La justicia argentina revoca la orden de detención a Martín Villa por los sucesos de Vitoria de 1976

La justicia argentina ha ordenado a la juez de Buenos Aires María Servini revisar la imputación contra el exministro español Rodolfo Martín Villa por la muerte de cinco obreros en Vitoria en los sucesos del 3 de marzo de 1976 y ha dejado sin efecto la orden de detención internacional contra el político confirmada por esa magistrada el pasado 7 de junio. En una resolución del pasado jueves, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal atiende los argumentos de la defensa de Martín Villa y considera que la juez Servini no tuvo en cuenta a la hora de imputarle por delitos de lesa humanidad las “circunstancias distintivas” de estos hechos, el “espacio temporal” en que ocurrieron y “el contexto que los rodeó”.

El tribunal de apelación considera “ineludible” tener en cuenta estos elementos para “profundizar el conocimiento de lo relativo al espacio histórico” donde se produjeron los sucesos de Vitoria para así “revisar las conclusiones adoptadas sobre el tema”.

En su resolución del 7 de junio, la juez Servini rechazaba levantar la orden de detención que pesa en Argentina contra Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de Juan Carlos I cuando ocurrieron los sucesos de la capital alavesa. El exministro y hombre de empresa había pedido directamente en tres ocasiones, sin éxito, prestar declaración ante la juez Servini siempre que ello no comportara la posibilidad de ser detenido si sale de España.

La sala de apelación, en su auto del 13 de julio, califica de “infundada” la decisión de Servini de mantener la orden de arresto y le obliga a revisar la imputación del exministro, que sigue dispuesto a declarar ante la magistrada, según fuentes próximas.

El Gobierno de España denegó en marzo de 2015 la extradición de Martín Villa y de otros 21 ciudadanos españoles –cuatro han fallecido ya- investigados por la juez Servini por crímenes contra la humanidad entre el 18 de julio de 1936, día del golpe de estado encabezado por el dictador Francisco Franco, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas bajo el reinado de Juan Carlos I. Además, la justicia española ha rechazado cumplimentar la comisión rogatoria -solicitud de ayuda judicial entre distintos Estados- sobre Martín Villa lanzada por Servini al considerar que su investigación es una “causa general” vetada por el ordenamiento español, que los hechos están prescritos y que, además, están cubiertos por la Ley de Amnistía de octubre de 1977.

Sin acogerse a la Ley de Amnistía

Pese a ello, Martín Villa no quiere acogerse a la Ley de Amnistía y se ha puesto tres veces a disposición de la juez Servini. En la primera, en diciembre de 2014, antes de que el Gobierno resolviera sobre la petición de extradición, se ofreció a declarar por videoconferencia o por comisión rogatoria e informó de ello tanto al presidente y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional como a los embajadores de Argentina en España y de España en Argentina.

En diciembre de 2015, tras rechazarse la extradición y la comisión rogatoria, Martín Villa envió a Servini un acta notarial con aclaraciones sobre su situación y su papel en los sucesos de Vitoria. “No soy responsable de la represión policial –expresión utilizada por los querellantes- y tampoco podía haber organizado tal represión ya que en marzo de 1976 no tenía autoridad alguna sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, se lee en ese documento ante notario.

En ese acta, Martín Villa niega la acusación “injuriosa” de una de las entidades querellantes de que firmó penas de muerte. “Yo formé parte por primera vez de un Gobierno tras la proclamación de don Juan Carlos I como Rey. Desde entonces, ningún tribunal civil o militar ha dictado penas de muerte en España”.

Respecto a la matanza de Vitoria, el expolítico aclara a la juez Servini: “La intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y la mía comenzó la tarde del 3 de marzo, tras conocerse la noticia de las primeras muertes, y consistió en proponer y adoptar medidas que evitasen más violencia y que sirvieran para restablecer la normalidad en Vitoria sin recurrir al estado de excepción”. En esa fecha, Suárez era ministro secretario general del Movimiento y ocupaba interinamente las funciones de Gobernación –actualmente Interior- ya que su titular, Manuel Fraga, se encontraba de viaje oficial en la República Federal de Alemania.

La tercera vez que Martín Villa expresó su “deseo de comparecer” personalmente en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires fue el pasado 23 de noviembre. El exministro envió una carta personal a la magistrada en la que reiteraba su “voluntad de declarar”. Esta misiva, enviada por un cauce paralelo al del procedimiento judicial, no obtuvo respuesta.

La matanza de los obreros por la Policía Armada propició, entre otros factores, que el entonces Rey relevara en julio de 1976 a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y nombrara a Adolfo Suárez. Este designó a su vez a Martín Villa como ministro de Gobernación, actualmente de Interior, cargo que mantuvo hasta abril de 1979, ya con el primer Gobierno plenamente democrático. Además de los sucesos de Vitoria, la juez Servini le mantiene imputado por la muerte de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad bajo su competencia y de grupos parapoliciales en el País Vasco entre julio de 1976 y mayo de 1977.

En el auto del 7 de junio pasado, la juez argentina enmarca los hechos atribuidos a Martín Villa dentro de un plan “sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno” a través de la “eliminación física de sus más representativos exponentes” llevado a cabo “por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

Martín Villa, que en su etapa en Interior se encargó de legalizar el PCE y preparar las primeras elecciones democráticas, no reniega de sus inicios políticos vinculado al régimen franquista –entre otros cargos era gobernador civil de Barcelona al morir el dictador en noviembre de 1975- pero rechaza esa acusación de Servini: “En ese párrafo describe el 18 de julio de 1936, cuando yo tenía un año y medio; estoy seguro de que la juez no ha hecho ninguna averiguación más allá de lo que han relatado los querellantes”, se quejaba.