Un callejón sin salida para las compras fuera de la UE

Todo parece fácil cuando alguien está de vacaciones en un país exótico y el vendedor le asegura, sonriente, que todo el transporte está pagado. Y mucho más cuando, cómodamente sentado en su casa, alguien hace clic en la ventana correspondiente del ordenador. Pero lo cierto es que a medida que aumentan las compras en países de fuera de la Unión Europea (un 12% de españoles hizo una de estas adquisiciones a través de la Red en 2015; en 2009 fue el 3%) también lo hacen las quejas, pues los chollos se convierten en ocasiones en una auténtica pesadilla por culpa de los retrasos, los laberintos burocráticos y los sobrecostes inesperados que puede acabar, incluso, en el abandono de la mercancía.

María (prefiere no dar su apellido) aún no ha tirado la toalla, pero ha estado a punto. Compró por 280 euros (gastos de envío presuntamente incluidos) un kimono japonés por Internet a principios de diciembre con la intención de venderlo en la tienda vintage que regenta en el corazón de Madrid. Sin embargo, no solo está esperando todavía poder retirarlo del Aeropuerto de Barajas (donde suelen llegar los paquetes enviados desde el extranjero por servicio postal), sino que para hacerlo le exigen 148 euros, lo que eleva un 52% el coste inicial. “Me parece una estafa”, se queja.

Todo tipo de guías, desde las oficiales en la web de la Agencia Tributaria hasta las de modestas páginas de consumidores, recuerdan que casi todas las mercancías procedentes de fuera de la UE han de pagar IVA (hasta el 21% para compras de más de 22 euros a empresas y de más de 45 a particulares) y arancel (normalmente del 2,5% en compras de más de 45 euros a particulares y de más de 150 a empresas). Eso, si no se trata de un producto especialmente protegido en Europa con impuestos más altos: por ejemplo, las bicicletas procedentes de China, Camboya, Pakistán y Filipinas pagan un arancel del 48%.

Permisos especiales

La lucha contra el fraude y la piratería (el 14% de las falsificaciones llega a la UE por correo y mensajería exprés) hace que muchas veces la Aduana requiera al destinatario más documentación o se abra directamente la caja para comprobar qué hay dentro. La Agencia Tributaria (encargada de Aduanas) prefiere no detallar, por razones de seguridad, el proceso por el cual se da vía libre inmediata a un paquete o se retiene para ser revisado, pero este tiene que ver con la procedencia de la mercancía, la ruta seguida o su valor.

A veces, además, se requieren permisos especiales de Sanidad (medicamentos o productos susceptibles de tener plagas, como los hechos de madera) o de la UE, como el certificado CITES que asegura el origen legal para evitar el expolio de especies protegidas. “En estos casos, no es ya cuestión de pagar, es que no puedes retirar la mercancía sin los papeles en regla”, explica la administradora de la Aduana Marítima de Valencia Marta Catalán.

En general, para paquetes grandes (como un mueble o un coche) la opción es el transporte marítimo que, aunque más lento, suele ser más barato. Eso sí, si se atan bien las cosas desde el principio y se cierran todos los detalles del envío. “Es el pan nuestro de cada día: un cliente que se encuentra con que no le han incluido los gastos de llegada”, explica Luis Ripoll, responsable de importaciones en Valencia de la empresa de transporte marítimo International Fowarding. “Suele pasar cuando la carga viene de Asia y les ocurre tanto a particulares como a empresas”, añade. Unos y otros acaban, en la mayor parte de los casos, pagando los sobrecostes, a veces muy importantes porque incluyen la estancia en los almacenes y la intervención de intermediarios, como los agentes aduaneros o representantes de aduanas.

Unas 400 personas, en torno a la mitad de representantes de Aduanas, están colegiados en el Consejo General de Agentes Aduaneros, que no son empleados públicos que trabajan en el servicio de Aduanas, sino profesionales, acreditados por el Gobierno para hacerse cargo de los trámites en nombre de empresas o particulares. Su presidente, Antonio Llobet, defiende la labor de este colectivo para agilizar un proceso que puede ser muy complicado y, admite, hostil para los particulares: "A partir de 500 euros de valor, no les merece la pena; la gente se puede sentir indefensa frente al proceso", asegura. 

Mercancías abandonadas

Tanto Correos como cualquier otra empresa de paquetería actúa también como agente aduanero y, de hecho, cobra por ese servicio presentación de trámites. En el caso de ADT Postales, la plataforma web habilitada por Correos para esos menesteres desde 2011, cobran una media de 19 euros. En el caso de los agentes aduaneros particulares que ofrecen sus servicios, por ejemplo en los puertos, suele ser bastante más: pueden llegar a rondar los 300 euros entre la gestión del despacho de aduanas y los trámites documentales.

Dependiendo del valor de la mercancía (por ejemplo, si es un coche), hay muchas guías que recomiendan contratar a uno de estos agentes y olvidarse de problemas. Sin embargo, Manuel Vera López, consultor en comercio internacional, recuerda que cuando llega el paquete, el consumidor tiene que autorizar expresamente que otro haga los trámites por él (también Correos y cualquier otro servicio postal necesitan esa autorización para empezar la gestión), y que cualquier particular puede decidir hacerlo por sí mismo. aunque para esto último, se queja el experto, no se dan facilidades en las administraciones.

