La asistencia a los refugiados está en riesgo por la morosidad de las ayudas

Cada día, miles de personas salen de su país aterradas y dejan todo atrás. Necesitan cobijo porque su vida corre peligro. Demandan asilo. El número de solicitudes de protección internacional ha disminuido en España en un 65% respecto a 2001. Cada vez hay más controles, por lo que es más difícil llegar a la frontera. El año pasado, 2.588 inmigrantes pidieron ser acogidos, un 24,37% menos que en 2011, pero el Ministerio del Interior solo resolvió 230 a favor. "Las cifras demuestran que aquí los estándares son mucho más restrictivos que en el resto de la Unión Europea", relata Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la principal ONG del sector, que lleva 35 años atendiendo a esta población a lo largo de todo el país. La organización no pasará de septiembre si las Administraciones no saldan el millón de euros que le adeudan.

Ahmed Yaffa prefiere no dar su apellido. Tiene 29 años y aterrizó en el aeropuerto de Barajas en 2009 procedente de Siria. Allí había llegado un año antes desde Gaza. Había huido ante el peligro que corrían los palestinos en general —"en esas fechas los israelitas mataron a 1.500 personas", cuenta— y él en particular. Defensor de los derechos de su pueblo y muy crítico con la autoridad palestina, había sido detenido hasta siete veces "por ambas partes", recuerda Ahmed. Así que consiguió un visado para hacer escala en Madrid de camino a Cuba y, nada más pisar España, pidió protección internacional. Sabe que ha tenido suerte: en solo siete meses le fue concedido el asilo.

La legislación española establece que esta condición debe reconocerse a quienes tengan temores fundados de ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, género u orientación sexual o por pertenencia a determinado grupo social.

La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de Interior, gestiona los expedientes. Una comisión interministerial en la que participa, con voz pero sin voto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) determina si la resolución es positiva o negativa. Interior sostiene que el 98% de sus decisiones coinciden con las de ACNUR. Fuentes del alto comisionado replican que las discrepancias son elevadas y que en esos casos no se suele seguir su consejo.

Durante el proceso, los solicitantes han de ser atendidos por un abogado. CEAR asesora legalmente de forma gratuita a unas 7.000 personas cada año. Además, cuenta con 300 plazas de acogida que reciben anualmente a más de 700 refugiados. La organización también promueve su integración social para garantizar una vida autónoma a unos 15.000 inmigrantes al año. "Yo creo que el 90% de quienes pedimos protección internacional en España tenemos algún tipo de contacto con CEAR: sus trabajadores nos dan clases de español, nos ayudan a buscar trabajo, nos asisten psicológicamente…", señala Ahmed Yaffa. Todo eso está en peligro. Fuentes de ACNUR consideran que la desaparición de esta ONG generaría un vacío "muy difícil de cubrir". Galán, secretaria general de la organización, se manifiesta en la misma línea y asegura que el cierre, además de poner a sus 148 trabajadores en la calle, supondría un "verdadero drama social".

Deberían incluir a las ONG en el plan de pago a proveedores. Estamos desempeñando servicios sociales que deberían ser públicos Estrella Galán, secretaria general de CEAR

Para evitar que esto suceda, Galán reclama 1.100.000 euros en subvenciones a las Administraciones. Según explica, hay deuda acumulada incluso desde 2009 y los más morosos son el Ayuntamiento de Madrid (270.000 euros), la Generalitat Valenciana (100.360) y el Gobierno canario (100.000 euros). Galán defiende que es preciso cambiar el modelo e incluir a las ONG en el plan de pago a proveedores impulsado por el Ejecutivo. "Estamos desempeñando servicios sociales que deberían ser públicos. Además, somos la única organización en nuestro país que recurre a organismos europeos para denunciar violaciones de la protección internacional", añade.

Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR, insiste en que el mayor lastre para el derecho al asilo es que España, y la Unión Europea, se han convertido "en una fortaleza", por lo que "resulta muy complicado solicitar refugio". Una vez aquí, "también es difícil que lo concedan", continúa.

Una guineana de 28 años, que prefiere no revelar su identidad, sabe bien de lo que habla Favieres. Ella consiguió llegar a Madrid en 2009, cuando, después de una matanza en su país, la llamaron por teléfono y le dijeron: "Sal corriendo. Tu marido ha hecho algo muy grave y van a ir a buscarte". Su solicitud de asilo fue denegada en octubre. Sigue asustada y muy nerviosa. No tiene papeles y vive una situación de angustia constante. Ahora sobrevive gracias a la ayuda de CEAR. Y se lamenta: "No sé qué voy a hacer si desaparece".