Un pacto muy caro

El pacto del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los Presupuestos del Estado de 2018 solo puede interpretarse de una manera: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado la permanencia de su formación al frente del Ejecutivo durante lo que resta de legislatura a cambio de renunciar al modelo de pensiones instaurado en 2013, durante su primer mandato.

Las concesiones al PNV, de cuyos cinco escaños depende para aprobar las cuentas públicas, tienen otras implicaciones no menos preocupantes. Una de ellas, quizá la más relevante, es que la reforma del sistema de financiación autonómica podría aplazarse hasta la próxima legislatura. Se avecinan dos años orientados hacia la supervivencia del Gobierno, sin expectativas de reformas, con una parálisis total de la iniciativa política y con un Ejecutivo enrocado detrás de la excusa de la insuficiencia parlamentaria.

Dados los antecedentes, no sorprende la utilización de los Presupuestos para garantizar la supervivencia política. El PNV ya recibió cuantiosos beneficios para Euskadi y Ciudadanos (competidor del PP en el espacio de centroderecha) una inarticulada rebaja fiscal cuyos efectos probablemente serán nulos. Ahora, además, el Gobierno se ha corregido a sí mismo. Si un mes atrás anunciaba que no era posible actualizar las pensiones con el IPC (“el dinero no crece en los árboles”), ahora acepta actualizarlas con carácter retroactivo para este año y el próximo en torno al 1,5% y, a cambio de cinco votos, aplaza el factor de sostenibilidad hasta 2023 (debía aplicarse en 2019).

Un Gobierno y, en concreto, un ministro de Hacienda que cambia de opinión de forma tan radical en unas pocas semanas no refuerza su seriedad y credibilidad. Que la reforma de las pensiones de 2013 era un remiendo para salir del paso era público y notorio.

Pero entregar la prenda y el modelo de revalorización del 0,25% a cambio de garantizar la tranquilidad política en Euskadi, sacudida por el seísmo de las manifestaciones de los pensionistas, como en toda España, indica otros factores relacionados con la ausencia de proyecto que no van a poder corregirse con el tiempo.

En términos económicos, el pacto con el PNV tiene dos consecuencias económicas perniciosas. La revalorización de las pensiones tiene un coste no inferior a 1.000 millones que, se disfrace como se disfrace, implica un recorte presupuestario añadido. Sin contar, claro, con que el cambio de política tendrá que explicarse en Bruselas.

Una vez más las cuentas públicas reflejan una cadena de favores anudada. Pero es que, por añadidura, el pacto invalida cualquier pretensión de reformar el sistema de pensiones como se merece: con rigor y de forma integral.

Al desplazar el foco a la revalorización inmediata de las prestaciones, en lugar de situarlo en una reforma a medio y largo plazo, donde está el problema, el Gobierno demora una vez más afrontar uno de los problemas más graves de la sociedad española, no menos grave porque sus consecuencias no se aprecien de forma inmediata.