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El Gobierno negociará con las comunidades el reparto de menores inmigrantes

Mientras que media docena soportan todo el peso de los 7.000 menores el resto se desentiende del problema

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Un grupo de menores salta la valla del centro de acogida de La Línea (Cádiz). EL PAÍS

Llegan en pateras, en el maletero de un coche o en los bajos de un camión. En muchas ocasiones sus padres ni siquiera saben dónde están, mucho menos que han llegado a Europa. Están solos y su tutela pone en jaque la red de acogida de varias comunidades autónomas. Son ya más de 7.000, el 70% marroquíes. Andalucía, Cataluña y Ceuta y Melilla tutelan a más del 67% de estos menores que se han convertido en una prioridad para el Gobierno. La llegada es incesante: ayer fueron 12 menores en dos pateras. Mañana el Gobierno se reunirá con las comunidades para afrontar el principal problema: lograr un reparto más equitativo.

Los menores extranjeros que desembarcan irregularmente en España se han convertido en una de las prioridades de la política migratoria que aún está perfilando el Gobierno. Preocupan por su vulnerabilidad, pero también porque el modelo actual de atención, distribución y protección de los más pequeños hace agua. Entre 50 y un centenar duermen en las calles de Melilla; en Andalucía, cuando llega la hora de dormir en los centros de acogida, se plantan colchones hasta en el comedor y en Cataluña han llegado a pasar la noche al raso a la espera de que se les asigne destino.

Además, el reparto es muy desigual. Las comunidades citadas se responsabilizan del grueso de estos menores (Andalucía tiene tutelados 2.597 y Cataluña 1.012), mientras que hay otras, como La Rioja, Extremadura o Castilla y León que apenas sienten el problema.

Los números han batido récords. En apenas dos años los menores tutelados por las Administraciones autonómicas han pasado de 3.997 en 2016 a 7.145, a 30 de junio de este año, antes de que se intensificaran las llegadas a las costas españolas durante el mes de julio.

Cerca del 70% provienen de Marruecos, pero en el último año la cantidad de jóvenes originarios de países como Costa de Marfil o Guinea ha aumentado más de un 160%, de acuerdo con Save the Children. Son jóvenes que pasan meses intentando alcanzar Europa y las secuelas de sus viajes hacen además más compleja su atención. Abdul (nombre ficticio) salió hace año y medio de Guinea y, tras ser rescatado por el buque Aquarius en junio, vive en un centro de menores de Alicante. “He estado en tres prisiones en Libia. Vivía a base de pan y agua salada, aunque los viernes nos daban macarrones que nos hacían sentirnos mal el resto del día”, cuenta el adolescente de 16 años con los puños apretados. Abdul, huérfano de madre desde los 12 años, se recuerda siempre triste. “También ahora”, mantiene.

Para definir las directrices en esta materia, el Gobierno ha convocado el lunes la Conferencia Sectorial de Inmigración, que no se reunía desde 2015. Al encuentro, de carácter consultivo, deben acudir representantes de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla. La invitación es escueta y con un único y genérico punto del día: “Situación migratoria en España y líneas de actuación en materia de política de inmigración”. La prioridad, sin embargo, es el reparto más ecuánime de los menores no acompañados, cuya tutela desborda a algunas comunidades, especialmente a Andalucía que asume el cuidado del 36% de los menores extranjeros de toda España, según datos del Ministerio del Interior. La siguen Cataluña (1.012), Melilla (933), País Vasco (713), la Comunidad Valenciana (464), Madrid (450) y Ceuta (265). En el otro extremo, La Rioja, que solo acoge a uno de estos menores, o Extremadura (siete). Estas cifras, sin embargo, son de una fiabilidad relativa, según expresan en el Gobierno que no cree que el registro sea riguroso. Este depende del Ministerio del Interior que, a su vez, se nutre de lo que le dicen las comunidades.

