TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pascual Sala afirma que los recortes "afectan" a los derechos fundamentales

El presidente del Constitucional espera que la repercusión en los servicios básicos "se haya estudiado"

Esteban Morcillo, Pascual Sala y Gabriela Bravo, antes de la conferencia en la Universidad de Valencia.
Esteban Morcillo, Pascual Sala y Gabriela Bravo, antes de la conferencia en la Universidad de Valencia.MANUEL BRUQUE (EFE)

Los recortes presupuestarios en los servicios básicos “indudablemente afectan a los derechos fundamentales” porque existe “una relación” entre estos y las prestaciones que el Estado realiza a los ciudadanos. “Su repercusión, supongo que se habrá estudiado y que podrá calibrarse en lo sucesivo”, continuó el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala. “Yo no he estudiado los presupuestos, no me ha dado tiempo, y tardaré bastante en estudiarlos porque no es mi cometido, pero sin duda alguna tiene relación, por supuesto”, añadió.

Pascual Sala no eludió ninguna pregunta de los periodistas antes de entrar en el paraninfo de la Universitat de València para impartir una conferencia que versaba, precisamente, sobre la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en el seno de Claustre Obert, espacio de debate creado por el EL PAÍS y la institución académica que, en esta ocasión, contó con la colaboración de la Asociación para la Transparencia la Integridad la Gobernanza (ATIG).

Después, en el coloquio, también se mostró muy solícito ante el numeroso público. El rector de la Universitat, Esteban Morcillo, ejerció de anfitrión y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, presentó a su “maestro y amigo”.

En su intervención, el jurista valenciano,  de 76 años y que lleva 48 ejerciendo, desgranó las garantías frente a la ley y los poderes públicos que contempla la Constitución, antes de entrar en un análisis más pormenorizado de algunas sentencias del alto tribunal particularmente sensibles y polémicas con la vulneración de los derechos fundamentales.

No fue casual la elección de los casos ni la defensa que hizo Sala de la protección de los derechos fundamentales ante cualquier otra circunstancia.

Citó sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la huelga de los trabajadores de una publicación; sobre el deber de entrar a valorar si ha habido una desprotección en un caso de torturas; sobre el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, cuyo conflicto debe resolver el Constitucional; sobre la conculcación de un derecho fundamental como la libertad religiosa e ideológica en los casos de profesores de religión, que son pagados por la administración pero son nombrados por la Iglesia, y no fueron renovados en su trabajo; sobre el derecho a la participación, “contenido esencial que no puede ser negado por el legislador democrático”, de una agrupación política en asuntos públicos; o sobre el derecho de amparo que fue restringido por una ley de 2007 para no convertir al Constitucional en un tribunal de casación. “Los derechos fundamentales no pueden tener restricciones legislativas”, concluyó el jurista.

“¿Entiende que España está a un nivel homologable al espacio europeo?”, preguntó Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo, tras citar “jurisprudencia insatisfactoria” como la doctrina Parot. “Sí”, respondió Sala, “puede haber alguna discrepancia con el Tribunal de Derechos Humanos, pero no de constitucionalidad”. El presidente del ATIG, Manuel Lázaro, le inquirió sobre la ley de Transparencia. Sala manifestó no haberla estudiado y sugirió que el derecho a ser informado por los poderes públicos se debe regular por la propia administración y que ya hay mecanismos para combatir su conculcación.

Ana, “una ciudadana en paro”, hizo referencia al “cáncer” de la “mentira” de los políticos y de los poderes públicos y preguntó si el Constitucional puede exigir responsabilidades. Sala contestó que hay número de casos en los que colisionan el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y que el “procedimiento democrático” para cambiar a los políticos son “las elecciones”. “La mentira es reprobable pero es un concepto relativo, no absoluto”, agregó. Maribel Doménech se interesó por cuál es “tiempo prudencial” en que el alto tribunal dictará sentencia definitiva sobre El Cabanyal. “A la mayor brevedad posible”, afirmó Sala. E incidió en que se salvaguardan los derechos de los ciudadanos al suspenderse el plan municipal.

Un ciudadano preguntó por su recurso de amparo ante el TC de dos sentencias contradictorias sobre un pleito de 1986. “Comprendo su tribulación. Hay una vulneración de derechos, pero desconozco las resoluciones”, le respondió. Tomás, estudiante de Filosofía, cuestionó si es justo que “un chabolista sufra una condena amplia por robar para comer mientras que políticos y empresarios salen mejor parados”. “Hace supuesto de la cuestión, parte de que se está tratando con injusticia al chabolista y al de cuello alto. Dígame los casos concretos”, apuntó Sala. “¿La justicia es igual para todos?”, preguntó una estudiante de periodismo. “La justicia es igual para todos; si no, no sería justicia”, afirmó.

Sobre la firma

F. B.

Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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