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Los expertos critican que los partidos fíen la reducción del déficit a la lucha antifraude

Las formaciones políticas sobrevaloran los ingresos que obtendrán en la lucha contra el fraude fiscal y que utilizan para financiar sus promesas electorales

Rueda de prensa de Santiago Menendez, director general de la Agencia Tributaria.
Rueda de prensa de Santiago Menendez, director general de la Agencia Tributaria. EL PAÍS

Los expertos califican de "brindis al sol" e "irresponsable" que los cuatro principales partidos hayan vinculado el cumplimiento de los objetivos de déficit y de sus promesas electorales al aumento de los ingresos por la lucha contra el fraude. Esta partida representa más del 50% de los nuevos fondos que espera generar Ciudadanos, el 40% del PSOE y el 25% de Podemos. Tras lograr una recaudación récord de 15.664 millones en 2015 por este concepto, el PP, que no da cifras, se ha comprometido con Bruselas a recaudar 1.000 millones más al año.

Evolución de la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal

“Es un brindis al sol”, resume Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. “Son bastante voluntaristas”, añade. “Puede salirles el tiro por la culata. Cuando se endurecen actuaciones y criterios, da resultados positivos hoy y negativos dentro de unos años, porque hay más riesgo de que pierdas los recursos que presenta el afectado”, sigue. “Cuando los tribunales decidan, a lo mejor tienes que devolver lo que has ingresado. Si eres muy agresivo, puedes tener un primer año con mucho éxito y a partir del tercero, que se te vuelvan los resultados en contra”.

España no cumplió con los objetivos de déficit marcados por Bruselas para 2015, y se desvió en un punto del PIB, lo que obliga ahora a recortar 8.200 millones de euros. Eso coloca a los candidatos a ocupar La Moncloa frente a un escenario complicado para sus intereses. Justo antes de la repetición electoral del 26-J, las cuatro principales formaciones deben combinar su intento de ilusionar a los votantes con la responsabilidad de cuadrar las cuentas del Estado. En consecuencia, los partidos han encomendado a la mejora de los resultados en la lucha contra el fraude el grueso de los nuevos ingresos que prometen generar si gobiernan.

El PSOE, según fuentes de su equipo económico, explicará en los próximos días cómo logrará recaudar 10.000 millones más en esta partida la próxima legislatura, a una media de 2.500 millones más por año. Podemos presentó ayer un programa similar, comprometiéndose a aflorar el equivalente a un 1% del PIB para 2019 —entre 10.000 y 11.000 millones de euros—. Por su parte, Ciudadanos, que ha presentado una extensa y detallada memoria económica como acompañamiento de su programa electoral, asegura que será capaz de lograr que las arcas públicas ingresen 24.500 millones de euros extra a lo largo de los próximos cuatro años.

La deuda varada en los tribunales

Uno de los principales asuntos que deberá desenredar el próximo Gobierno es la deuda tributaria pendiente de cobro varada en los tribunales. El déficit de España desaparecería de un plumazo si se lograsen cobrar los 49.272 millones de deudas pendientes con Hacienda.

Las deudas con el fisco han crecido en paralelo a la crisis. Esta provocó un aumento de los concursos de acreedores, de los aplazamientos de los pagos y de la morosidad fiscal. En 2007, en los prolegómenos de la crisis financiera global, esta deuda pendiente de cobro ascendía a 26.652 millones.

El Tribunal de Cuentas advierte de que Hacienda solo ingresa uno de cada tres euros que están pendientes del fallo en los tribunales. El resto lo pierde. Una de las principales armas para luchar contra el fraude que se encontrará el próximo Gobierno es la ingente cantidad de información sobre el patrimonio que los españoles tienen en el exterior.

Tras el fiasco de la amnistía fiscal, el Ejecutivo del PP obligó a los contribuyentes a informar sobre sus inversiones en el extranjero bajo la amenaza de sanciones ejemplares. Desde que se puso en marcha en 2013, se han declarado bienes y derechos por más de 141.000 millones de euros. Aunque no reportan mucha recaudación, esta información supone un instrumento decisivo para combatir el fraude.

“Nuestra estimación tiene todo el sentido del mundo y se puede defender”, asegura Francisco de la Torre, exportavoz de los inspectores, expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso y número dos de Ciudadanos por Madrid. “Comprendo a los académicos”, sigue. “Todo el mundo dice que va a luchar contra el fraude. Lo interesante es ver qué medidas se articulan”, argumenta. “Podemos plantea medidas contraproducentes como poner el delito fiscal en 50.000 euros, lo que colapsará los tribunales, y seguramente su previsión de incremento de la recaudación será un error”, añade. “Nosotros queremos cobrar 2.800 millones de euros a 28.000 contribuyentes defraudadores que tenemos localizados porque se beneficiaron de una amnistía fiscal al 3% cuando tenían que haber pagado un 10%. Y esa estimación tiene todo el sentido del mundo”.

Los expertos consultados por EL PAÍS no coinciden con el diagnóstico de los partidos ni hacen distingos entre propuestas acertadas y erróneas. Creen que no es posible calcular con exactitud cuántos ingresos se pueden derivar de aumentar el número de inspectores, o de obligar a incluir yates, obras de arte y joyas en la declaración de bienes en el extranjero, como propone Ciudadanos. Y advierten contra el sesgo electoralista de este tipo de propuestas.

Subidas de impuestos

“Lo más fácil es decirle a la gente: ‘No voy a subir impuestos, voy a subir el gasto y van a pagar los que no pagan ahora’. Es lo que debería ser, pero no funciona así”, lamenta Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. “Es irresponsable fiar el crecimiento de los ingresos a la lucha contra el fraude. Cuando rascas en los programas, tampoco queda nada claro cómo van a hacerlo”, añade. “El combate contra el fraude fiscal hay que tomárselo como un objetivo fundamental, pero casi sin contar con esos ingresos, porque tardan su tiempo, son procesos de maduración lentos, y además inciertos”, valora. “Hay que ser extraordinariamente prudentes”, subraya. “Son fenómenos complejos. Puede haber reacciones de los agentes privados que hagan que los intentos del gobierno se queden en aguas de borrajas”, añade.

Todos los expertos consultados emplean el mismo argumento: se puede proyectar qué ingresos se obtendrán de una subida de impuestos, pero no de una mejora en la lucha contra el fraude.

“Cuando planteas cambios estructurales en un impuesto, es relativamente sencillo hacer una proyección del impacto recaudatorio”, razona José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y director de estudios tributarios de FUNCAS. “En el caso concreto del fraude fiscal, son brindis al sol”, subraya. “Es muy complicado hacer proyecciones”, sigue. “Además, si entramos en procesos judiciales [contribuyentes que recurren], hay un decalaje temporal que se va al infinito, con tres, cuatro, cinco, seis años, e incluso más, para las resoluciones”, recuerda. “Concluir que yo, por la lucha contra el fraude, voy a obtener al año siguiente una recaudación extra determinada tiene poco de científico”, insiste. “No se debería fundamentar las expectativas de recaudación a un año vista en lo eficaz que puedas ser con la lucha antifraude. Corres el riesgo, con altas probabilidades, de equivocarte de manera significativa, en una magnitud importante”.

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