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100 días y una sombra de intervención

El Ejecutivo traslada que no hay margen de recortes porque el riesgo es enorme La presión de Europa y el malestar social en España ejercen una pinza

Carlos E. Cué
SCIAMMARELLA

Estaba previsto que fuera así, pero no tan pronto. Mariano Rajoy llegó al Gobierno consciente de que el riesgo de achicharrarse era enorme. No suponía un gran problema para él, un tipo “con piel de rinoceronte”, según sus fieles, un hombre que ganó las elecciones a la tercera y después de 30 años en política enfila con la presidencia del Gobierno el final de su carrera. Pero nadie pensó que eso pudiera empezar a pasar antes de los 100 días, que se cumplieron el viernes.

El fracaso en las elecciones andaluzas, con una victoria que sabe a derrota, ha sido un mazazo de tal calibre que al Gobierno y al PP le está costando mucho recuperarse. Pero esta vez no es solo una cuestión de poder. Rajoy, y con él todo su equipo, vive obsesionado por otra cosa: las especulaciones sobre la intervención de España.

En ese contexto, el fracaso en Andalucía y el evidente malestar social mostrado en las manifestaciones masivas de la jornada de huelga general preocupan por la imagen de debilidad interna que da ante Bruselas y los temidos mercados. Rajoy, que de nuevo se ha refugiado reduciendo al mínimo sus comparecencias estos días, está atrapado en una especie de pinza, según la describen algunos de sus fieles. Por un lado, Bruselas y los mercados, que le presionan para que aumente los recortes. Por otro, el malestar social en España. El PP sí esperaba que la izquierda se movilizara enseguida. Pero lo que les ha descolocado es que sea una parte de su propio electorado quien demuestre ya su enfado dándoles la espalda en Andalucía, donde han perdido 430.000 votos desde las generales, en solo cuatro meses.

El fracaso en Andalucía ha supuesto un mazazo para el PP

La subida de la prima de riesgo, las dudas sobre España expresadas por varios dirigentes europeos de alto nivel y las informaciones de varios medios internacionales alertando de los problemas españoles tienen al Gobierno sobresaltado. Se ha llegado con la lengua fuera a los 100 días, el momento en que, en condiciones normales, un Gobierno empieza a asentarse.

El último golpe ha sido la exigencia del BCE para que los Presupuestos se tramiten “con legislación de emergencia” y así se puedan aplicar ya los recortes. A los europeos nunca les gustó que Rajoy retrasara los Presupuestos hasta después de las andaluzas. Siempre creyeron que España estaba perdiendo demasiado tiempo antes de empezar a recortar.

El Gobierno está convencido de que con Bruselas se puede recuperar el crédito. La reforma laboral y los Presupuestos, los más duros de la democracia, señalan, son un mensaje clarísimo. Y el apoyo que ayer recibieron del todopoderoso ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, supuso un gran alivio.

Más preocupan los mercados, con los que no hay negociación posible. Rajoy, como Zapatero, vive así pendiente de la prima de riesgo y de los recurrentes tambores de intervención, un riesgo que nadie ve aún como real.

Rajoy, de nuevo, ha reducido al máximo sus comparecencias

Convencer a la vez a Bruselas y a los españoles es muy difícil. Por eso en el Ejecutivo, tras el golpe de las andaluzas, se ha instalado un debate de fondo: ¿Hay que contarle a los ciudadanos realmente cómo están las cosas? ¿Hay que hablar del riesgo de intervención? ¿Conviene explicar que la presión de Bruselas es de tal calibre que no hay margen para hacer otra cosa? De momento, el viernes ya se endureció el tono al presentar los Presupuestos —Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro hablaron de “situación límite” y “crítica”—. Pero aún no se ha llegado a pronunciar la palabra tabú, “intervención”, porque creen que generaría una psicosis que podría ser muy perjudicial en los mercados.

