Interior acerca a un preso de ETA que hizo una renuncia “genérica” de la violencia

El Ministerio del Interior anunció ayer el próximo acercamiento a la cárcel de Logroño del preso de ETA Jagoba Codó Callejo, actualmente recluido en el Centro Penitenciario Castellón II. Codó —en prisión desde abril de 2001 y condenado a 22 años por pertenencia a banda armada y depósito de armas— es uno de los reclusos etarras a la que la asociación de familiares de presos Etxerat considera gravemente enfermo. Fue clasificado en segundo grado penitenciario en marzo de 2017 por orden judicial después de enviar al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, una carta en la que hacía un desmarque genérico de la violencia, aunque no pedía perdón a las víctimas.

Prisiones ya acercó en septiembre a los presos de ETA Kepa Arronategi y Marta Igarriz pese a que ninguno de los cuales había mostrado un arrepentimiento expreso. En el caso de Arronategi, Interior tuvo en cuenta su delicado estado de salud. Con Igarriz, que había cumplido las tres cuartas partes de la condena, la antigüedad de sus delitos, el apoyo familiar con el que contaba y que el educador de la prisión de Castellón donde estaba ingresado había detallado en un informe que en sus conversaciones mostraba signos de arrepentimiento.

Más información

Interior inicia el cambio de la política penitenciaria al acercar a dos presos de ETA no arrepentidos

Interior traslada a dos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco

El caso de Codó Callejo, Interior ha valorado que en mayo de 2015 cumplió tres cuartas partes de su condena, que esta no tiene delitos de sangre y que aceptó la legalidad penitenciaria al recurrir el año pasado la negativa de Instituciones Penitenciarias a progresarle al segundo grado penitenciario, que le abría las puertas a disfrutar de permisos.

Instituciones Penitenciarias también ha tenido en cuenta el contenido del auto de 2017 del juez De Castro en el que, precisamente, aceptó la petición del etarra. En aquel escrito, el magistrado destacaba que el recluso —que aún pertenece al colectivo de presos de ETA, el EPPK— le había remitido una carta en la que renunciaba “a la utilización de la lucha armada en el futuro”. Codó aseguraba en esa misiva que “nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido, ni al causado y penalmente lo estoy pagando”.

El juez consideró dichas palabras una renuncia expresa al terrorismo, aunque criticó que el interno aún guardara “cierta equidistancia con las víctimas, a las que ni siquiera menciona”. Los técnicos de la prisión ya consideraban entonces que el etarra mostraba “un pronóstico de reincidencia bajo” y una evolución en su comportamiento en la cárcel que favorecía su reinserción.

Codó —que cumplirá su condena en 2021— fue entregado a España en abril de 2001 por las autoridades mexicanas. Había sido detenido unos días antes en la ciudad de Monterrey después de que la policía del país norteamericano comprobara que no tenía la documentación de residencia en regla. La Audiencia Nacional lo juzgó por la colocación de varios artefactos explosivos en vías férreas en 1993 y 1994. Según declaró durante el juicio, ese último año pidió una “salida” a la organización terrorista por motivos familiares y se marchó a México. Allí, comenzó a trabajar como pastelero y terminó rompiendo sus lazos con ETA, según afirmó en la vista.