Los Presupuestos llevan a un choque inédito entre el Gobierno y el Congreso

Detrás de una pugna en la que unos y otros se escudan en jurisprudencia y reglamentos está la batalla política del Gobierno por aprobar los Presupuestos y del PP y Ciudadanos por impedirlo. El choque llega este lunes a la Mesa del Congreso, donde desde que Pedro Sánchez llegó al poder se vive una situación insólita: por primera vez, la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno no coincide con la que manda en el órgano de gobierno de la Cámara. El choque entre los miembros de la Mesa y, al frente su presidenta, Ana Pastor, es inevitable.

El enfrentamiento en el órgano de gobierno del Congreso que este lunes se producirá no será el primero pero sí el de mayor calado. Esta es la premonición de distintos miembros de la Mesa, donde se prevé que el resultado de la votación sea de cinco frente a cuatro, un reflejo exacto de los dos bloques en conflicto: por un lado, el que conforman Pastor, otros dos miembros del PP y dos de Ciudadanos; por el otro, los dos miembros del PSOE y los dos de Unidos Podemos.

Más información

La dura semana en la que Pedro Sánchez volvió a la realidad

Bronca entre Gobierno y PP por el atajo legal para facilitar el Presupuesto

El Gobierno usa un atajo legal para garantizar la aprobación de los Presupuestos

Los socialistas y sus aliados de Unidos Podemos tratarán de que la discusión se traslade a la Junta de Portavoces de mañana y se evite que la Mesa tome una decisión que, en su opinión, no le compete. Pero no es previsible que Pastor abogue por que el órgano que preside se inhiba de los recursos que su partido ha planteado y presentado este fin de semana.

Competencia de la Mesa

La intención del Grupo Popular es que la Mesa del Congreso anule la decisión del pasado jueves de la Mesa de la Comisión de Justicia —donde tiene mayoría el PSOE con ERC— de admitir la enmienda registrada por el PSOE para eliminar la capacidad de veto del Senado en los Presupuestos aprovechando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinada a mejorar la formación de los jueces en violencia machista.

Con este ardid, el Ejecutivo de Sánchez pretende evitar que se prorroguen las Cuentas que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy y sacar adelante las suyas para incluir 6.000 millones de euros más. Este cambio permitiría al Ejecutivo aumentar la inversión en políticas sociales y, a ser posible, hacerlas visibles antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mayo. Además, con Presupuestos, Sánchez se verá con más fuerza para mantener la legislatura casi hasta el final (año 2020).

Ante el choque que se prevé este lunes, el PSOE y Podemos dudan de que la Mesa del Congreso tenga competencia para anular decisiones tomadas por la de Justicia y van a proponer que se pida un informe a los letrados de la Cámara sobre este asunto. En principio, la mayoría formada por el PP y Ciudadanos rechazará diferir la decisión a los servicios jurídicos y defenderá su competencia para dejar sin efecto la iniciativa de la Comisión de Justicia.

Los dos bloques llevan días cargándose de razones para defender sus posturas. Junto a las competencias de las Mesas está la cuestión de que el Congreso ha admitido decenas de veces enmiendas registradas por el Gobierno (tanto en etapas del PSOE como del PP) para aprobar iniciativas relativamente urgentes aprovechando la reforma de leyes que, en principio, nada tienen que ver con ese asunto.

Pero en las ocasiones en que la triquiñuela ha llegado al Tribunal Constitucional este ha mantenido una doctrina constante: las enmiendas tienen que estar conectadas con la ley que se está tramitando. “La enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa. Ello, trasladado al ámbito legislativo, supone que, a partir de un proyecto de ley, la configuración de lo que pretende ser una nueva norma se realiza a través de su discusión parlamentaria por la Cámara (...)”, sostuvieron los magistrados del Constitucional en una sentencia de 2011 que fijó la doctrina sobre este asunto.

En analizar si en este caso se cumple o no esa premisa centran también PSOE y PP parte de su discusión. Los socialistas defienden que en su enmienda hay una conexión clara. “Si no hay Presupuestos tal como los quiere sacar el Gobierno no estarán los 6.000 millones adicionales proyectados y, por tanto, no se podrá satisfacer, dentro de Justicia, la partida de formación de jueces para la violencia de género”, afirma un miembro del PSOE. Le secundan Podemos y los nacionalistas. Para el PP y Ciudadanos, sin embargo, lo que ha intentado el Ejecutivo es una pirueta que choca con la doctrina del Constitucional.

La tarea de comprobar que las enmiendas están relacionadas con la ley en cuestión corresponde, según el tribunal, a la Mesa del Congreso y a la del Senado. El Constitucional les reconoce “un amplio margen de valoración” para llevar a cabo este control, pero partiendo de esa máxima de que exista una conexión clara y directa con el texto enmendado. Esa sentencia que fijó la posición del tribunal llegó, precisamente, tras un recurso del PSOE, entonces en la oposición, a la decisión de la Mesa del Senado de admitir una enmienda del PP para cambiar el Código Penal aprovechando una reforma legal que no tenía nada que ver. Este lunes las posiciones de ambos partidos han dado la vuelta y es el PSOE el que intenta tramitar su enmienda y el PP, impedirlo.