El colapso de los menores inmigrantes

En el pueblecito costero de Moulay Bousselham, ubicado en la provincia marroquí de Kenitra y con algo más de 15.000 habitantes, apenas quedan adolescentes. "La mayoría se marchó a Europa a buscar una vida mejor", según asegura Munin Barka, un joven de 18 años de la zona. Fue lo que él mismo hizo cuando, siendo aún menor, en septiembre de 2016, se lanzó al Estrecho en una lancha de juguete. "Por mucho que estudies allí, no sirve de nada. Y yo quería ser alguien", apostilla sentado en el salón del piso de acogida que la ONG Voluntarios por un mundo mejor tiene en Jerez. Como Munin, muchos menores extranjeros no acompañados, conocidos en el argot administrativo como MENA, han emprendido un éxodo migratorio que ya ha comenzado a sobrecargar los servicios sociales del sur de España.

La sangría es imparable, satura los centros de menores de Andalucía y se agrava por semanas. De los 3.374 menores extranjeros no acompañados contabilizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a finales de junio, 1.173 permanecían en Andalucía. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aporta una cifra más actualizada: a 14 de julio, los menores extranjeros atendidos en lo que va de año ya rozan los 2.000. Suponen "un 60% más que en el mismo periodo de 2015", como reconoce en un informe. En apenas una semana, el conteo vuelve a quedarse obsoleto. Llegan dos pateras más por el Estrecho, una con 28 menores. Ellos también serán atendidos por un sistema en centros andaluces de primera acogida que, ante la inusitada demanda, ya se ha tenido que reforzar con planes especiales de emergencia.

"Nuestro problema es que somos la puerta de entrada en Europa", reconoce Alicia Núñez, jefa de servicio de Centros de la Dirección General de la Consejería. Y no le falta razón. En lo que va de año, la llegada de inmigrantes se ha duplicado en España, con casi 11.000 personas. A su vez, son las provincias andaluzas de Cádiz, Granada y Almería, con mayor presión migratoria por mar, las que lideran la estadística de menores extranjeros que llegan tanto en pateras como de polizones en los puertos de Algeciras o Motril. Tan solo en Cádiz se han atendido a 423, según el informe del Ministerio. Eso ha llevado a que centros, como el de Jerez, hayan tenido que acoger hasta a 38 jóvenes, cuando tiene capacidad para 18 o en La Línea hayan hecho lo propio con 57, cuando solo hay capacidad para 24.

La situación ha provocado airadas quejas de sindicatos y ONGs que hablan de una realidad "insostenible". La reacción de la Junta ha sido ampliar 100 plazas, por medio de planes de emergencia, en las provincias con más llegadas. Hasta 1,4 millones de euros tiene previsto invertir la administración en habilitar temporalmente edificios "que funcionan como un centro de acogida inmediata, con condiciones absolutamente dignas", como explica Núñez. "Estamos más saturados, sí. Ha habido una llegada más masiva, pero la experiencia de 2007 —cuando hubo otro repunte migratorio en el Estrecho— nos ha servido para articular dispositivos que desahogan la situación", añade la responsable de los centros andaluces.

Tanto la Ley del Menor como un protocolo nacional establecen el intrincado proceso en el que intervienen hasta cinco ministerios (Interior, Justicia, Empleo, Sanidad, y Exteriores), la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas para garantizar la tutela y derechos al menor extranjero desamparado. La mayor parte de los adolescentes son jóvenes varones de los 15 a los 17 años, procedentes de Marruecos, Argelia o Costa de Marfil. Muchos pagan a las mafias, con la colaboración de sus familias y hasta de vecinos del pueblo, "entre 1.500 y 3.000 euros" por llegar en pateras atestadas, reconoce Cabrera.

Vienen sin documentación y con edades límites a la mayoría de edad. "Cuando llegan solo saben dos palabras: papeles y trabajo", reconoce Núñez. Para lo primero, la funcionaria estima que se tarda "de cuatro a cinco meses". Lo segundo es más complejo, ya que los primeros permisos (que llegan hasta un año después de cumplir los 18) no les autorizan para trabajar.

Una buena parte de los jóvenes se marchan de los centros antes de conseguir la ansiada documentación, bien porque se escapan en busca del destino europeo que venían buscando o porque tienen que irse al cumplir los 18, como le ocurrió a Munin Barka.

Negligencia

"Ahora es cuando se aprecia que esto no está controlado. Hay negligencias por parte de todos, de Marruecos, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía", a juicio del experto en menores de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Amín Soussi. Cabrera es aún más duro: "Venimos arrastrando problemas desde hace 17 años y no hemos hecho nada. La ley está diseñada para menores de finales del siglo XX y no para la volatilidad del movimiento migratorio actual". El mediador no oculta su frustración al ver que las "soluciones que da ahora el sistema ya no sirven". "Nosotros mismos los empujamos a la calle", sentencia.

Eso es justo lo que intenta evitar Michel Bustillo, responsable de Voluntarios por un mundo mejor. Su entidad actúa cuando la administración desaparece, ayudándoles en su formación, los permisos de residencia o trabajo. Con Munin lo han conseguido, tras estudiar un curso de cocina, está a punto de empezar a trabajar en un chiringuito de Chipiona.

Bustillo sabe que para cuando esa posible solución llegue, si es que lo hace, será tarde para los menores que ahora ya conviven hacinados en los centros del sur de España. "¿Qué será de ellos cuando cumplan la mayoría de edad?", se pregunta con gesto sombrío. Y apostilla una advertencia: "Ojo con el yihadismo. Dejar a un joven en la calle es carnaza para estas mafias de la radicalización".