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ACUERDO PP-CIUDADANOS

Los objetivos de déficit provocan dudas sobre la viabilidad del pacto

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos condiciona el gasto en las medidas aprobadas a cumplir con Bruselas y descarga más presión en las comunidades autónomas

El pacto del PP y Ciudadanos implica un gasto de más de 28.500 millones de euros en cuatro años, pero el acuerdo establece que la dotación presupuestaria dependerá del cumplimiento del déficit y de las comunidades autónomas, por lo que expertos económicos y grupos de la oposición dudan de su viabilidad. Muchas propuestas son, además, imposibles de materializar solo con los votos de ambos partidos.

Mariano Rajoy y Albert Rivera ratifican su acuerdo de investidura en el Congreso.
Mariano Rajoy y Albert Rivera ratifican su acuerdo de investidura en el Congreso.

Como casi todos los contratos, el que firmaron el domingo PP y Ciudadanostambién tiene su letra pequeña. El anexo de dotación presupuestaria del pacto incluye medidas que suponen un gasto de 28.500 millones de euros entre 2017 y 2020, y establece que para pagarlos se recaudarán otros 29.000 a través de la reforma del impuesto de sociedades, la revisión de la amnistía fiscal y la lucha contra el fraude y la eliminación de duplicidades administrativas. En esa memoria ni siquiera están incluidas todas las medidas de gasto del pacto. Falta, por ejemplo, el compromiso de incrementar la inversión en I+D+I hasta alcanzar el 2% del PIB en 2020.

Pero bajo las frases en letra negrita que señalan, año a año, el gasto previsto en medidas sociales, se lee, en un tamaño de letra inferior, lo siguiente: “Las dotaciones presupuestarias anteriores se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España. Además, puesto que en esta legislatura es necesario abordar la revisión del sistema de financiación autonómica, las partidas que correspondan a competencias de las comunidades autónomas serán integradas en el nuevo modelo de financiación”.

El economista José Carlos Díez cree que el acuerdo es poco realista, teniendo en cuenta esa letra pequeña. “Primero deberían explicarnos esos compromisos adquiridos con Bruselas. España ya tiene abierto un procedimiento de sanción: eso quiere decir que tenemos vigilancia reforzada y que el 15 de octubre, si [a las autoridades de la UE] no les gusta lo que ven, nos pueden tumbar los presupuestos”.

La Comisión Europea canceló el pasado julio, en el tiempo de descuento, una multa a España por el incumplimiento de las reglas fiscales, pero el perdón no es gratis. Bruselas concedió dos años más para rebajar el déficit al 3%. La Comisión fija en el 4,6% la meta para este año por la inestabilidad política, pero en 2017 lo quiere rebajar al 3,1%. El crecimiento puede traer mayores ingresos, pero el presupuesto deberá incluir recortes estructurales de 5.000 millones en 2017 y 5.000 millones más en 2018.

El otro problema que plantea el acuerdo es el de las comunidades autónomas. Muchas de las medidas pactadas, como las que aluden a la educación (gratuidad de libros de texto, por ejemplo), se refieren a competencias transferidas. “Esa cláusula final remite a una nueva ley de financiación autonómica de la que ni siquiera han empezado a hablar”, afirma Díez, que señala, además, un “endurecimiento” de los requisitos para las comunidades en el documento. Se refiere al punto primero, que anuncia que “deben reforzarse los mecanismos de supervisión de los planes económico-financieros, planes de ajuste, periodos medios de pago y condicionalidad reforzada vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica”.

Existen, además, discrepancias sobre el sistema de ingresos. La tabla de dotación presupuestaria prevé recuperar 7.000 millones en cuatro años de la amnistía fiscal y la lucha contra el fraude; pero, mientras Ciudadanos asegura que el PP se ha comprometido en el acuerdo a revisar el criterio con el que Hacienda aplicó la ley, los populares insisten en que no se revisará el criterio, sino los casos. Fuentes del PP indican que los cálculos que hace el partido de Rivera del dinero que se podrá recuperar por la amnistía fiscal les parecen “castillos en el aire”. El economista José Carlos Díez también duda de que se pueda hacer por “seguridad jurídica”.

Ciudadanos admite que, al pagarse a través del IRPF, el complemento salarial se percibe una vez al año, por lo que no aliviaría durante meses a los hogares con sueldos bajos —en el documento no está especificado ese umbral—. Al mismo tiempo, la medida no afecta a las personas que viven en hogares donde no entra ningún tipo de ingreso —en el último trimestre del que hay datos, según el INE, hay 1,3 millones—. Ciudadanos insiste en que esos colectivos se beneficiarían de otras de las medidas del pacto, como el plan contra la pobreza infantil —aunque, en ese caso, seguirían estando excluidas las personas en situación de vulnerabilidad que no tienen hijos—.

Los portavoces económicos de otros partidos también criticaron la viabilidad del acuerdo. Pedro Saura, del PSOE, explicó: “Lo que vemos es que ese gasto es papel mojado. Está sujeto a cumplir los objetivos de déficit pactados con la UE y no hay una reforma fiscal que genere más recursos públicos. Por tanto, es un cuento. No cuadra nada”. Los socialistas creen que el PP y Ciudadanos no abordan la situación de la Seguridad Social. “Más bien se persevera en el error: el PP aprobó para la contratación unas bonificaciones de 500 euros en el pago de la Seguridad Social y se mantienen. Así, van a esquilmar todo el fondo de reserva de la Seguridad Social”, afirmó Saura, informa José Marcos.

Podemos considera que “no es posible revertir los recortes y reducir a la vez el déficit sin una reforma fiscal en profundidad”. Desde la secretaría económica del partido critican el complemento salarial, que consideran “una subvención con fondos públicos de los salarios bajos pagados por los empresarios”, por lo que no soluciona la precariedad laboral.

El pacto incluye, además, muchas medidas que, aunque se anunciaron como hechos —“Vamos a...”, repetía Albert Rivera el domingo—, no pueden materializarse sin el apoyo de otros partidos, por implicar la reforma de leyes orgánicas o requerir reformar la Constitución, para lo que es necesario el apoyo de tres quintos de la Cámara y tiempo. Así ocurre con las medida para reducir el número de senadores, eliminar los aforamientos, limitar los mandatos, mejorar la proporcionalidad en el sistema electora, la elección directa de alcaldes, la mejora de la fórmula del voto rogado para los electores residentes en el extranjero o la reducción del gasto y duración de las campañas, entre otras.