOE le echan un pulso a Ayuso en la Asamblea para intentar limitar el precio de la vivienda en sus municipios

Diez alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid que gobiernan sobre más de medio millón de ciudadanos ultiman el registro en la Asamblea de Madrid de una iniciativa legislativa conjunta para intentar que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dependa de los municipios y no del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora ha vetado todas las peticiones para limitar el precio de la vivienda en la región.

Así se lo avanzan a EL PAÍS desde los equipos de los tres principales regidores socialistas en la Comunidad, Javier Ayala (Fuenlabrada), Sara Hernández (Getafe), y Candelaria Testa (Alcorcón), que han aprobado en sus municipios una propuesta de reforma de la ley del suelo que también avalan con su firma sus homólogos de los gobiernos de Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. La abstención de un edil de Podemos en Parla impidió en noviembre que este municipio se sume a la lista. El texto será previsiblemente registrado este viernes, y, según una fuente socialista, contará con el apoyo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en principio el próximo miércoles, y a través de una reunión para hablar de uno de los principales problemas de los ciudadanos de Madrid: el acceso a un hogar.

La consultora Atlas calcula que en Madrid se necesitan 864.000 casas asequibles más para lograr que la tasa media de esfuerzo para disfrutar de una vivienda en cualquier modalidad no supere el 30% de los ingresos. En ese contexto, una treintena de municipios cumplirían con los requisitos que marca la normativa estatal para topar los precios, según un análisis de Idealista. Sin embargo, el Ejecutivo de Ayuso se ha negado repetidamente a permitir cualquier declaración de zona tensionada en la Comunidad de Madrid.

Así, en los últimos años, el Gobierno regional ha rechazado las peticiones de Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada, municipios todos ellos gobernados por el PSOE. Al hacerlo, el ejecutivo ha impedido que los ayuntamientos establezcan restricciones a los aumentos del alquiler y limiten las rentas de los grandes propietarios, y de los dueños de viviendas que no han sido alquiladas en el último lustro, a lo que marca el Índice de Precios de Referencia.

Como el Gobierno autonómico se ha negado hasta ahora a aceptar esas peticiones, la reforma legal patrocinada por los regidores socialistas aspira que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dependa de los municipios y no de Ayuso. Un planteamiento que previsiblemente rechazará la mayoría absoluta del PP tras afrontar un debate parlamentario que servirá para contraponer el modelo de los conservadores al del PSOE.

La declaración de zona de mercado residencial tensionado requiere que las familias tengan que gastar más de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o que el precio de compra o de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años en la comunidad autónoma correspondiente.

La disposición de la ley estatal sobre los topes a los alquileres se ha aplicado por primera vez en Cataluña. En esa región, la regulación de los precios ha reducido las rentas, pero ha desplomado el número de contratos: cayeron bruscamente tras la entrada en vigor de la regulación, en marzo pasado. Así, en los 140 municipios declarados como mercado residencial tenso, donde el precio está topado, bajaron un 17,2% (24.543 nuevos contratos), según los datos que la Generalitat publicó el 8 de octubre. En enero, el BOE recogió que el municipio de Errentería, en el País Vasco, había sido declarado zona de mercado residencial tensionado.

A la espera de conocer la redacción final, una primera versión del texto que se va a registrar planteaba que la declaración de zona tensionada dure un mínimo de tres años, prorrogables desde entonces año a año, como en la ley estatal. Sin embargo, apostaba por definir lo que es un gran tenedor de vivienda caso a caso, mientras que en la norma nacional se entienden como tales a los propietarios de 10 inmuebles, o cinco si son en zonas tensionadas. Además, explicitaba que el suelo obtenido a través de las plusvalías generadas por el planeamiento urbano “deberá destinarse necesariamente a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales” en los municipios en los que se haya aprobado esa declaración.

La iniciativa de coordinar a los alcaldes socialistas parte de la regidora de Alcorcón, Candelaria Testa, que ha visto reforzado su peso interno con la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSOE de Madrid. Sin ir más lejos, fue la presidenta del congreso autonómico que proclamó como líder al también ministro el pasado fin de semana. Junto a ella, han jugado un papel clave los regidores de Fuenlabrada y Getafe, que en ese cónclave protagonizaron un diálogo sobre vivienda con la ministra del ramo.

La estrategia conjunta incluye que el grupo socialista en el Parlamento regional haya reclamado que la vivienda pública no pueda salir al mercado libre, en consonancia con la campaña orquestada desde la sede federal de Ferraz para toda España.

Una iniciativa legislativa municipal requiere del apoyo de tres o más Ayuntamientos cuyos municipios cuenten en conjunto con un censo superior a 50.000 electores; o de 10 o más Ayuntamientos de municipios limítrofes entre sí, cualquiera que sea el número de electores de los mismos, según la ley correspondiente. De esta manera, el proceso iniciado en la primavera de 2024 ha requerido del apoyo de los plenos de todos los municipios impulsores, y ha tardado casi un año en llegar a la Asamblea. Ahí, este viernes, los principales alcaldes socialistas de Madrid acudirán a iniciar un nuevo pulso con el PP de Ayuso.