La Audiencia permite extraditar al ‘Enfermero de las FARC’, acusado de 300 abortos forzados

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado 27 de octubre la extradición de Arboleda, ciudadano con doble nacionalidad colombiana y española. El auto –resolución razonada- por el que se da vía libre judicial a la entrega recoge un relato escalofriante de la actuación de este “enfermero empírico”, carente de cualquier preparación formal para realizar las interrupciones de los embarazos.

Según el testimonio de al menos 19 víctimas, Arboleda, conocido con los alias de El Enfermero, el Médico, El Mono, El Zarco, Arbey o Norbe, supuestamente practicaba los abortos sin anestesia ni instrumental quirúrgico, y en condiciones de absoluta falta de higiene, lo que muchas veces ocasionaba infecciones a sus víctimas. Algunas de sus intervenciones se realizaron en camillas de palo cubiertas con hojas, o en cuartos de hotel sobre camillas improvisadas en las que amarraba a las mujeres con plásticos de llantas. Otras veces, aseguran las mujeres que le reconocieron en fotografías, hacía los abortos en cadena sobre hojas de helecho y hierba seca sin siquiera limpiar la sangre y retirar los restos de los fetos. Varios testimonios hablan de interrupciones de embarazos con más de ocho meses de gestación.

Los hechos ocurrieron en los departamentos de Antioquía, Risaralda, Caldas y Chocó y fueron conocidos en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz aprobada por Colombia en 2005, durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Esta norma, que facilitaba la desmovilización total del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), una guerrilla derivada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), establecía el compromiso de los combatientes de contar la verdad para acceder a beneficios penales.

En diciembre de 2012, un exguerrillero del ERG, Lisardo Caro, señaló a Arboleda como autor de los abortos forzados y señaló a algunas de las víctimas del falso enfermero. Entre los testimonios que se recabaron se menciona el nacimiento en el sector de Puerto de Oro (Risaralda) de un niño vivo en 2002 que murió por falta de asistencia. Además, otros dos recién nacidos fueron dejados supuestamente por Arboleda tirados sobre el plástico. “Advertía que no había nada que hacer porque las guerrilleras no podían criarlos y que había que dejarlos que murieran”, señala el auto. Cuando dejaban de respirar, El Médico “decía que los tiraran a un hueco en el que se echaban las necesidades del cuerpo”.

Torturas físicas y psicológicas

En la causa se especifican las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidas las víctimas como castigo por haberse quedado embarazadas. Estas mujeres en algunos casos sufrían “la presión de ser ajusticiadas si se oponían a la intervención” abortiva. La investigación abierta en Colombia ha puesto de relieve que Arboleda “se concertó con los grupos guerrilleros” para llevar a cabo su actuación.

Estos delitos de torturas, abortos forzados, homicidio en grado de tentativa –en el caso de las mujeres- y asesinato –por las muertes de los recién nacidos- se produjeron en el contexto de un conflicto armado entre la guerrilla y el Estado colombiano. Por esa razón, los hechos relatados se conceptúan como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La defensa de Arboleda ha recurrido la decisión de la Sección Segunda ante el Pleno de la Sala de lo Penal, un movimiento jurídico con escasos visos de prosperar.

Para evitar su entrega a Colombia, el investigado alegó, entre otros motivos, que su condición de homosexual le acarrearía “represalias” en prisión. “No existe dato objetivo alguno que respalde dicha genérica invocación de hipotética vulneración en las prisiones del Estado reclamante de sus derechos”, señala la Audiencia Nacional española. Los jueces de la Sección Segunda, en un auto redactado por su presidenta, Concepción Espejel, recuerdan, además, que “las alegaciones genéricas sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales” no están acogidas por la jurisprudencia como causa de denegación de la extradición. En todo caso, señala el auto, será el Gobierno español quien tenga la última palabra sobre el futuro de Arboleda.