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Gana el pragmatismo en el PNV

El logro del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, vía IPC, durante dos años no sólo es un guiño electoral hacia uno de los colectivos más importantes, el vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la recepción al embajador de Georgia.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la recepción al embajador de Georgia. EL PAÍS

Ha ganado el pragmatismo en el PNV. Era mucho lo que se jugaba con el apoyo a los Presupuestos. No sólo en clave económica -570 millones de inversión en infraestructuras-. Más aún, en clave social y política. El logro del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, vía IPC, durante dos años no sólo es un guiño electoral hacia uno de los colectivos más importantes, el vasco. Es un guiño político de alcance nacional, destinado a desbaratar la campaña de Ciudadanos contra el PNV por “insolidario”, el del “cuponazo” de los Presupuestos de 2017.

El PNV ha querido exhibir ante la opinión española su vertiente social, que está en su acción de Gobierno en Euskadi -la mitad del tiempo con ejecutivos compartidos con los socialistas- y le ha alejado y aleja del nacionalismo catalán, hoy en una deriva independentista e insolidaria. Con al apoyo a los Presupuestos también ha pretendido evitar un adelanto electoral que sólo interesa a Ciudadanos, su máxima preocupación política por su pretensión recentralizadora. Finalmente, Urkullu asegura los presupuestos del Gobierno vasco al contar con el apoyo del PP vasco para sumar una mayoría que no alcanza en el Parlamento autonómico la suma del PNV y PSE.

El problema que ha tenido que superar no era menor. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, había comprometido solemnemente, desde fines de marzo, que no apoyaría los Presupuestos mientras estuviera vigente el 155. Ha tenido que incumplir su palabra, apelando al mal menor con el argumento de que sin Presupuestos, Rajoy adelantará las elecciones, la crisis catalana se prolongará indefinidamente y el PNV perderá su papel mediador.

La factura de esta decisión la tratarán de cobrar al PNV más en Euskadi que en Madrid, dónde la izquierda no quiere el adelanto electoral. Sus críticos serán Bildu y los sectores más radicales del partido a quienes ha tratado de compensar con un reconocimiento del derecho a decidir en el preámbulo del nuevo estatuto, votado ayer en el Parlamento vasco, cuya viabilidad política es discutible.

Es buen momento para que el tándem Urkullu-Ortuzar, en vez de hacer cabriolas, explique a sus bases cómo el president Puigdemont es un político incontrolado que no obedece siquiera a los partidos independentistas catalanes, que no tuvo en cuenta los intereses del PNV ni la mediación del lehendakari Urkullu, en octubre, cuando decidió no convocar unas elecciones autonómicas que hubieran evitado la intervención estatal. Y que tampoco los ha tenido al elegir Quim Torra un Gobierno, con presos y huidos, que lo impedía y, con ello, el levantamiento del 155.

Yendo al fondo de la cuestión, el PNV tenía que haber marcado claramente distancia de la deriva del independentismo catalán cuando desbordó la legalidad entre el 6 y 8 de septiembre en el Parlament y declaró unilateralmente la independencia. Esa claridad le hubiera evitado el dilema. Pero, además, hubiera fortalecido su voz ante la Unión Europea y Rajoy para reprocharle, con mayor autoridad, su enorme error de no haber canalizado por vía política la cuestión catalana, cuando se planteó años atrás, y haberla reconducido por la vía judicial.

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