Asturias se suma a Cataluña y Andalucía y da el primer paso para recusar a Cobos

La avalancha de recusaciones motivada por la militancia en el PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no para de crecer. Asturias se sumó este martes a Cataluña y a Andalucía y dio el primer paso para recusarlo.

El Ejecutivo del socialista Javier Fernández ya ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Principado para estudiar la viabilidad de ese procedimiento. El objetivo, según lo acordado por el Consejo de Gobierno, consiste en “apartarle del conocimiento” de los cuatro litigios que deberá resolver el alto tribunal y en los que Asturias es parte. Entre ellos, se encuentran dos recursos de carácter eminentemente político contra los recortes en sanidad y educación aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012. El Principado entiende, por tanto, que la resolución puede estar contaminada por “la ideología” del magistrado, quien pagó cuotas de afiliación al partido mayoritario hasta 2011.

“La decisión”, señala el Ejecutivo regional, “está motivada por la militancia en el PP de Pérez de los Cobos, en tanto su ideología política pudiera hacer quebrar la imparcialidad judicial necesaria para juzgar” los procedimientos abiertos en esa jurisdicción.

Después de que lo acordara su antecesor en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos, Fernández decidió, en julio de 2012, recurrir a la justicia para tratar de paralizar los decretos con los que el Gobierno de Mariano Rajoy validó unos recortes que llevaron a la exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario público y pusieron en marcha el copago farmacéutico.

Asturias también busca la recusación del actual presidente del Constitucional en una cuestión que afecta directamente a la política regional. El Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre depósitos bancarios publicado el pasado diciembre. Se trata de un nuevo tributo autonómico por el que el Principado calcula una recaudación de alrededor de 30 millones de euros en 2013. Tras decretar una suspensión temporal del impuesto, a principios de julio el alto tribunal levantó ese veto a la espera de una resolución del litigio. Por su parte, el Gobierno regional presentó otro recurso sobre el tributo estatal a los llamados depósitos a tipo cero, introducido por Hacienda para evitar que las comunidades puedan aplicar un impuesto autonómico.

La militancia de Pérez de los Cobos ha desatado una oleada de impugnaciones desde que el pasado 17 de julio EL PAÍS informara sobre su condición de militante del PP. El Gobierno ha defendido desde entonces que esta circunstancia no le inhabilita. No obstante, varias Administraciones y defensas particulares ven una clara incompatibilidad. La Generalitat de Cataluña anunció que solicitará la recusación del máximo responsable del tribunal en 24 litigios en los que la Administración catalana es parte. La Junta de Andalucía decidirá caso por caso en los más de 15 litigios abiertos. El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió al tribunal que anulara la decisión sobre su condena por las escuchas del caso Gürtel.

Los argumentos de todos los afectados coinciden con los del Principado, que ve “imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal”. Todo, con “el agravante de que ocultó su militancia durante la sesión del Senado previa al nombramiento”.