“La represión franquista es una falsedad”

— “El Generalísimo murió hace ya más de cuarenta años y nosotros claro que defendemos su figura y lo que representó”.

— “La denominada represión franquista es algo tan falaz como bien demostrada su falsedad”.

— “El antiguo régimen no fue, en ningún caso, una dictadura”.

— “Franco tenía muy claro que siendo la libertad un bien supremo nunca sería posible su adquisición allá donde reinaban la miseria y la ignorancia, y como buen militar sabía que el objetivo final no se puede alcanzar nunca sin la toma previa de otros intermedios”.

— “Los partidos políticos son construcciones artificiales que sólo sirven para dividir y enfrentar a la sociedad”.

Esto es lo que piensa y promociona sobre el dictador, la Guerra Civil, la represión y el sistema democrático la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), inscrita en el registro de fundaciones culturales desde junio de 1977 y custodia de “unos 30.000 documentos claves para la historia de España”. El Gobierno, como explicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la comisión de justicia del Congreso, estudia ahora cómo ilegalizarla.

Durante los gobiernos de José María Aznar recibieron casi 150.000 euros en subvenciones para realizar copias de seguridad y microfilmar su fondo documental. Hace años que ya no perciben dinero público, pero sus socios (más de un millar según la Fundación) sí disfrutan de deducciones fiscales.

Los principales países europeos disponen de una legislación específica, creada a partir de la segunda guerra mundial, que condena la apología del nazismo, la negación del holocausto o conductas similares con multas o penas de prisión para los casos más graves. Alemania tiene normas estrictas en este sentido y en alguna ocasión se han aplicado sobre españoles. En 1998, por ejemplo, Alemania detuvo y envió de vuelta a España a un grupo de 70 ultra sur que nada más pisar el aeropuerto para asistir a un partido de la liga de campeones hizo el saludo nazi. Jose Luis Ochaíta, lider histórico de los ultra sur, ha asistido a cenas de aniversario de la Fundación Franco.

Uno de los mecanismos para ilegalizarla sería la introducción en el código penal del delito de apología del franquismo. En 2013, el Congreso rechazó solo con los votos en contra de los populares, una moción de CiU, consensuada con el PSOE, IU, UPyD y UPN para que se tipificara ese tipo de conductas.

En 2017 salió adelante, pese a la oposición del PP y Ciudadanos, otra proposición no de ley que instaba al Gobierno (presidido entonces por Mariano Rajoy) a investigar a la Fundación Franco. “¿Se puede imaginar alguien una fundación Adolf Hitler en Alemania?”, preguntó entonces el diputado de Unidos Podemos Antón Gómez-Reino.

Aquella proposición surgió a raíz de la información, adelantada por este diario, que revelaba las cartas que la fundación había remitido a diversos Ayuntamientos de España ofreciéndoles asesoramiento legal para afrontar las denuncias por incumplimiento de la ley de memoria histórica, que establece la retirada de placas, escudos o menciones conmemorativas de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. Una de las “principales actividades” de la Fundación Franco, según explican en su web, es “la lucha contra la mal llamada ley de memoria histórica”.

El pasado abril, el PSOE volvió a presentar en el Senado una propuesta para ilegalizar a la fundación y fue rechazada con los votos (allí mayoría absoluta) del PP. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le envió una carta pidiéndole que aplicara las medidas pertinentes para “recuperar la documentación saqueada por la Fundación”.

Otra posibilidad, no excluyente de la reforma del Código Penal, es la de modificar la ley de fundaciones, que establece que deben “perseguir fines de interés general”. Los de la Fundación Franco, según explican en su web, son “difundir el legado y la obra de Franco”, que a su juicio, abarca “la época de paz y desarrollo más prolongada que ha disfrutado la patria a lo largo de los siglos”. Con esa filosofía recogieron el encargo de Carmen Franco de gestionar las visitas al Pazo de Meirás cuando obligaron a la familia a abrirlo al público.

Fue Carmen Franco Polo quien realizó en nombre de 226 fundadores la escritura pública de la FNFF ante el notario Alejandro Bérgamo en Madrid el 8 de octubre de 1976, casi un año después de la muerte del dictador. Contaban, entonces, con un capital de 15 millones de pesetas y fue registrada como “fundación cultural privada de financiación y de promoción” el 11 de junio de 1977 después de que presidencia del Gobierno autorizara el uso de la palabra “nacional” en el nombre.

Su presidente actual es Juan Chicharro Ortega, general retirado de infantería de marina. La presidenta de honor es la hija de Franco, fallecida en 2017. El patronato tiene medio centenar de miembros y su presupuesto el año pasado fue de 125.000 euros, según la fundación. Además de los patronos cuentan con lo que llaman “caballeros y damas de honor”. Uno de ellos es Juan Antonio Morales, secretario general del PP de Badajoz que acaba de abandonar el partido (no su escaño en la asamblea extremeña) por no coincidir con su ideología.