El cheque-geriátrico asoma la patita

Hasta dos veces menciona el programa electoral del PP la “libre elección” de los servicios sociales y de la dependencia en los pocos párrafos que dedica a esta ley. Es la misma música liberal que suena siempre que hablan de enseñanza. Libre elección. Es casi un mantra. Y en los servicios sociales significa lo mismo que en la educación: yo te doy un cheque por una cantidad de dinero y tú eliges el servicio, un camino que ya asomó en la gestión de la dependencia de la Comunidad de Madrid y en Valencia. Pero, finalmente, no es el ciudadano el que elige el centro, sino el centro el que elige al ciudadano. Como en los colegios privados, los geriátricos privados son caros y si el cheque es igual para todos, solo entrarán los que pueden pagar algo más. El resto, los pobres, se quedarán en el sistema público. La “libre elección” siempre inclina la balanza a favor de lo privado. Así que el riesgo de esta propuesta es que se consolide un sistema dual: lo privado para los que tienen recursos y lo público encaminado hacia la beneficencia que tanto costó erradicar.

El programa insiste en que se apoyará a quienes sufraguen la estancia de personas mayores en centros residenciales, previa “libre elección” del servicio. El asunto es que en la dependencia ya se puede elegir libremente el servicio y eso, desgraciadamente, ha derivado en un sinfín de ayudas económicas para el familiar que cuida, frente a servicios profesionales. Por tanto, han de referirse a otra elección.

El PP propone también “modificar” la Ley de la Dependencia, dicen que para garantizar “una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios”. Pero es la financiación del sistema la que más veces ha suscitado entre las filas conservadoras la idea de modificar la ley. Y en el programa insisten en que “no existe un modelo de financiación suficiente” de los servicios y prestaciones que se conceden. Y se remiten al informe que encargó el Parlamento a varios expertos. Aquel estudio planteaba una cotización adicional a la que ya existe para las pensiones, de tal forma que los trabajadores vayan pagando el coste de su futura dependencia; se planteaba también el aumento del IVA para atender estos gastos y la posibilidad de eliminar la exención del pago por las recetas a los jubilados. Tampoco se descartaban los seguros privados. Varias de estas recomendaciones ya se discutieron cuando se debatía la ley y se rechazaron. Una ley que, no hay que olvidarlo, también nació con el voto a favor del PP.

Pero todo puede cambiar si se abre la ley para modificarla, algo que no sería necesario si solo se pretende tocar el modelo de financiación para que el dinero que transfiere el Gobierno a las comunidades se ajuste al coste del servicio que recibe el dependiente. Para eso bastaría con un decreto.

El programa del PP también se detiene en los retrasos que sufren los dependientes para conseguir sus ayudas. Si van a simplificar el proceso, como dicen, es de esperar que en este punto no se fijen en la comunidad de Madrid ni en la Valenciana, dos de las que han mostrado menos diligencia para atender a las personas con dependencia.