Un legado dañado

Dieciséis meses después de haber sido imputado en el caso ITV, Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha renunciado a su cargo de secretario general de Convergència y al acta de diputado. La razón esgrimida —no dañar el proceso soberanista— es exactamente la misma que ya adujo para “apartarse temporalmente” de la presidencia del grupo parlamentario y delegar sus funciones de secretario general al ser imputado por cohecho y tráfico de influencias.

Es un argumento que resulta tan poco convincente ahora como entonces. A nadie se le oculta que la causa prosperaba de forma muy poco favorable para el imputado por la aparición de nuevas evidencias y la imputación de su esposa, con graves repercusiones para la imagen de Convergència. Con la dimisión pierde el aforamiento y la causa vuelve al juzgado de instrucción que lo inició, lo que alienta la sospecha de que la dimisión se deba a una estrategia para dilatar el proceso.

En cualquier caso, la decisión tiene un gran significado político. Parece poco probable que el que había sido investido como sucesor de Artur Mas al frente del partido y del expresidente Pujol en la saga familiar pueda volver a encarnar esas expectativas. Máxime teniendo en cuenta que la dimisión se produce justo cuando las investigaciones que lleva a cabo el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional plantean gravísimas sombras sobre la actuación del entorno familiar del expresidente Pujol. Entre otros asuntos, se investigan los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y el origen de los 32,4 millones de euros que desplazó entre 2004 y 2012 en 118 movimientos bancarios, algunos de ellos en paraísos fiscales.

Habrá que esperar a que la justicia aclare todos los asuntos que se investigan para hacer un juicio definitivo, pero no cabe duda de que tanto el proceso soberanista como los procesos judiciales que afectan al entorno familiar y que avanzan en paralelo están dañando el legado de una de las figuras más prominentes de la política española. Su inesperado viraje hacia posiciones independentistas y de ruptura cuestionan un legado político basado en la capacidad de diálogo y de pacto; y las investigaciones judiciales enturbian también el personal, porque proyectan la sospecha de si su entorno más próximo utilizó el poder político que ejercía para lucrarse de forma ilegítima.