Gobierno y Generalitat pactan una inyección de 1.400 millones en cuatro años

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha admitido que este acuerdo es “un paso adelante relevante” entre el Ejecutivo central y el autónomo, pero rechazó que se ligue a cualquier negociación sobre su irrenunciable demanda del derecho a la autodeterminación o sobre la situación de los políticos catalanes presos por presunta rebelión y malversación de fondos. Aragonès, a pesar de alcanzar el primer pacto entre el Ejecutivo y la Generalitat en siete años, marcó distancias: “Queremos dejar claro que llegar a los acuerdos comentados son pasos adelante, pero tenemos experiencias anteriores de incumplimientos por lo que estaremos muy expectantes hasta confirmar que todo lo constatado hoy se cumple”, advirtió.

El encuentro se produjo en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que no se reunía desde el 17 de noviembre de 2010 y que ha sido relanzada ahora tras la comisión bilateral entre ambas Administraciones que se retomó el pasado 1 de agosto al máximo nivel. Aragonès detalló que, según el compromiso alcanzado, el Ministerio de Hacienda pagará a la Generalitat 759 millones para inversiones e infraestructuras correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía del año 2006. Además, aportará otros 700 millones para financiar a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana.

En el Ministerio de Hacienda ratifican esas cifras pero apuntan que este acuerdo no reconoce tanto una deuda histórica como la necesidad de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 2017 relativa a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el desarrollo y concreción del acuerdo adoptado por la Comisión bilateral Estado–Generalitat el 19 de julio de 2011. En esa ocasión, se cifró en 759 millones el déficit inversor en infraestructuras en Cataluña correspondiente a 2008. Es ahora en cumplimiento de la sentencia cuando las dos Administraciones acuerdan la compensación de dicha cantidad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

Parte de ese dinero llegará en el corto plazo a las arcas de la Generalitat. El Ministerio de Hacienda se compromete a incluir ya 200 millones en inversiones en los Presupuestos del Estado de 2019, e idéntica cantidad en los próximos cuatro ejercicios. Las cuentas de 2019 también incluirán una partida de 150 millones de euros destinada a financiar a los Mossos.

El Gobierno, además, autorizará a la Generalitat a refinanciar su deuda a corto plazo, convirtiéndola en deuda a largo plazo por importe de 2.773 millones de euros. El vicepresidente catalán aplaudió esa medida: le permitirá incluir esa partida dentro de las cantidades a amortizar dentro de los programas del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), creados en lo más profundo de la crisis para aliviar la situación de las comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda precisaron que esa posibilidad de refinanciar la deuda estructural a corto plazo se adoptó en la Comisión Delgada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado mes de julio, cuando se acordó mejorar la situación financiera del conjunto de las comunidades autónomas. Con esta medida, además, se sanea la totalidad de la deuda a corto plazo de carácter estructural que la Generalitat mantenía en su cartera.

El vicepresidente catalán subrayó varias veces, en su comparecencia ante la prensa tras la reunión de la comisión, que estos acuerdos “no sustituyen” la reclamación de “cuestiones de fondo” de la Generalitat, como la celebración de un referéndum de autodeterminación o la demanda de libertad de los políticos catalanes presos. “Son dos vías que avanzan en paralelo pero una no sustituye a la otra”, reafirmó. Pero más allá de la política de gestos que ha protagonizado el denominado deshielo entre el Gobierno y Cataluña, se trata de la primera medida que incluye dinero contante y sonante.

Consejo de Política Fiscal

Hacienda, por su parte, concluyó que gracias a esta cita ambas partes “han acercado posturas, aunque quedan pendientes de concreción posterior las actuaciones necesarias” para materializar los acuerdos. Aragonés reconoció ese avance pero descartó que eso signifique que Cataluña esté dispuesta a regresar al Consejo de Política Fiscal y Financiera con las demás autonomías. La Generalitat se ha distanciado de ese foro multilateral en los últimos meses. Pero esas reuniones son cruciales: en ese consejo se negociará el futuro sistema de financiación aunque no parece que se pueda plasmar en lo que queda de legislatura.

En la reunión mixta de este martes la representación estatal ha estado encabezada por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la de la Generalitat de Cataluña por el vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès. Por la parte del Gobierno central también han asistido la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; y el secretario general de Financiación Autonómica y Local, Diego Martínez López.

El vicepresidente catalán Aragonés y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apenas tuvieron ocasión de saludarse en un pasillo del ministerio porque la titular de ese departamento tuvo que pasar gran parte de la tarde en la sesión de control al Gobierno del Senado. Pero fuentes oficiales de la Generalitat avanzaron que hablarán de forma inmediata en los próximos días con la misma frecuencia que lo han hecho ya en los últimos para llegar a este acuerdo.