Una fortuna bajo sospecha
El juez Ruz investiga al hijo mayor del ex presidente por supuesto blanqueo y encarga a la policía interrogar a 17 contratistas de organismos públicos catalanes
La confesión de culpa y por escrito del ex presidente catalán Jordi Pujol i Soley sobre una herencia no declarada a Hacienda durante 34 años, y regularizada ahora por alguno de sus hijos, ha desencadenado todo tipo de sospechas sobre el origen real de los fondos que ocultaba la familia en el extranjero.
El confuso comunicado que hizo público el pasado viernes el ex presidente Pujol i Soley para confesar el grave delito fiscal cometido impide vincular los fondos no declarados por su familia —supuestamente 3,4 millones de euros que ingresaron en un banco de Andorra, según La Vanguardia— con los negocios de algunos de los hijos que investigan los jueces.
La Audiencia Nacional abrió una causa hace 19 meses sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, a raíz de una denuncia presentada por su ex amante María Victoria Álvarez Martín sobre supuestas operciones de blanqueo de capitales que presenció en distintos viajes a Andorra, Londres, México y Buenos Aires.
El juez Pablo Ruz consideró la denuncia “genérica e indeterminada”. En ella, la ex amante de Jordi Pujol relataba cómo había visto una mochila con gran cantidad de billetes de 500 euros en un viaje de Lérida a Madrid pasando por Andorra; citaba una reunión con una persona en Londres que al parecer se dedicaba “a blanquear dinero” en las islas del Canal, y apuntaba un desplazamiento a Argentina para hacer inversiones en el Puerto de Rosario.
Los datos aportados en la denuncia, según el juez, resultaban “manifiestamente insuficientes e inconcretos” para abrir una causa. Pese a ello, la sección tercera de la Audiencia Nacional le obligó a investigar los hechos ante un recurso de la Fiscalía contra el archivo que había decretado el magistrado.
Con los primeros informes que encargó a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía sobre las sociedades y las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer, Mercè Gironès, con la que compartía la propiedad de cinco empresas distintas, el juez abrió una nueva línea de investigación.
El saldo de las cuentas de la pareja se multiplicó por 100 en cuatro años
Dos de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola —Iniciatives, Marketing i Inversiones, y Project Marketing Cat— habían ingresado cerca de 14 millones de euros entre 2004 y 2012. Muchos de sus clientes, hasta 17 sociedades, habían declarado en sus cuentas “ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”.
Además, el magistrado tiene acreditados movimientos de dinero a 13 países, entre ellos algunos paraísos fiscales como Luxemburgo, islas Caimán, Suiza o Liechtenstein, que suman 55 millones de euros en las distintas cuentas bancarias de Jordi Pujol y su exmujer, ambos imputados en la causa.
A raíz de este descubrimiento, el juez ordenó a la UDEF que interrogará a los representantes de las 17 empresas contratistas de administraciones públicas catalanas que habían pagado por distintos servicios a las sociedades de Pujol Ferrusola y que remitieran un informe con el resultado.
Las empresas investigadas son Ascot Inversions S.L., Cementos Esfera S.A., Cons. Materiales y Pavimentos Inmobiliarios S.L., Copisa Constructora Pirenaica S.A., Famguega S.L., GBI Serveis S.A., Grupo Isolux Corsan S.A., Life Mataró S.L., New-Piave Seis S.L., Novensauro Inmobles S.L., Simper Office S.L., Bulk Mines and Minerals S.L.U., Copisa Proyectos y Mant. Industriales S.A.U, Emte S.A., Inverama S.L., Isolux Ingeniería S.A. y Trade Management Consulting S.L.
Una denuncia “inconcreta” abrió la investigación por blanqueo
La Fiscalía Anticorrupción remitió un informe al juez Ruz con el historial patrimonial de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer en el que destacaban que los saldos en las cuentas bancarias de ambos se habían multiplicado por más de 100 en apenas cuatro años: habían pasado de 106.000 euros en 2008 a 12 millones en 2012.
El juez Ruz todavía no ha citado a Jordi Pujol Ferrusola y a su es mujer para interrogarles sobre su lucrativa actividad mercantil y los movimientos de dinero hacia paraísos fiscales. Está a la espera de contar con todos los datos que ha recabado de distintos bancos y de las 17 empresas que contrataron servicios con el hijo mayor del ex presidente catalán.
Esta investigación judicial por blanqueo de capitales de Jordi Pujol Ferrusola tiene escasa relación con algunas de las principales imputaciones recogidas en supuestos informes policiales, sin firma ni sello y cuya autoría desconoce el ministerio del Interior, donde se atribuía a la familia Pujol una fortuna de 163 millones de euros oculta en cuentas suizas.
Ruz acredita movimientos entre cuentas por más de 55 millones
Esos mismos informes anónimos atribuían al actual presidente catalán, Artur Mas, el cobro de comisiones ilegales por obras públicas y su ingreso en bancos extranjeros; también denunciaban la complicidad de jueces y fiscales para no investigar esos supuestos delitos; y apuntaban el fraude fiscal cometido por determinados dirigentes de medios de comunicación catalanes.
Un amaño de contrato tumbó al delfín
Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente catalán llamado a sucederle como gran líder político de Convergència Democrática de Catalunya, sucumbió a la investigación judicial abierta por el supuesto intento de amaño en la adjudicación de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña.
Su imputación le llevó a dejar sus cargos en Convergència, donde era secretario general adjunto, en marzo de 2013. Quince meses después, y sólo unos días antes de que su padre hiciera públicos sus pecados fiscales, Oriol Pujol abandonó su escaño en el Parlamento catalán.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que había indicios suficientes de que Oriol Pujol, “mediante la intervención de terceras personas, amigos y conocidos suyos, realizó una serie de actuaciones” tendentes a beneficiarlos para que consiguieran la adjudicación de la explotación de alguna de las estaciones de ITV en litigio. La investigación judicial abierta por el caso logró acreditar que uno de los empresarios interesados en el negocio, Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol, llegó a pagar a la mujer del dirigente de Convergència hasta 200.000 euros por “asesoramiento”.
Oriol Pujol, según la resolución judicial, trabajó para denegar la autorización de la explotación de una estación de ITV a una empresa rival de Sergi Alsina, y diseñó un nuevo plan territorial que preveía un mayor número de estaciones para que todos sus amigos salieran beneficiados. “Coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política” a la trama empresarial corrupta, según los argumentos del auto de su imputación.
El caso que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el exdiputado de CiU y exsecretario general de Convergència no tiene relación con la fortuna oculta de la familia Pujol Ferrusola en el extranjero.
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