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Ocho autonomías ofrecen plazas para acoger a un mínimo de 5.000 asilados

Las comunidades instan al Gobierno a actuar en la crisis de refugiados

La conferencia sectorial de Inmigración
La conferencia sectorial de Inmigración, que ha presidido este martes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para abordar la acogida de refugiados. EFE

Ocho comunidades se han ofrecido al Gobierno para acoger a casi 5.000 refugiados, sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo. La cifra, que se multiplicará cuando se sumen a la iniciativa el resto de autonomías, la Iglesia y las ONG, queda muy lejos de los 500.000 demandantes de asilo anuales que está dispuesta a asumir Alemania. El silencio del Ejecutivo, que debería organizar la acogida de 15.000 personas, según el plan de la Comisión Europea, ha provocado la protesta formal de varios consejeros autonómicos, que han criticado la falta de coordinación y han reclamado que el Gobierno tome la iniciativa.

Mientras ocho autonomías —Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y Cantabria— han ofrecido un total de 5.000 plazas para refugiados, un conjunto de seis —Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña, ninguna gobernada por el PP— han coincidido en lamentar la "falta de concreción" en las medidas propuestas por el Gobierno tras una reunión celebrada este martes con Fátima Báñez, ministra de Empleo.

El Ejecutivo, dividido internamente sobre cómo afrontar la crisis humanitaria y la llegada a España de 15.000 demandantes de asilo, trata de fijar su posición antes de la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, que tendrá lugar el lunes en Bruselas. Hasta entonces, según ha explicado la ministra Báñez a sus interlocutores autonómicos, el Gobierno de Mariano Rajoy no hará pública la cifra de refugiados que acogerá España ni su distribución entre las distintas comunidades. El lento ritmo de toma de decisiones ha provocado duras críticas.

Preguntas de las Autonomías sin respuesta del Ejecutivo

Los consejeros que han acudido este martes a Madrid han dejado la reunión, según han contado varios de ellos, con las mismas preguntas con las que habían llegado.

Más allá del número total de refugiados que llegarán a España, de su distribución y del presupuesto con el que contará cada Comunidad para atenderlos —datos que aún no ha proporcionado el Ejecutivo—, han quedado muchas otras cuestiones sin responder.

Los representantes autonómicos se han marchado sin saber la tipología de demandantes de asilo —si el perfil responde al de familias con niños, hombres solteros, adolescentes...—; si llegarán en oleadas o a la vez; si se distribuirán por comunidades en función de la población; si se está organizando una red de traductores o un plan para escolarizar a los menores; y si hay mecanismos activados para crear una bolsa de trabajo que asegure el futuro de las familias que se instalen en España.

El número de refugiados, han recordado personas presentes en la reunión, no definirá solamente la cantidad de habitaciones que habrá que habilitar. Obligará, también, a coordinar recursos alimentarios, de abrigo y asistencia proporcionales.

"Me he quedado estupefacta. No ha puesto nada sobre la mesa”, ha lamentado Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, donde Compromís gobierna con el PSOE. "Algún consejero le ha pedido [a la ministra] que diga al menos una cifra aproximada [de demandantes de asilo], o al menos los criterios de distribución, por población, por ejemplo. Pero ni eso", ha añadido la política valenciana. "Esta reunión era absolutamente prescindible. Se ha hecho para que parezca que hacemos algo”.

La de Oltra no ha sido una voz aislada, ni ha representado una crítica excepcional. Los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE y otras formaciones de oposición en el Congreso han convertido el contenido de la cita en una crítica al Gobierno del Partido Popular. En consecuencia, varios de esos representantes calificaron de "decepcionante" la primera reunión organizada por el Ejecutivo de Rajoy para coordinarse con las Comunidades.

