El Gobierno prosigue con la extradición a Argentina de torturadores franquistas

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes continuar con el proceso de extradición de los dos policías españoles reclamados por Argentina por delitos de torturas durante el franquismo. El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado via libre a la Audiencia Nacional para que tramite la petición sobre el ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, reclamado por un delito de torturas sobre 13 personas detenidas entre 1971 y 1975, y sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que supuestamente maltrató a Andoni Arrizabalaga, ya fallecido, en el cuartel de Zarautz (Gipuzkoa) en 1968 y 1969. Las extradiciones habían sido solicitadas el pasado 18 de septiembre por la juez argentina María Servini.

La decisión del Ejecutivo es de mero trámite y no significa la entrega de los dos imputados. El juez Pablo Ruz deberá citar a los dos expolicías para preguntarles si desean ser entregados a Argentina. Como probablemente los imputados rechazarán su extradición, la causa debería ser estudiada por la sala de lo Penal de la Audiencia en una vista de extradición. En caso de que las autoridades judiciales negaran la solicitud de entrega, la causa quedaría cerrada. Si, por el contrario, los jueces atendieran la reclamación argentina, la última palabra la tendría de nuevo el Consejo de Ministros.

La reclamación, que también se extendía al exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González, ya fallecidos, volverá ahora a manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en quien recayó el caso por turno de reparto. El pasado 24 de septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró "innecesaria" la detención de Pacheco y Muñecas, que había sido solicitada por la juez argentina a través de Interpol.

El ministerio público sostenía que los imputados pueden estar amparados por la ley española de Amnistía de 1977. Además, consideraba la físcalía, las órdenes de arresto no se ajustaban a las exigencias formales del convenio bilateral de extradición con Argentina, de 1987, y de la Ley de Extradición Pasiva, de 1985, que regula la entrega de personas desde España a terceros países.