Algunos miembros del Ejecutivo, cada vez más preocupados, no dejan de darle vueltas a la idea de que tienen un problema de comunicación —es lo primero a lo que se apela siempre en política cuando las cosas no van bien— y quieren encontrar la manera de que los ciudadanos entiendan realmente la gravedad de la situación. Algunos creen que el presidente debe salir más a explicar los recortes. De momento, el PP ya se ha puesto en marcha para intentar ayudar y, ayer, Dolores de Cospedal organizó una reunión interna para defender los Presupuestos, que calificó como “un acto de responsabilidad, valiente”.

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“Yo no sé si lo explicamos bien o mal, pero no nos engañemos, estamos aguantando gracias a la respiración asistida de la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo. Si no fuera por eso, esto revienta. No tenemos margen para nada, mucho menos para echarnos atrás y matizar la reforma laboral, por ejemplo. Y eso lo saben los sindicatos, lo sabe el PSOE y lo sabe todo el mundo que tiene alguna responsabilidad”, señala un miembro del Ejecutivo.

Rajoy ha entrado ya en la fase similar a la de Zapatero en que la solo repetía una y otra vez un mensaje: mi único objetivo es salvar a España de la intervención. Claro que el presidente actual lo ha hecho antes de cumplir 100 días en el cargo y él, al contrario que su antecesor socialista, no lo dice abiertamente en público. Hay otra diferencia abismal: Rajoy tiene una mayoría absoluta recién lograda, un poder enorme en las autonomías, un crédito político y una legitimidad muy amplia para llevar a cabo reformas y tres años y medio hasta las próximas elecciones generales.

La liquidez que llega de Europa es la excusa que todos ponen para justificar la necesidad de obedecer. Angela Merkel, en la reunión clave en Berlín con Rajoy del 26 de enero, le garantizó que esa liquidez se mantendría. Ella tiene la llave política para presionar al BCE. A cambio, Rajoy le ofreció acelerar la aprobación de una durísima reforma laboral. Ya entonces temía que podía costarle una huelga general. Pero nunca pensó que además le costaría el poder en Andalucía. Los intentos de Javier Arenas y sus fieles en el Gobierno —Fátima Báñez y Montoro— por suavizar esa reforma fueron en vano. Europa presionó muchísimo, y Luis de Guindos, el negociador con Bruselas, ganó al menos parcialmente esa batalla. Pero el coste político ha sido muy alto.

“¿Hay que contar cómo están las cosas realmente?”, debate el Ejecutivo

Algunos miembros del gabinete admiten que el desgaste es real, pero aseguran que es asumible, de momento. Recuerdan que Aznar también tuvo desgaste al llegar al Gobierno en 1996. Si la economía se recupera, se crea empleo y el PP puede incluso bajar impuestos a final de legislatura, como ha prometido, el desgaste se habrá olvidado, señalan en ese flanco del Gobierno.

Un integrante del Ejecutivo, preocupado tras el fracaso en las andaluzas, admite que se llega a los 100 días con un deterioro importante, pero trata de mirar más allá y pensar a dos años vista: “Si hay intervención, evidentemente, nosotros estamos muertos. Pero eso es lo de menos. Una generación entera de españoles se iría al garete, y ahí ya da igual las huelgas que puedas hacer. Te bajan pensiones, recortan el desempleo, obligan a despedir a empleados públicos en masa, a subir más impuestos... Se tarda 10 o 15 años en salir de una cosa así, basta ver lo que está pasando en Grecia o Portugal. Te viene la troika y no se conforma con nada”.

Convencer a la vez a los españoles y a Bruselas es muy difícil

La Moncloa, en una actitud muy política, sigue intentando aguantar frente a esa presión europea y está evitando de momento algunas cuestiones muy sensibles que sin duda supondrían riesgo real de fractura definitiva con su electorado. Como recordaron Santamaría y Montoro al presentar los Presupuestos, no se toca de momento el seguro de desempleo, ni las pensiones, ni se baja el sueldo de los funcionarios, ni se sube el IVA. Detrás de cada una de esas enormes partidas hay decisiones políticas de resistencia a la presión de Europa. Pero nadie sabe cuánto podrán aguantar.

