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PP y Ciudadanos dejan a Sánchez sin vías para aprobar su Presupuesto

El choque institucional se consuma en la Cámara baja al rechazar la Mesa del Congreso la enmienda para anular el veto del Senado al techo de gasto

La discusión jurídica que ayer se vivió en la Mesa del Congreso tuvo como resultado la práctica imposibilidad de que el Gobierno apruebe los Presupuestos del próximo año con 6.000 millones más. PP y Ciudadanos vencieron al PSOE y Podemos, 5 a 4 por lo que se rechazó una enmienda que hubiera permitido cambiar la ley de Estabilidad Presupuestaria de manera que la última palabra no la tenga el Senado, con mayoría absoluta del PP, sino el Congreso donde los socialistas tienen asegurado el triunfo. El Gobierno está casi resignado a presentar los presupuestos con la senda de déficit que aprobó el Ejecutivo de Rajoy.

Ana Pastor (d) y Alicia Sánchez Camacho, entrando a la Mesa del Congreso.

El PP y Ciudadanos han bloqueado este lunes la vía parlamentaria que había buscado el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos de 2019, según han confirmado varios miembros de la Mesa del Congreso tras su larga e intensa reunión. El choque institucional se ha consumado en la Cámara baja al rechazar la Mesa la enmienda número 32 introducida por el PSOE a una ley de violencia machista con la que pretendía anular el veto del Senado al techo de gasto. El órgano de gobierno de la Cámara ha anulado una decisión anterior de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se había aceptado la argucia puesta en marcha por el Gobierno y sus aliados. El PP y Ciudadanos se han negado a pedir un informe técnico a los letrados de la Cámara porque esgrimen que la situación ya estaba suficientemente clara y con diversos precedentes. Esta decisión compromete el cambio en la ley de estabilidad que debiera permitir aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado.

La reunión de la Mesa del Congreso duró casi dos horas y media y, según reconocieron a su salida varios de sus componentes, fue "larga e intensa". Y con una expectación sin precedentes. Al final, tras varias discusiones y el estudio de otros precedentes y de la doctrina del Tribunal Constitucional, se registró la votación en la que la mayoría de ese órgano de gobierno decidió por cinco votos (PP y Ciudadanos) frente a cuatro (PSOE y Podemos) excluir esa enmienda presentada por el PSOE para conseguir el cambio en la ley de estabilidad. Se aceptó así lo que planteaban los recursos de amparo de PP y Ciudadanos.

Socialistas y Podemos ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. Los representantes de ambas formaciones han expresado su voluntad de seguir "batallando para levantar el veto del Senado a tramitar unos Presupuestos expansivos que necesita la ciudadanía", ha señalado a la salida de la reunión Gloria Elizo (Podemos), miembro de la Mesa. Esos Presupuestos requieren previamente el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que su tramitación no acabe en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El Grupo Socialista reclamará este martes, en una nueva reunión de la Mesa, la reconsideración de esta decisión. Además, los socialistas reiteran su empeño "en cumplir la voluntad de la mayoría del pleno del Congreso para tramitar la ley que dará pie a una nueva senda de estabilidad presupuestaria con 6.000 millones de euros de gasto añadido". El PSOE calificó la decisión de la Mesa de "arbitraria, inaúdita e inaceptable".

Al final de la mañana hasta la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que comparecer para explicar lo sucedido, algo que ha calificado de inusual, "ante la relevancia" de la cuestión y lo inédito del debate. Pastor ha justificado su actuación en los principios de "legalidad, concordancia y homogeneidad", al considerar que lo que persigue la enmienda del PSOE ya se está intentando por otra vía reglamentaria.

En su exposición, Pastor se ha mostrado firme y contundente al defender la capacidad y autonomía de la Mesa del Congreso para tomar esa decisión "con objetividad y conforme a la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho". Y con ese mismo tono ha avisado al PSOE y a otros partidos por si se plantean otro tipo de actuaciones: "Puedo recibir amenazas, pero a mí no me moverán en el cumplimiento de la legalidad y de mis obligaciones". Pastor ha reconocido que la actuación de la Mesa, al dividirse en dos bloques, no es usual, pero ha subrayado que tampoco es absolutamente inédita: "No es excepcional, ha ocurrido más veces".

La tensión ha sido evidente durante la reunión de un órgano donde, en teoría, se producen pocos debates políticos. La de este lunes ha durado mucho más de lo habitual. Ese debate no terminará aquí sino que la tensión se trasladará este martes a la Junta de Portavoces, un órgano mucho más político donde, a diferencia de lo que ocurre en la Mesa, el PSOE tiene mayoría con Unidos Podemos y los grupos nacionalistas. Los socialistas están sopesando ahora plantear en la Junta de Portavoces que se tramite el cambio de la ley de estabilidad por lectura única, un procedimiento mucho más rápido.

El representante de Ciudadanos en la Mesa, Ignacio Prendes, ha justificado la exclusión de la enmienda como una decisión ajustada a la legalidad, a la doctrina del Tribunal Constitucional. "No podíamos mirar para otro lado", ha dicho. Y ha censurado el intento socialista de introducir una enmienda presupuestaria general a través de un cambio en una ley para dotar de más recursos a la judicatura para las políticas de género y dentro de la Comisión de Justicia del Congreso. Prendes ha explicado que, según su criterio, PP y Ciudadanos no pretenden impedir el cambio de leyes en el Congreso con enmiendas, siempre que esté "dentro de la legalidad y atendiendo a los derechos de todos los diputados y también de las minorías".

El PSOE ha reclamado, durante la discusión en la Mesa, que Pastor —a la que ha puesto en el punto de mira de esta estrategia conjunta de bloqueo del PP y Ciudadanos— pidiera un informe técnico a los letrados de la Cámara para sustentar su decisión. La presidenta del Congreso, con el apoyo de su partido (PP) y de la formación de Albert Rivera, lo ha rechazado argumentando que dicho informe no era necesario porque ya se habían barajado "suficientes antecedentes y doctrinas del Tribunal Constitucional" y no le parecía oportuno alargar más esta situación que ha llevado a un enfrentamiento casi institucional e inédito entre el Gobierno y la Presidencia del Congreso.

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