Andalucía y Valencia piden aumentar en 16.000 millones la financiación autonómica para desbloquearla
El consejero de Hacienda andaluz, dispuesto a la restructuración de la deuda catalana y valenciana en un acuerdo global
Los consejeros de Hacienda de Andalucía y la Comunidad Valenciana, los socialistas Antonio Ramírez de Arellano y Vicent Soler respectivamente, han reclamado este miércoles un aumento de 16.000 millones de los fondos que reciben las comunidades como fórmula para desbloquear la reforma de la financiación autonómica, que ambos territorios consideran urgente.
El consejero andaluz se ha mostrado dispuesto a aplicar algún tipo de condonación o restructuración de la deuda generada por la infrafinanciación, como exige Valencia y se ha planteado también para Cataluña, si es dentro de un acuerdo global que atienda también los problemas que presentan otras autonomías.
En el encuentro celebrado en el Palau de la Generalitat valenciana, los consejeros se han reafirmado en el documento acordado hace un año por sus presidentes, el valenciano Ximo Puig y la andaluza Susana Díaz. En él se hace hincapié en que los recursos asignados a las comunidades son insuficientes y se aboga por revisar cómo se reparte el pastel de los ingresos públicos en España entre el Gobierno central y las autonomías.
Soler y Ramírez de Arellano han resaltado que las comunidades prestan tres de los cuatro servicios básicos del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. El cuarto, la Seguridad Social, está en manos del Ejecutivo. Aumentar los fondos en 16.000 millones permitiría mejorar la posición de las autonomías peor financiadas con el actual modelo sin que las que están mejor se vieran perjudicadas, han argumentado.
La Comunidad Valenciana, la peor parada con el actual modelo de financiación, pendiente de revisión desde 2014, y la más endeudada en relación con su PIB, quiere, además, una compensación de la parte de esa deuda provocada por la infrafinanciación. El consejero andaluz se ha mostrado dispuesto a buscar un modo de restructurar la deuda, siempre que no se haga de forma bilateral, sino en el marco de un acuerdo que atienda los problemas que presenta cada autonomía. En el caso de Andalucía, el más acuciante es la eliminación de la actual regla de gasto, que impide a la Junta elevarlo.
La Generalitat valenciana calcula que hay siete comunidades partidarias de algún tipo de compensación —se evita la palabra quita— por la infrafinanciación, a la vista de las posiciones expuestas este año en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación. Se trata de Murcia, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, y Canarias, además de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aragón y Cantabria han sugerido estar dispuestas a ello, con matices, según fuentes de la Generalitat valenciana.
Frente cojo sin Cataluña
La reunión de los consejeros de Andalucía y la Comunidad Valenciana reactiva un eje por la reforma de la financiación pocos días después de la cumbre celebrada en Zaragoza por los presidentes de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Estas comunidades también reclaman una reforma del sistema de financiación, y hacen hincapié en aspectos como la dispersión y el envejecimiento de la población para el reparto de los fondos.
Andalucía y Comunidad Valenciana no han planteado su reunión como un frente territorial alternativo. Pero como el resto de comunidades mediterráneas defienden que el criterio básico para distribuir los recursos debe ser la población, aunque modulada por otros elementos. El grupo mediterráneo ha estado cojo en los últimos años por la ausencia de Cataluña, que ha renunciado a participar en los foros donde se negocia la financiación. Una situación que, sin embargo, parece a punto de cambiar.
Ramírez de Arellano y Soler han apoyado, por otra parte, el atajo legal utilizado por el Gobierno para desbloquear los Presupuestos de 2019. Y han reclamado "responsabilidad", sobre todo al PP, para no frenar la nueva senda del déficit, que permitirá a las autonomías elevar su límite el próximo año del 0,1% al 0,3% del PIB.
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