Los Franco sientan en el banquillo a los activistas que ocuparon pacíficamente el Pazo de Meirás

La familia Franco, que ocupa desde la Guerra Civil el Pazo de Meirás amparándose en una supuesta donación popular, ha sentado en el banquillo a cinco de los 19 activistas del colectivo por la Recuperación de la Memoria Histórica que en agosto de 2017 aprovecharon unas jornadas de puertas abiertas del inmueble, Bien de Interés Cultural, para desplegar desde él dos pancartas reclamando su “reintegración” al pueblo gallego. Este viernes ha sido la primera ronda de declaraciones judiciales de los 19 activistas denunciados por los Franco (tanto por la familia del dictador como por la fundación que lleva su nombre) por delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada. Piden para cada uno de ellos penas de 13 años de cárcel, además de multas económicas.

Más información

Los Franco piden 13 años de cárcel para los activistas que entraron en Meirás

Juristas de la Xunta dictaminan que Meirás siempre fue una propiedad pública

Mientras los juristas contratados por la Xunta de Galicia sostienen que el Estado debería presentar una demanda civil contra los Franco para que devuelvan al pueblo el bien público que están ocupando desde hace 80 años, son los herederos del dictador los que han denunciado la ocupación del histórico pazo por los activistas. “Es el mundo al revés”, destacaron este viernes los demandados, respaldados por manifestantes que reclamaban la “devolución de lo robado” a grito de “franquismo nunca más”. Junto a ellos, la líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, y La portavoz de la formación nacionalista en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, que denunciaron la “anomalía del sistema” evidenciada porque tengan que declarar “unos demócratas que realizaron una ocupación pacífica” al tiempo que reclamaron del Gobierno de Pedro Sánchez “celeridad” para la recuperación del inmueble.

Los “19 de Meirás”, que insisten en su reclamación de reversión al pueblo gallego del bien cultural -una edificación de finales del siglo XIX que ordenó construir la escritora Emilia Pardo Bazán, y que, tras décadas recibiendo subvenciones, los Franco acabaron poniendo a la venta por ocho millones de euros- consideran que la denuncia presentada por los herederos del dictador es “una barbaridad” tanto desde el punto de vista político como jurídico. Sostienen que se está “criminalizando el ejercicio del derecho democrático a la libertad de expresión” y consideran“irónico” que “una fundación que hace apología del fascismo” les denuncie “por atentado contra el honor y por un delito de odio”.

Frente a ello, los activistas denunciados muestran su orgullo por la “acción simbólica y pacífica” que realizaron ya que entienden que con ella han conseguido meter en la agenda política gallega la recuperación del pazo y obligado a las instituciones públicas a pronunciarse al respecto.

Para los “19 de Meirás” la “retirada de los restos del franquismo” del pazo debe formar parte de la recuperación de la Memoria Histórica tanto como la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. “Se trata solo de voluntad política”, sostienen apelando al presidente del Gobierno, a quien el alcalde de Sada, Benito Portela (del grupo independiente de izquierda Sadamaioría), ha escrito varias cartas con este objetivo precisando que los Franco ocupan el Bien de Interés Cultural como consecuencia de “la extorsión, del régimen de terror y del fraude, tal y como consta en varios informes históricos y jurídicos que han sido remitidos a la Administración general”.

Portela ha cargado recientemente contra la pasividad del Gobierno de Sánchez alertando de que mientras los Franco se mueven, “el Gobierno del Estado sigue pasivo”.