Los técnicos de Bruselas se han convertido en el epicentro de todas las críticas. Desde el Ejecutivo se les ve como dirigentes alejados de la política, de la opinión pública, que tienen sus modelos económicos y sus planteamientos muy ideologizados y no atienden a la realidad. Por eso, algunos miembros del Ejecutivo, aun admitiendo que una huelga general no es buena para ningún Gobierno, creen que al menos puede servir para mentalizar a esos técnicos de Bruselas. “Ellos dicen que no estamos haciendo casi nada. Bueno, creo que les habrá llegado el mensaje de que a nadie le hacen una huelga general por no hacer nada”, sentencia un dirigente.

“Estamos aguantando gracias a la barra libre del BCE”, dice un ministro

El Ejecutivo, en cualquier caso, está muy sorprendido por la velocidad de su desgaste. Sobre todo porque insisten, con datos objetivos, en que nadie les puede acusar de no haber tomado decisiones desde el primer minuto.

Algunas de ellas han sido muy políticas, muy pensadas, tratando de arrebatar el mensaje a la izquierda subiendo los impuestos del capital o el IRPF a las rentas más altas, limitando el sueldo de los ejecutivos de bancos con ayudas, aprobando la ley de transparencia que el PSOE no se animó a sacar, promoviendo los créditos para pagar a proveedores que alivian a las autonomías...

El Ejecutivo cree que impulso político no le ha faltado y, además, ha contado no solo con su mayoría absoluta sino con el apoyo de CiU y otros para muchas normas, en especial la reforma laboral. Por eso preocupa tanto la deriva soberanista de los nacionalistas catalanes.

Sin embargo, las medidas impopulares y la situación económica, en la que el propio Gobierno admite que este año se rozarán los seis millones de parados, parece haber podido más que cualquier intento del Ejecutivo por conservar ese impulso enorme que le dio su espectacular resultado electoral.

“Mi único objetivo es salvar España”, repite el líder como hacía Zapatero

Aunque algunos también admiten que el propio funcionamiento del Gobierno, con una importante descoordinación en ocasiones, ha facilitado ese desgaste. La batalla evidente entre Guindos y Montoro, la presencia de algunos ministros que tienen tanta trayectoria que van por libre, como el de Exteriores, Juan Manuel García Margallo, o el de Interior, Jorge Fernández Díaz —muy criticado en la derecha por hablar de la “dimensión política” del problema de ETA— y las dos estrellas de las grandes polémicas mediáticas, José Ignacio Wert (Educación) y sobre todo Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), en una desconocida faceta de protagonista de la contrarreforma conservadora, forman un cóctel de un Ejecutivo con varios frentes abiertos.

A pesar de todo, el Gobierno sigue contando con una comodísima mayoría absoluta y una gran ventaja política: el PSOE, pese a la alegría que se ha llevado en Andalucía, sigue bajo mínimos en las encuestas, apenas tiene poder y no es rival real después de haber sufrido el mayor batacazo de su historia hace solo cuatro meses.

La Semana Santa servirá para refrescar ideas, pero en el PP y el Ejecutivo la presión para retomar el pulso es cada vez más fuerte. “Empiezan las curvas de verdad, y ahora vienen los recortes autonómicos, en sanidad y educación. Las autonomías están dispuestas a todo, copagos incluidos, están muy ahogadas, y habrá que frenarlas desde el Gobierno”, sentencia otro responsable.

Los 100 primeros días han sido cortos, intensos, y durísimos para La Moncloa y aún más para la economía y los ciudadanos afectados por los recortes y el paro. Los próximos 100 no parecen mucho mejores. Rajoy, como antes Zapatero, se la juega a una carta: ganarle a la crisis.

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