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El PSOE de Lobato reclama en la Asamblea de Madrid que las viviendas protegidas no puedan salir al mercado libre

Los socialistas registrarán a rebufo de la Operación Campamento una modificación legal para eliminar las disposiciones que limitan el periodo protegido a 15 años

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato (d), el 18 de septiembre.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato (d), el 18 de septiembre.Juanjo Martín (EFE)
Juan José Mateo

El PSOE de Madrid registrará en la Asamblea regional una iniciativa para que las viviendas protegidas mantengan esa condición indefinidamente, y no puedan salir al mercado libre 15 años después de su concesión, como ocurre ahora. Esa apuesta, imposible de desvincular de la Operación Campamento, que supondrá construir 10.700 nuevas residencias en el suroeste de la capital de España, lleva el sello del secretario general regional de los socialistas, Juan Lobato, y tiene un valor intrínseco frente al bloqueo que previsiblemente propiciará la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso. Así, pone el foco en posibles soluciones a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según los sondeos, y alinea al PSOE de Madrid con el Gobierno central, que quiere centrar la próxima Conferencia de Presidentes, precisamente, en el tema de la vivienda. En esa línea, Más Madrid impulsará un debate en el pleno del 10 de octubre para instar al gobierno a mantener el régimen de protección indefinidamente, aunque en este caso se trata de una proposición no de ley sin carácter vinculante.

“El PSOE de Madrid va a presentar una reforma legislativa para garantizar que las viviendas protegidas tienen ese carácter protegido por tiempo indeterminado”, ha dicho Lobato en un audio enviado a los medios de comunicación. Y ha abundado: “Es decir, eliminar esa limitación a 15 años, y que cualquier vivienda protegida en la Comunidad de Madrid siga siendo protegida de forma indefinida, para no entrar en el mercado de la especulación y asegurar que está al servicio del derecho a la vivienda de las familias y los jóvenes de la Comunidad de Madrid”.

Tras varias semanas en el centro del huracán por la posibilidad de que surja un liderazgo alternativo en el próximo congreso regional, Lobato intenta recuperar la iniciativa con un tema del agrado de Ferraz, donde está la sede federal del PSOE, y la Moncloa, donde el presidente, Pedro Sánchez, apuesta por poner el acento en la vivienda.

En paralelo, la iniciativa busca neutralizar las críticas de Más Madrid a la Operación Campamento (votó en contra porque parte de la vivienda se liberará) y trasladar la responsabilidad de solucionar la situación al PP madrileño. Una estrategia que ya siguió Leire Iglesias, presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, cuando esta semana reconoció que el plazo de protección del nuevo desarrollo acabará en determinados casos en 15 años, para a continuación añadir que la Comunidad de Madrid puede hacer que se mantenga el régimen de protección.

Lobato proporciona esa opción en bandeja a través de la propuesta de modificar el artículo dos de la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid.

De esta manera, los socialistas querrían añadir el siguiente texto al redactado: “Todas las viviendas contempladas y desarrolladas bajo este artículo tendrán de forma permanente la calificación de vivienda con protección pública”.

Eso, explican en el PSOE a través de un comunicado, obligará a modificar los dos Decretos sobre vivienda pública que limitaba el periodo de protección a 10 años (Viviendas con Protección Pública para arrendamiento con opción de compra) y 15 años (Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio y Viviendas con Protección Pública para arrendamiento).

No obstante, lo previsible es que el Gobierno de Díaz Ayuso se muestre en contra de la modificación, y que la Asamblea regional, donde el PP goza de mayoría absoluta, rechace la iniciativa. Al menos eso se deduce de las palabras del portavoz regional, Miguel Ángel García Martín.

“Lo más importante es generar seguridad jurídica”, ha dicho el también consejero de Presidencia tras la reunión semanal del consejo de gobierno. “No podemos seguir improvisando con medidas que la izquierda se saca de la chistera, no diciéndole claro a los potenciales inversores cuáles van a ser las reglas de juego”, ha añadido. “Creemos en la certidumbre. Recetas trasnochadas, que no funcionan, no las vamos a aplicar”.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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