Italia inmoviliza el barco de Proactiva Open Arms por promover la inmigración irregular

La fiscalía de Catania ha ordenado este domingo la inmovilización del barco español "Open Arms”, según confirman fuentes de la ONG española. El barco de la organización catalana que rescata refugiados en el Mediterráneo se encuentra retenido en el puerto de Pozzallo (Italia), donde atracó este sábado tras emprender un rescate de 218 inmigrantes a unas 70 millas de Libia. El barco ha sido confiscado preventivamente bajo la acusación de favorecer “la inmigración clandestina y la asociación criminal”, confirman las mismas fuentes. Proactiva Open Arms es la única ONG española que rescata inmigrantes en el Mediterráneo.

Según la acusación, el barco español tendría "la voluntad de llevar inmigrantes a Italia" y habría "violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias". La Policía italiana se presentó la mañana del domingo en el barco y exigió la documentación a su capitán Marc Reig y a la jefa de misión de la ONG, Anabel Montes. Ambos fueron “acompañados” esta noche a una comisaria por la policía italiana, según confirma un tripulante de la embarcación.

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El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha explicado este lunes que el barco de la ONG sigue retenido en un puerto de la isla italiana de Sicilia. "Estamos en una situación de toma del barco preventiva", ha relatado a Catalunya Ràdio, informa Europa Press.  Camps ha dicho estar sorprendido porque se les tache de grupo criminal por el traslado y ha criticado que la acusación la lleve a cabo el fiscal de Sicilia. Según ha detallado, autoridades italianas les mostraron una documentación para que la firmaran pero se negaron a hacerlo porque solo la presentaron en italiano, y esperan que se les facilite el texto traducido o un traductor. "Decidimos no firmar la documentación hasta que se nos tradujera", e intuyen que se trata del documento de acusación por el que se encuentran retenidos.

El barco de la organización catalana atracó este sábado en el puerto italiano tras un incidente con unidades de guardacostas de Libia cuando emprendía un rescate de inmigrantes a unas 73 millas de la costa libia, muy lejos de su jurisdicción. Proactiva Open Arms y los periodistas que participaban en la travesía denunciaron amenazas por parte de los guardacostas libios, que impidieron que la mayoría de los inmigrantes pudieran acercarse al barco español.

La noche del domingo a este lunes Camps ya expuso en su cuenta de Twitter que la incautación del barco podía darse por una acusación "de asociación criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños". Camps esgrimió entonces que proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo —civil o militar— y que así lo estipula el derecho, y que entregar a los rescatados a Libia "equivale a llevar una devolución en caliente", lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.

En un comunicado al que tuvo acceso Efe el sábado, la autoridad marítima libia acusó a la organización humanitaria española y a las demás que trabajan en el rescate de personas en Libia de interferir en las operaciones y de violar sus aguas territoriales, pese a que estas operan más allá de las 25 millas correspondientes. El barco de Proactiva Open Arms pudo seguir navegando con 218 migrantes a bordo, pero no pudo desembarcarlos hasta este sábado debido a la reticencia de las autoridades libias a concederles un puerto en el que atracar.

En este ambiente, la situación se deterioró después de que el fiscal de Catania ordenara la incautación del buque y acusara a la ONG de ser una asociación criminal dedicada a la inmigración ilegal. Según la acusación, el barco español tendría "la voluntad de llevar inmigrantes a Italia" y habría "violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias".

Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado los supuestos vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que trafican con seres humanos en Libia, ya que aseguran que estas últimas avisan a los militares de la salida, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras. Migrantes llegados a las costas de Europa aseguran, por su parte, que no desean ser rescatados por las autoridades libias, ya que su destino son centros de detención y cárceles en malas condiciones en los que se comenten abusos.

Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de las patrulleras europeas. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), organismo vinculado a la ONU, más de 171.635 inmigrantes irregulares lograron cruzar a Europa en 2017, mientras que 3.116 desaparecieron en el mar. Solo en el primer mes de 2018, más 5.900 han logrado llegar a las playas y más de 318 han perecido en el intento.