Menores inmigrantes, de la patera al ‘camping’

Hay quien codicia las costas de Tarifa como paradisiaco destino vacacional y quien las anhela, desde el otro lado del Estrecho, como su necesaria vía de escape. Ambas realidades contrapuestas, la turística y la migratoria, coexisten cada verano y generan situaciones tan paradójicas como la que ahora se vive en la playa de Valdevaqueros. Desde el pasado fin de semana del 18 y 19 de agosto, parte de un campin turístico de la zona se ha convertido en alojamiento temporal de más de 60 menores inmigrantes, ante el colapso que sufren los centros para niños que gestiona la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Una medida que se mantendrá activa hasta que se habiliten plazas en otros recursos andaluces y que sindicatos y ONG califican como “un parche inapropiado” para la atención de estos adolescentes.

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En tan solo 16 horas del pasado 17 de agosto, llegaron a las costas tarifeñas hasta 439 personas en pateras, 39 de ellos menores. Entre este último fin de semana y la madrugada de hoy lunes, otros 74 migrantes han arribado a Cádiz. Como efecto colateral, las cifras han servido para convertir en emergencia la, ya de por sí, sobrecargada situación de los centros para menores de la Junta en Cádiz. Tras llegar en pateras, motos de agua o como polizones; los jóvenes (mayoritariamente magrebíes de entre los 15 y los 17 años) son acogidos en estas instalaciones públicas cada vez más masificadas. Aulas convertidas en improvisadas habitaciones, colchones dispuestos en el suelo y personal insuficiente son solo algunas de las deficiencias que arrastran los centros con el incremento migratorio que experimentan las costas andaluzas desde hace meses. Ahora, este hacinamiento denunciado por los sindicatos, ha obligado a la Administración andaluza a dar un paso más y habilitar un área de atención de emergencia en una zona del campin Jardín Las Dunas.

La primera treintena de jóvenes inmigrantes llegó el pasado 18 de agosto. En días posteriores, han llegado a rebasar los 60, según reconoce el trabajador de un centro de menores de la zona que prefiere preservar su anonimato. Todos ellos han sido alojados en cuatro tiendas de campaña de emergencias, equipadas con literas y ubicadas en unos terrenos anexos, cercanos a la carretera de acceso a Valdevaqueros y que se suelen emplear como aparcamiento del campin. A eso se suman hasta cuatro caracolas o contenedores de obra, trasladados hasta la zona para dar alojamiento y manutención a los adolescentes.

Son los recursos dispuestos por la Fundación SAMU, entidad a la que la Junta ha encargado la custodia de los jóvenes para darles “las mismas prestaciones que en un centro”, tal como aseguran desde la propia Administración. De hecho, los jóvenes suelen recibir clases de castellano en un porche del restaurante que el campin ha reservado para ellos. “Nos lo solicitaron y como los dueños son tan altruistas, accedieron a ello por un precio prácticamente simbólico”, explica Kiko Cárdenas, trabajador del campin.

En pleno agosto, las parcelas de Las Dunas lucen repletas de turistas nacionales y extranjeros, sin embargo, todos han reparado en la presencia de los menores. Pepe Pérez, malagueño alojado en un bungaló, reconoce haberles visto “ir y venir en la playa, acompañados de sus cuidadores”. “Son jóvenes, pero apenas se les nota. Desde el campin le hemos ofrecido lo que necesiten, pero la fundación tiene de todo. De todas formas, desde que se ha sabido que están aquí, no paran de llamarnos tarifeños para ofrecer ropa o comida. En Tarifa somos solidarios, ya estamos acostumbrados a la inmigración”, añade Cárdenas.

“Además de alojamiento y manutención desarrollan actividades programadas y supervisadas por sus monitores, tales como playa, deportes y aprendizaje de castellano”, aclaran desde la Delegación Provincial de Igualdad en Cádiz. Desde la Junta han eludido aportar más detalles de su estancia o el número de menores inmigrantes que están atendiendo ahora en la provincia y el resto de Andalucía. Tampoco desde la Fundación SAMU han querido concretar algo sobre las condiciones del campamento. Y no a todos agrada ni la medida escogida ni el silencio en torno a ella.

“Me parece dramático el oscurantismo que impide saber cómo están y que se haya escogido un campin para atenderles, por mucha emergencia que sea”, reconoce Michel Bustillo, de la ONG Voluntarios por un Mundo Mejor. José Porras Naranjo, secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, lleva “más de dos meses denunciando la situación de los centros de menores del Campo de Gibraltar, saturados y donde se llega a triplicar el número de adolescentes que pueden acoger”. Cree que la solución temporal del campin “es un parche, más de lo mismo, en la gestión que se está haciendo de este problema”. “Culpamos a la Junta y al Estado, que son los que tienen que velar por estos jóvenes. Así es imposible que puedan desarrollar cualquier programa y que los trabajadores puedan hacerse cargo de ellos”, añade el sindicalista.

La medida de este campamento temporal se tomó después de que el pasado 1 de agosto la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ampliara 100 plazas residenciales en Cádiz, Almería y Granada, por medio de habilitaciones de pisos y viviendas gestionados por empresas y fundaciones externas. Quería así dar respuesta a los 2.000 menores que habían atendido solo en lo que iba de año (hasta mediados de julio), un 60% más, si se compara la cifra con 2015. El refuerzo, con una inversión de 1,4 millones de euros, debía resistir hasta marzo de 2018. Sin embargo, se ha quedado obsoleta en menos de 16 días.

La Junta aclara que la instalación de Valdevaqueros es solo “una solución extraordinaria y de emergencia y, por tanto, coyuntural”, fruto de esta situación masificada. “Estos menores serán derivados a centros, una vez habilitadas las plazas necesarias”, puntualizan las mismas fuentes oficiales. Para hoy, la administración tiene previsto que estén operativas 30 plazas en centros andaluces y “en próximos días se continuarán ampliando”. Sin embargo, de momento no hay fecha confirmada para el desmantelamiento del campamento. Para Bustillo esta solución demuestra “la falta de objetivo que tiene la Junta con los menores”. “¿Qué es lo que quieren hacer con ellos a largo plazo? Solo se plantean soluciones de emergencia”, denuncia el activista.

No es el único que opina así, José Carlos Cabrera, mediador del centro de El Cobre de Algeciras, cree que los países europeos “solo aplican políticas de almacenamiento, como estas, hasta que los menores desaparecen del sistema”. De hecho, el mediador intercultural recuerda que “las ONG internacionales estiman que son unos 10.000 los niños que se conoce que entraron en Europa, pero que ya nadie sabe dónde están”. Bustillo refrenda que esta forma de tratar a los adolescentes inmigrantes “solo genera frustración y violencia que hace daño a todos”. “Cuando no ven cumplidas sus expectativas de lo que venían buscando, se fugan y eso es lo que debería preocuparnos. Cuando se marchan están en la clandestinidad, a merced de las mafias y de las trampas que les puedan tender. Son chicos que han pasado mucho y pueden caer", zanja el activista.