"Más allá de insistir en que el pueblo español es muy solidario, Báñez no nos ha comunicado que ni siquiera exista un plan de coordinación. No se nos ha dado ninguna información", ha reprochado a la salida del encuentro el socialista Emilio de Llera, consejero de Interior de Andalucía, que ha pedido, sin lograrlos, detalles sobre cómo se estructurará la llegada de los emigrantes, y si estos, por ejemplo, llegarán distribuidos en oleadas o todos al mismo tiempo. De Llera, además, ha afirmado que aún no se han inventariado el número de plazas disponibles en Andalucía, recalcando que su comunidad asumirá la cifra que se le asigne e, incluso, que será "flexible" para incrementarla si así se le requiere. Una muestra de que el ritmo de las autoridades autonómicas es distinto al de las gubernamentales, y de que la oferta de 5.000 plazas se multiplicará exponencialmente.

"No creemos que se esté reaccionando a tiempo. Es cierto que lo importante es hablar de personas, pero también debemos hablar de números. Reclamamos saber con mayor exactitud de qué recursos disponemos", ha opinado Neus Munté, consejera de Bienestar Social de Cataluña. "Tenemos un plan de urgencia; habíamos venido con la idea de que podíamos llevarlo a cabo, pero nos vamos con la sensación de que ha faltado concreción", ha añadido Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón.

Inventario de recursos

"Hemos puesto de manifiesto que vamos a acoger a todos los refugiados que nos correspondan. Pero, hasta que no conozcamos cuáles son los perfiles de esas personas que van a venir, no podemos concretar nada", ha argumentado la ministra Báñez, que ha pedido a las autonomías que elaboren un inventario de recursos. "En función de este documento, se van a distribuir a los asilados por regiones según los perfiles de cada refugiado", ha apuntado Pilar del Olmo, consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular.

Me he quedado estupefacta. El Gobierno no ha puesto nada sobre la mesa

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana

Mientras las instituciones públicas ponen en marcha sus recursos, las privadas ya preparan la llegada de los refugiados. Los recursos de las redes de ayuda españolas se han visto sometidos a fuertes tensiones por los años de la crisis. Eso, sin embargo, no ha impedido que tanto los representantes de la Iglesia como los de las organizaciones no gubernamentales se hayan activado inmediatamente para ofrecer sus instalaciones a los necesitados.

"Aunque no tenemos un censo interno de nuestra capacidad de acogida, se está produciendo un aluvión de parroquias y diócesis ofreciéndose", ha explicado un portavoz de Cáritas sobre el llamamiento del Papa Francisco, que ha instado a acoger a los asilados. "Tenemos la capacidad", ha subrayado. "Falta que se articulen y coordinen las medidas desde el Gobierno, y hacer un protocolo de acogida común a toda la Unión Europea que tenga en cuenta las necesidades habitacionales, alimentarias o de escolarización".

Cuotas y recursos

  • Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario propondrá hoy distribuir entre los 28 Estados miembros a 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia. A España le solicitará previsiblemente que acepte a 14.931 demandantes de asilo, el 12,4% del total, más del triple de lo que le pidió en mayo. La cifra sería la tercera más alta de la UE, por detrás de Alemania (31.443 refugiados, 26,2%) y de Francia (24.031, el 20%).
  • Comunidades Autónomas.  Ocho comunidades han manifestado su disponibilidad para acoger a casi 5.000 refugiados: Canarias (ofrece 600 plazas), Comunidad Valenciana (400), Cataluña (2.000), Extremadura (350), Galicia (300), Madrid (680), Navarra (350) y Cantabria (200). Además, la Diputación de Gipuzkoa pondrá a disposición del Gobierno vasco “al menos” 181 plazas: 140 públicas y 41 particulares. En total son 5.061 plazas.
  • Ayuntamientos. Más de 80 Consistorios han anunciado que están dispuestos a recibir a refugiados, aunque aún no han concretado las plazas disponibles. La mayoría de los regidores son socialistas —por ejemplo los de Córdoba, Huelva, Palma de Mallorca, Valladolid oToledo— o elegidos en candidaturas de unidad popular —como los de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza o A Coruña— o de otros grupos de izquierda, como Compromís (Valencia). Otro grupo, principalmente del PP, ha ofrecido colaborar, pero únicamente bajo la coordinación del Gobierno central.

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