“No hay saturación”

El cuidado de estos menores es competencia exclusiva de las comunidades, como mañana recordará la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, que presidirá la reunión. En el encuentro hará un planteamiento integral de la actual presión migratoria, escuchará a las comunidades e informará de la reunión monográfica sobre menores a la que convocará para el 5 de septiembre la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón, según señalan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

El sistema de acogida, como denuncian con asiduidad organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo, no garantiza que los jóvenes se integren social y laboralmente al cumplir los 18 años. La impresión que tiene el Gobierno de cómo se aborda el problema es negativa y por eso va a proponer cambios, aunque puede chocar con las comunidades. De entrada, el Gobierno considera que “no hay saturación” sino desbordamiento en momentos concretos, es decir, picos que se producen cuando de golpe llegan 100 personas.

La titular de Sanidad tiene una información bastante ajustada de cuál es la realidad tras un primer contacto a principios de julio con todas las comunidades. El pasado 26 de julio tuvo otra reunión con los consejeros en la que les recordó su obligación de atender a los menores. En esos contactos la ministra escuchó las dificultades de las comunidades, especialmente con los adolescentes, pero Montón defendió que no hay excusa para no atenderlos.

Nuevas plazas

Una demanda inexorable de la ministra de Bienestar Social será un control más riguroso del número de menores, ya que muchos de ellos se escapan, sobre todo los mayores de 16 años, porque quieren trabajar, señala el Ejecutivo. La disfunción del registro es uno de los puntos del capítulo que el Defensor del Pueblo dedica al problema en su último informe, pero también lo es que no se les permita trabajar como a otros extranjeros y nacionales que pueden incorporarse al mercado laboral con 16 años. La institución expone su oposición al parecer de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que entiende que no procede que las tarjetas de residencia de los menores extranjeros no acompañados reflejen que están autorizados a trabajar.

Otro cambio que quiere proponer el Gobierno es la modificación de la fórmula para conocer la edad de los menores, un procedimiento médico criticado por especialistas y hasta por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por su amplio margen de error. “Hay que humanizar más ese examen y no solo fiarnos de la radiografía de la muñeca”, señalan en el Ejecutivo.

Las comunidades tienen también mucho que decir al Gobierno. La concentración de este colectivo en Andalucía ha provocado en varias ocasiones situaciones de colapso, con menores durmiendo en colchones encajados en el suelo como un rompecabezas ante la falta de camas. En lo que va de año se han tenido que crear 700 plazas extraordinarias en las provincias de Almería, Cádiz y Granada, según la Junta.

Fue precisamente la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien instó a Sánchez a convocar “cuanto antes” la conferencia para repartir responsabilidades ante el flujo migratorio, una colaboración que debería ir “más allá de la solidaridad”. “Andalucía va a la cabeza de todos los problemas aunque reconoce la labor del Gobierno de Pedro Sánchez en solo un mes”, señalan fuentes de la Junta. El Gobierno es consciente de la presión que tienen Andalucía y algunas otras comunidades y las ayudas están en marcha, además de una nueva planificación, pero proclama que el sistema asistencial español puede absorber la crisis de este verano.

En Cataluña, el año pasado, los jóvenes indocumentados llegaron a pasar tres días durmiendo en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, adonde se les envía para realizarles las pruebas para determinar su edad antes de obtener plaza en un centro de acogida. Tras la creación de 800 nuevas plazas en dos meses y otras 458 que deben abrirse en breve la escena de jóvenes durmiendo al raso ha dejado de ser común en los noticiarios, pero la Generalitat quiere más recursos y “transparencia” sobre las llegadas de estos menores para poder “planificar” mejor su acogida.

La Comunidad Valenciana, que tuvo que abrir plazas de emergencia para atender, entre otros, a los 77 menores no acompañados del Aquarius en junio, incidirá en que el Gobierno debe coordinar la distribución territorial de los menores y dotarla de financiación. “Si va a haber una distribución solidaria tendrá que ir acompañada de recursos”, advierte la Generalitat.

Fuentes ceutíes alertan de que la problemática derivada de la atención a los menores es “crucial” para la ciudad. El Gobierno local reivindica una política común para todo el territorio, “de manera que las cargas y la servidumbre del fenómeno se repartan equitativamente” y no en función de la situación geográfica de las regiones que ejercen de frontera de Europa.

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