El Gobierno inyecta 3.400 millones para ayudar a los municipios a pagar deudas

El presidente Rodríguez Zapatero hizo los anuncios el martes durante el debate del estado de la nación, y el Consejo de Ministros los aprobó ayer. El Gobierno ha impulsado medidas para aliviar la situación de los que no pueden pagar su hipoteca, para enjugar la deuda de los Ayuntamientos con sus proveedores, para fomentar la actividad de los emprendedores y para asegurarse de que las comunidades autónomas no empeñarán el ajuste fiscal. Con estas iniciativas, el Gobierno trata de tomar impulso en el último tramo de la legislatura.

- El ICO enjuga la deuda municipal con sus proveedores. El Gobierno creará una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 3.400 millones de euros para pagar directamente las facturas que el pasado 31 de abril tuvieran las entidades locales pendientes de pago a pymes y autónomos. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que la nueva línea de crédito financiará primero las deudas de las pequeñas empresas, con menos de 250 empleados. También explicó que el ICO pagará directamente a proveedores a través de las entidades bancarias colaboradoras porque es un método fácil de aplicar.

El banco no podrá subastar una vivienda por debajo del 60% de su valor

Los inversores en proyectos de innovación tendrán beneficios fiscales

El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito. La medida pretende impulsar la actividad económica y especialmente la inversión en nuevos proyectos empresariales, y atender la difícil situación tanto de los proveedores como de las entidades locales.

Con esta iniciativa, el Gobierno atiende las reclamaciones que llevan meses haciendo los Ayuntamientos, especialmente el de Madrid, con mucho el más endeudado. Los números rojos de la capital suponen el 22% de los casi 29.000 millones de euros de deuda de todos los municipios de España. En septiembre del año pasado, Zapatero se negó a poner en marcha una línea de crédito similar con el argumento de que esa medida acarrearía un incremento del déficit público, "lo que va contra la Ley de Presupuestos". La Ley de Morosidad obligaba al Ministerio de Economía a poner en marcha a partir de agosto del año pasado una línea de crédito del ICO para financiar a los municipios, pero nunca cumplió con esta enmienda, que en la Ley de Presupuestos de 2011 fue derogada. La decisión del Gobierno de dotar ahora una línea para financiar a los Ayuntamientos contrasta con la prohibición a estos mismos organismos, decidida por Economía, de endeudarse hasta el 31 de diciembre de este año.

La deuda de las entidades locales con las empresas de limpieza ronda los 3.400 millones de euros, según los cálculos de Aselip, la asociación sectorial. La morosidad municipal también pesa como una losa en sectores como el eléctrico, la limpieza de interiores, la construcción o los proveedores de madera para parques.

- El Gobierno fija un techo de gasto a sí mismo y a los entes locales. El Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales. Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. Con estos datos, se supone una inflación del 1,75%, "y con ello construyes el gasto máximo que puedes tener en un Ayuntamiento". Así, el gasto en el Gobierno central y local no puede crecer más que la economía.

Organismos como la Comisión Europea y el Banco de España han recomendado que esa norma se extienda a las comunidades autónomas. La vicepresidenta Elena Salgado aduce que el Gobierno central no tiene capacidad para ello, ya que las comunidades disponen de autonomía financiera. Pero sí que se llevará esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes.

- El embargado podrá quedarse con una parte mayor del salario. El Gobierno trata de suavizar la situación de aquellos a los que se le ejecute la hipoteca por impago, se queden sin el piso y aun así tengan una deuda pendiente con el banco. La cuantía de sus ingresos que no pueden ser embargados aumenta de poco más de 700 euros a 960, lo que supone pasar al 150% del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, si existen otros familiares cercanos sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Por ejemplo, quien tenga a cargo dos familiares tendrá 1.350 euros intocables por el banco.

- El banco no podrá subastar una vivienda embargada por menos del 60%.

Además de aumentar el sueldo que no se puede embargar, los bancos que se queden con una vivienda por impago tendrán que tasarla durante la subasta en al menos un 60% de su valor, y no en el 50% como hasta ahora. Este cambio, que trata de limitar los abusos en las subastas, beneficia al que se le ejecuta la hipoteca porque se reduce la cantidad que sigue debiendo a la entidad financiera. Otra medida en la misma dirección es facilitar el acceso de más potenciales compradores en la subasta. Para ello se reduce el depósito previo necesario para participar y queda por escrito el compromiso de establecer pujas por Internet.

- Los inversores en proyectos empresariales tendrán beneficios fiscales. El Gobierno eximirá de tributar por las plusvalías durante tres años a aquellos que inviertan hasta 25.000 euros en proyectos empresariales, especialmente si son iniciativas innovadoras que favorecen el cambio de modelo productivo. Para acceder a esta exención en el IRPF, estos inversores no podrán participar "ni en la dirección ni en la gestión de las sociedades resultantes".