El PSOE recurrirá al Constitucional el veto a acelerar los presupuestos

El Grupo Socialista confirmó en la tarde de este viernes que no desiste de presentar pelea en su objetivo de acelerar la tramitación de unos nuevos presupuestos para 2019, con 6.000 millones de euros más para gastos sociales en su techo de gasto. La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Ciudadanos, había vetado esa misma mañana que ese trámite se hiciera más rápido por el método de lectura única. El PSOE recurrirá ahora ese bloqueo ante el Tribunal Constitucional. Podemos también está estudiando esa vía.

El PSOE está explorando todos los procedimientos a su alcance para lograr sacar en tiempo y forma, antes de mediados de octubre, una proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que fija el techo de gasto de los presupuestos en una cantidad superior en 6.000 millones a la estipulada en las cuentas heredadas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Bruselas le concedió el visto bueno para superar ese límite a la ministra de Economía, Nadia Calviño, pero ahora ni el Gobierno ni el Grupo Socialista consiguen encontrar la fórmula para sortear la mayoría de que disponen PP y Ciudadanos en el órgano de gobierno del Congreso.

Los socialistas lo han intentado por varios métodos y hasta con algún polémico atajo parlamentario, pero sin éxito y sin ablandar el bloqueo del centroderecha ahora en la oposición. El último rechazo se constató en la mañana de este viernes, de nuevo en la Mesa del Congreso, cuando tras una larga y tensa discusión los cinco representantes de PP y Ciudadanos descartaron la nueva petición de los cuatro miembros del PSOE y Podemos.

El PSOE se siente desamparado por esta actuación de la Mesa del Congreso y anunció que planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Mesa del Congreso había rechazado antes, y otra vez por una votación de los cinco miembros del PP y Ciudadanos frente a los cuatro representantes del PSOE y Podemos, el intento del Grupo Socialista de retomar la tramitación por la vía de urgencia y lectura única esta reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. Ese resultado trastoca gravemente los planes del ejecutivo de Sánchez de impulsar otros presupuestos, con más inversión social y de género, como exigen los socios de Podemos y otros partidos nacionalistas para alargar al máximo posible la legislatura.

PP y Ciudadanos vetan esos intentos de acelerar el proceso parlamentario para evitar conceder esa baza política al Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos partidos recurren al argumento de no aumentar el déficit para justificar ese rechazo. La propuesta irá por la vía ordinaria, en la Comisión de Hacienda, y podría demorarse entre tres y cuatro meses.

El PSOE había intentado con este plan hacer explícito este conflicto de legitimidades en el orden del día de la reunión en el que pedía que se reconsiderara el  acuerdo de la Mesa del 4 de septiembre en el que proponía reformar la ley de estabilidad presupuestaria. Una iniciativa apoyada por Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto. Entre todos los grupos firmantes sumaban 181 votos, una amplia mayoría de la Cámara sustentada en el artículo 150 del Reglamento que señala que el Pleno del Congreso tiene capacidad para decidir si una ley se aprueba o no por lectura única. Si se hubiese autorizado se podría haber abordado el asunto en la sesión plenaria del próximo 9 de octubre.

Ese artículo 150 sobre la lectura única del Reglamento del Congreso precisa: "La simplicidad o la naturaleza de un proyecto o proposición pueden hacer que el pleno del Congreso, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, acuerde que el texto se tramite en un único debate en pleno (como los de totalidad, con una votación final de conjunto) sin pasar por ponencia ni Comisión". La Mesa ha resuelto finalmente que no procede usar aquí ese procedimiento.

La mayoría de la Mesa no ha permitido la sorpresa y no ha dado opción. Han esgrimido su poder para controlar y regular todos los debates y procesos en la Cámara y se han negado a admitir esa urgencia. El vicepresidente de la Mesa en representación de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha explicado luego que el debate sobre la ley de estabilidad y el techo de gasto presupuestario se producirá, pero no por la vía exprés, sino por la ordinaria, con la opción de tramitar enmiendas a la totalidad y parciales. Un proceso que suele llevar, al menos, entre tres y cuatro meses y que complica el calendario que pretendía llevar el Ejecutivo.

PP y Ciudadanos no solo han vetado ese nuevo intento de acelerar los trámites del PSOE, sino que incluso plantearon que la propuesta gubernamental se discutiera en la Comisión de Presupuestos, que preside Francisco de la Torre, del partido naranja. PSOE y Podemos se negaron y plantearon por su parte que la discusión fuese a partir de ahora a la Comisión de Hacienda, que dirige el socialista Antonio Pradas. Hubo discusión, y tensa. Pero al final se aceptó por unanimidad que el debate se enmarque ahora en esta comisión, presidida por el PSOE pero en cuya mesa siguen manteniendo mayoría PP y Ciudadanos. Esos repartos son relevantes en caso de que algún partido intente ahora demorar o bloquear iniciativas, enmiendas o propuestas en esa comisión. Prendes afirmó este viernes, tras la Mesa, que esa no es su intención y que el procedimiento que se seguirá desde ahora será el ordinario.

Fuentes parlamentarias próximas a PP y Ciudadanos recordaban después de esta nueva cita de la Mesa del Congreso que este rechazo actual y la posible demora que conlleve tienen su origen en la votación negativa que sufrió el Ejecutivo de Sánchez el pasado 27 de julio. Ese día el Gobierno presentó su nueva propuesta de techo de gasto y recibieron los votos en contra del PP, Ciudadanos, CC, Foro Asturias y UPN, pero también las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias. En aquella votación al Gobierno solo le respaldaron los representantes del PSOE y PNV (88 votos), frente a 173 rechazos y 86 abstenciones. Las mismas fuentes remachan que si entonces se hubiera intentado la vía de trámite ordinaria ahora ya habrían transcurrido varios meses, se podría haber habilitado incluso parte del verano para la admisión de enmiendas y cabría que el proceso hubiera finalizado en enero o febrero en vez de en abril.

El Gobierno y el grupo parlamentario socialista han intentado esta solución tras fracasar primero la argucia parlamentaria de llevar esa modificación presupuestaria a través de una enmienda sobre otra ley en la Comisión de Justicia, que también fue boicoteada por la misma mayoría en la Mesa del Congreso.  Pedro Sánchez, en cualquier caso, reiteró este jueves en Nueva York que no renuncia aún a salvar su proyecto económico: “Si nos fuerzan a presentar Presupuestos con la senda [de déficit] del PP, lo haremos. Habrá Presupuestos”.