La mayor parte de las veces, asegura la Agencia Tributaria, la mercancía acaba saliendo de la Aduana, aunque sea bastante tiempo después de llegar. Sin embargo, en algunas ocasiones el papeleo no se resuelve y no se consiguen todos los permisos; en estos casos el destino de la mercancía suele ser la destrucción. En otras ocasiones, el comprador renuncia para no pagar o porque le parece que la mercancía no es lo que había pedido; entonces la Agencia Tributaria la subastará para intentar recuperar los gastos generados.

En 2015 se abrieron expedientes de abandono en las fronteras españolas de 490.000 bultos que pesaban 183,7 millones de kilos. Algunos de ellos, advierte la Agencia Tributaria, pudo haber sido recuperado por el destinatario en el último momento. Además, la cifra no distingue entre compras de empresas, como los 57 bultos de baldosas que se subastaron hace un par de meses en Valencia, y las de particulares, como el taburete de madera con forma de cocodrilo comprado en Indonesia que languidece en los almacenes de International Fowarding; su dueña renunció porque debía pagar el equivalente a cuatro veces su valor inicial para poder recogerlo.

Vania López, que vive en Málaga, también ha acabado renunciando. Sus padres le habían mandado el 18 de diciembre desde Chile unos chocolates que, asegura, tienen un valor simbólico. Pero hasta el 19 de enero no le notificaron que había llegado y hace menos de una semana le pidieron 60 euros para retirar la caja. “No tiene ni pies ni cabeza. Me dan menos de una semana para pagar después del retraso y me reclaman todo ese dinero”, protesta López por el trato recibido de ADT Postales, la plataforma habilitada por Correos para la gestión de los trámites aduaneros desde 2011.

Correos, en la picota

Muchos actores del mundo aduanero achacan buena parte de los problemas a la desinformación, pero las quejas sobre ADT Postales apuntan a una mal servicio. Así, María, la joven a la espera del kimono, se queja de que el teléfono de atención al cliente responde cada vez con un pitido eterno, que le avisaron de que tenía que abonar los gastos aduaneros solo tres días antes de que devolvieran el envío y que los correos electrónicos que escribe nunca llegan. "Hay una falta total de comunicación y la lentitud es exasperante", explica.

Ragga Björgvinsdóttir, de 68 años, vive en Santiago de Compostela desde hace 44. Dejó a la mayoría de su familia en Islandia, donde ella nació, y suelen intercambiarse regalos. No había tenido contratiempo alguno hasta hace un par de meses. “Me faltan tres paquetes. Me piden una documentación que no sé ni cómo rellenar”. Tal es la anomalía que, según dice su amiga Alda Olafsson, la prensa islandesa ha escrito varios reportajes alertando de que muchos envíos de Reikiavik nunca llegan al destinatario.

Los papeles que le piden a Björgvinsdóttir son sobre el valor de la mercancía, la base sobre la que se calcula el pago del IVA y el arancel. Pero en su caso, se trata de cerámicas artesanales hechas por su hermana, así que no hay factura. Las normas son iguales para todos, y hay que consignar un valor para todo, contesta Correos sobre una medida que quizá evite algún fraude —como el de una cámara fotográfica de gran valor que pasó hace unos años la aduana consignada como “batería más regalo”—, pero deja a consumidores como Björgvinsdóttir sumidos en la perplejidad más absoluta.

Correos es consciente del malestar de muchos usuarios, pero insiste en que es un tema complejo (comprobaciones, autorizaciones de seguridad), tanto, que hasta el servicio postal admite que dentro de la empresa existe confusión. “Hemos llegado a pensar en preparar una especie de guía para que se conozca cuál es el proceso para retirar los envíos”, señala Correos.

Lo cierto es que ADT dispone de 55 trabajadores que gestionan miles de paquetes cada día. Mientras, centenares de usuarios han creado en Facebook un grupo llamado Afectados por ADT. Al margen de este tipo de iniciativas, las organizaciones de consumidores han comenzado también a recibir quejas. “Suelen ser por dilación en el tiempo de entrega, deterioro del paquete y falta de transparencia en la tributación”, comenta Eugenio Ribón, responsable jurídico de Ceaccu, y que tiene en su poder decenas de protestas.

Las compras hechas fuera de la Unión Europea son aún pocas, pero ya acumulan un porcentaje desproporcionado de quejas: en 2015, un 12% de los españoles compró por Internet fuera del continente, sin embargo, esas compras acumularon en 22% de las quejas registradas en la Oficina Europea del Consumidor (los datos de toda la UE son un 9% de compras y un 13% de protestas). Una portavoz de Justicia y Consumo del Parlamento Europeo explica que es muy difícil prever si las quejas seguirán aumentando, pero parece claro las transacciones transfronterizas, al menos por Internet, sí lo harán: han pasado de 4% a ese 9% entre 2009 y 2015. En España, de hecho, el salto ha sido mucho mayor: del 3% al 12% actual.