La Audiencia de Madrid debate quién se encarga de la investigación de Rato

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estudiará este lunes, a puerta cerrada, si debe ser la Audiencia Nacional o los Juzgados de Madrid los que asuman la causa que investiga al exvicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales, han informado fuentes jurídicas.

La investigación recayó en un primer momento en el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que decidió inhibirse a favor del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga a Rato en otras dos causas: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que con los datos que se conocen ahora, fruto de la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no es posible saber si el delito de blanqueo de capitales atribuido al exvicepresidente económico se cometió en el extranjero, en cuyo caso la competencia sería de la Audiencia Nacional. Además, la Fiscalía alega que el fraude fiscal y el alzamiento de bienes que apunta la ONIF no provocan una “grave repercusión en la economía nacional”, condición básica para que el delito pueda ser investigado en la Audiencia.

En opinión del Ministerio Público, si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia" por lo que deberían aplicarse "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias". "Es obvio que si en un proceso con multitud de imputados, del tipo que se vienen en llamar macroprocesos, introdujéramos, además, los eventuales delitos fiscales u otros cometidos también por los imputados, la instrucción del procedimiento devendría inmanejable y, desde luego, carente de la eficacia que debe tener una investigación judicial".

Apunta también que "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional o a una generalidad de personas.  Destaca además la importancia de "aquilatar" en la instrucción si el delito presuntamente cometido por el exvicepresidente primero del Gobierno fue cometido en el extranjero y guarda una conexión directa con una actividad delictiva previa de Rato.