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Solidaridad
Tribuna
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Cooperación al desarrollo: es tiempo de valientes

Es hora de establecer un nuevo contrato social centrado en las personas. Un cambio de modelo que revierta desigualdades, distribuya bienestar, garantice derechos y nos coloque en la senda de la descarbonización total. El anteproyecto aprobado no está a la altura

Una niña empuja una carretilla llena de hierba para alimentar a una cabra en un barrio pobre de Kabul, Afganistán, el miércoles 16 de febrero de 2022.
Una niña empuja una carretilla llena de hierba para alimentar a una cabra en un barrio pobre de Kabul, Afganistán, el miércoles 16 de febrero de 2022.Hussein Malla (AP)

¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil producir un tornado en Texas? Durante años creímos que nuestros destinos como sociedades eran independientes, que a lo sumo se cruzaban momentáneamente. Pero la pandemia y la crisis climática nos han hecho conscientes de nuestras profundas interdependencias y fragilidad como sociedad global. Nuestros destinos están trenzados. Nuestras acciones tienen impactos directos a miles de kilómetros.

Dos años de pandemia que dejan huella en un mundo que ya era profundamente desigual. Hoy, nueve de cada 10 personas en África siguen sin tener la pauta completa de vacunación, mientras que en los países ricos la cifra supera el 80% y un puñado de países bloquean la liberalización de las patentes, priorizando los beneficios de grandes corporaciones frente a la vida de millones de personas. La cifra de gente que huye de guerras, violencia, inseguridad y los efectos del cambio climático crece cada año. Más de 1.200 millones viven en contextos de conflicto. Los desastres climáticos ya son el principal motivo por el que la gente se ve obligada a abandonar su hogar: una cada dos segundos. Un impacto que sufren las comunidades más pobres, pero que causamos las sociedades más ricas, responsables de más del 90% del exceso histórico de las emisiones de CO₂.

Es hora de establecer un nuevo contrato social centrado en las personas. Un cambio de modelo que revierta desigualdades, distribuya bienestar, garantice derechos y nos coloque en la senda de la descarbonización total. Nos sobran evidencias para saber que, durante la próxima década, nos toca dar respuesta a grandes retos planetarios, de enorme complejidad, urgencia, alcance e impacto. Retos económicos, sociales y medioambientales marcados por unas desigualdades económicas, raciales y de género que son cada vez mayores y que atrapan a miles de millones de personas en la pobreza y en la injusticia. Todavía hoy, 3.000 millones de personas sobreviven con menos de cinco dólares y medio diarios.

Frente al olvido, la indiferencia y la falta de empatía, necesitamos también políticas a la altura, transformadoras, que asuman como responsabilidad propia los asuntos globales. Y es en este contexto que el nuevo anteproyecto de ley para de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global adquiere una relevancia e importancia especiales.

Frente al olvido, la indiferencia y la falta de empatía, necesitamos también políticas a la altura, transformadoras, que asuman como responsabilidad propia los asuntos globales

Después de una década perdida en la que nuestra cooperación perdió brillo, recursos, intencionalidad y compromiso, este es el momento de llevar a buen término una refundación integral que pase por una nueva ley, pero también por reformas institucionales de calado y por un plan contundente de inversión. No basta con hacer algunos ajustes y ponerle voluntad y adaptar la retórica. España debe aspirar a ser motor de vanguardia y de cambio en la agenda global, contribuyendo también a una nueva arquitectura del sistema internacional de cooperación, más democrática y acorde con los tiempos.

Por ello, esta ley debe tener vocación de política de carácter global, transformadora, que trascienda la acción exterior de España, impregnando toda la acción pública. Pero frente a esa necesidad, pese a las buenas intenciones y algunas novedades interesantes, la ley se queda corta en ambición, propuestas y orientación a futuro. Estamos ante una propuesta que presenta demasiados elementos de inercia y de continuidad en abordaje e instrumentos; que adolece de falta de intencionalidad en la promoción de una cooperación feminista, ecologista y de defensa de derechos; y que no bebe de algunas de las cooperaciones más innovadoras impulsadas fuera de nuestras fronteras.

Uno de los elementos más positivos de esta ley es la incorporación de compromisos financieros para alcanzar el 0,7% de la RNB y asegurar la dedicación del 10% de la AOD a la ayuda humanitaria en 2030. Un hito sumamente importante, aunque llega tarde. Y de momento no es más que un brindis al sol. Para hacerlo efectivo, debe establecerse una senda clara para cumplir con el compromiso, con etapas intermedias. La política necesita de abundantes recursos para acompañar a decenas de millones de personas en crisis humanitarias, fortalecer sistemas públicos de educación salud o protección social, defender los derechos humanos a capa y espada, amplificar la voz o visibilizar el papel de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres.

El contexto externo nos exige una ley que entienda la cooperación como una política global y de carácter transversal, con implicaciones para muy diversas políticas de naturaleza exterior, pero también domésticas, como son la gestión de la deuda externa de los países empobrecidos, la educación para la ciudadanía global, el papel del sector privado –y el proceso de debida diligencia en derechos humanos– o la contribución a las metas de desarrollo global. Por ello, la ley debe salir del corsé autoimpuesto de la acción exterior, asegurando además su autonomía y evitando ser rehén de intereses geoestratégicos de seguridad y control migratorio. Debe reforzar los mecanismos para asegurar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y una buena articulación con el resto de ministerios, dotando además al mecanismo de las capacidades y atribuciones adecuadas para jugar su rol.

La ley debe también reconocer el papel clave de las ONG, a través de un marco de relación potente que además valore su papel esencial en la articulación de agendas, la construcción de conocimiento y el papel fundamental que juegan para la democracia y el desarrollo.

Es tiempo de valientes. Es el momento de trabajar codo con codo, con determinación, para construir una sociedad justa para todas las personas, en una acción global colectiva. Tenemos una década en la que nos jugamos nuestro futuro como humanidad. Y en esta construcción colectiva no sobra nadie: individuos, movimientos, organizaciones de base, ONG locales o internacionales, empresas responsables... Todas debemos reforzar los lazos del internacionalismo, trabajando desde nuestra diversidad, fortalezas y complementariedades. Y esta ley puede ser una gran oportunidad, justamente para ordenar el terreno de juego y sentar los cimientos de una cooperación realmente transformadora.

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Alumna de los talleres de formación de la orquesta musical de San José de Chiquitos.

Cultura para el desarrollo

José Luis Cabezas Sañudo, Carlos Gallego Alonso y Rafael Ruipérez Palmero

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