También es la pela

Las relaciones fiscales entre Cataluña y España acabaron por prender la mecha del soberanismo en la legislatura que ahora se cierra. “No es la pela, pero también”, resume el expresidente Jordi Pujol. Con un nuevo sistema de financiación autonómica que todavía estaba engrasándose, el Gobierno de Artur Mas hizo de la consecución del concierto económico su principal proyecto. La propuesta de crear una Hacienda catalana no pasó de la reunión del 20 de septiembre en La Moncloa, en la que Mas se topó con una negativa rotunda del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La demanda de una mejor financiación ha sido una constante de todos los Ejecutivos catalanes. Y para ello se han valido de las balanzas fiscales, la diferencia entre lo que aportan y reciben los catalanes al Estado. Ese saldo es el producto de numerosas relaciones económicas, desde el modelo de financiación hasta las inversiones del Estado.

La Generalitat estima el déficit fiscal de Cataluña en el 8,5% del producto interior bruto (PIB), aunque el economista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ángel de la Fuente lo rebaja al 5,5% del PIB. “No es tan dramático como se pinta”, dice el investigador, quien destaca que el “saldo resultante” se debe también al nivel de renta de los catalanes, que es más alto que el del conjunto de España. “Claro que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios. Lo que algunos parecen olvidar es que en los países federales, o multinivel, los ciudadanos pagan impuestos tanto al Gobierno federal como al territorial”, replica el exconsejero Antoni Castells, quien considera que “la lógica de un Gobierno democrático, en el terreno fiscal, es que pide impuestos a sus ciudadanos para prestar servicios a estos”.

Por primera vez la Generalitat podría no liderar la negociación de un nuevo modelo de financiación

Otra causa del saldo fiscal es la inversión en infraestructuras. “La actuación del Estado en el territorio tiene consecuencias lesivas”, sostiene Elisenda Paluzie, investigadora del Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales de la Universidad de Barcelona. Paluzie recuerda que el Gobierno adeuda a Cataluña 1.689 millones por obras no ejecutadas entre 2008 y 2010. “Sufrimos el virus jurídico a pie de página”, dice refiriéndose a los pactos entre Gobiernos que acaban por no cumplirse. “Puede haber acuerdos, pero cuando hay que ejecutarlos, los recursos son los que son”, se justifica el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

En 2013 se abrirá el proceso para renovar el modelo de financiación. Si el nuevo Ejecutivo catalán decide no participar, será la primera vez que la Generalitat no lidere esa negociación. “El sistema se puede mejorar. Hay mucho sobre lo que podemos ponernos de acuerdo, pero sin las posiciones maximalistas del pacto fiscal o la independencia”, advierte Pérez Renovales. La mera revisión del sistema ya no basta para la mayoría del arco parlamentario catalán. Paluzie opina que un Estado de “soberanías compartidas” como Suiza hubiera sido “una solución”. “Pero no es posible”, avisa. “El federalismo quizás puede servir aún como modelo de un pacto bilateral de autogobierno en España; en cambio, está agotado como proyecto de transformación del Estado impulsado desde Cataluña. En todo caso son los españoles los que deben hablar. It’s up to you”, lanza Castells.