Una política insuficiente

El cumplimiento de los objetivos de estabilidad acordados con Europa exige esfuerzos importantes tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. A su vez, los esfuerzos de consolidación fiscal que estas últimas puedan realizar dependen no solo de su propia voluntad sino también de una actitud colaboradora por parte del Gobierno central, en particular en lo que concierne a la definición de los marcos regulatorios de su competencia. A continuación me concentraré en este segundo aspecto.

Desde las autonomías se ha venido insistiendo en que el Gobierno central no puede aspirar a impulsar la reducción del déficit de las mismas y, a la vez, a mantener un marco regulatorio que condiciona enormemente sus Presupuestos. La combinación de una honda tradición de dirigismo con la desconfianza hacia las autonomías ha llevado a una determinación desde el centro, y en extremo detallista, de las estructuras de gasto de las autonomías (hay algo de mito en la idea de que estas disponen de grandes márgenes de libertad en la confección de sus Presupuestos). La consecuencia es que, mientras en una primera fase de austeridad es posible realizar algunos ahorros sin modificar el marco jurídico básico, y en Catalunya así lo hemos hecho (con una caída del gasto departamental del 9,35% el año 2011), si no se modifica este marco las posibilidades de ajuste en las grandes partidas de gasto se agotan pronto. Con la aprobación del Decreto Ley del 20 de abril (el de los famosos 10.000 millones de euros), el Gobierno dio un paso en la dirección correcta. Pero ha sido un paso excesivamente tímido, y que no responde a la magnitud del reto que el momento nos impone. Desde una autonomía que lleva dos años implementando programas de austeridad difíciles y severos (incluyendo este mismo año un recorte de salarios públicos), quiero decirle al Gobierno, alto y claro, que las medidas se quedan muy cortas y que así no se nos ayuda suficientemente. ¿Con qué autoridad moral se pretenderá después exigir a las autonomías?

Tomemos un ejemplo concreto y clave: el del copago sanitario. Si es evidente que su ampliación es inevitable, ¿de qué sirve enredarse en distinciones semánticas entre “copago sanitario” y “copago farmacéutico”? o condicionarlo al nivel de renta de forma tan moderada que lleva a enunciados chocantes como “los trabajadores activos con una renta superior a 100.000 euros solo pagarán el 60% por su farmacia” (cierto, ahora pagan el 40%, pero es que en los tiempos que corren, y sujeto a un techo, podrían pagar el 100%). Conviene saber que el copago existe, más extensamente que aquí, en la mayoría de países europeos (incluida, y no es una observación baladí, Alemania). Es, además, necesario para la sostenibilidad del sistema. Lo es en el corto plazo, ya que constituye la única forma significativa de aumentar los ingresos para la financiación de la sanidad sin reducir la oferta de prestaciones (y en algunos casos con el beneficio añadido de racionalizar la demanda), y lo es en el medio plazo, ya que los patrones internacionales y la investigación en la materia indican que el gasto sanitario aumentará de forma quizás gradual pero en cualquier caso segura. No va a ser posible en el futuro canalizar su financiación estrictamente a través de los recursos fiscales de carácter general.

Por supuesto hay muchas modalidades de copago y conviene afinar. Así, ya que no la gratuidad, es fundamental que la universalidad quede garantizada. Quien no pueda pagar no debe quedar sin protección. Es una característica esencial de la sociedad en la que queremos vivir, y es plenamente compatible con grados moderados de copago. Para que conste, deseo señalar que, en su momento, desde Catalunya pedimos que las medidas del 20 de abril incluyeran instancias de copago sanitario adicionales a las que se establecieron (por ejemplo, propusimos una tarifa de 5 euros por día de hospitalización). Nos decepciona que no se recogieran nuestras sugerencias. Tarde o temprano, abandonadas inhibiciones y eufemismos, se acabarán imponiendo. En las circunstancias actuales nos parece poco valiente no haberlo hecho ya.

Concluyo advirtiendo que podrían hacerse observaciones en otros ámbitos. Así, mientras el tenor general de las iniciativas universitarias merece una consideración positiva, resulta incomprensible, en cambio, que no se contemple la introducción de la euroviñeta, una iniciativa europea, ya introducida en varios países, que grava con una tasa la utilización de infraestructuras viarias por parte de vehículos de gran tonelaje.

Andreu Mas-Colell es consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.