La investigación de una ONG acusa a cinco bancos de ‘ecopostureo’ por financiar petróleo y gas en la Amazonia

Cinco de los bancos que más han financiado la explotación y comercio de petróleo y gas en la Amazonia, un sector que ha recibido más de 22.700 millones de dólares (21.135 millones de euros) en los últimos 20 años, estarían presentando una imagen de sostenibilidad que no se ajusta a la realidad; o sea, estarían incurriendo en ecoblanqueo o greenwashing. Esta es la conclusión de un análisis de la organización ambiental canadiense Stand.earth, copublicado con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). El informe forma parte de una serie de investigaciones sobre el papel de las finanzas internacionales en la destrucción del mayor bosque tropical del mundo y de los centenares de comunidades indígenas que lo custodian.

Para alcanzar esta conclusión, los investigadores analizaron más de 560 operaciones financieras realizadas desde principios de los 2000 con empresas de hidrocarburos que trabajan en la Amazonia. Luego, examinaron de forma pormenorizada las políticas de sostenibilidad y las transacciones de los seis bancos responsables de casi la mitad de estas operaciones: Citibank, JPMorgan Chase (JMPC), Itaú Unibanco, Banco Santander, Bank of America y HSBC; este último es el único que, desde diciembre de 2022, ya no financia la explotación de hidrocarburos en la región.

“Nuestro análisis muestra cómo funciona en la práctica el greenwashing [ecopostureo]; o sea, los mecanismos que permiten a los bancos sortear sus políticas de sostenibilidad para lucrarse apoyando negocios de petróleo y gas, al tiempo que protegen su propia reputación”, ha declarado a EL PAÍS Angeline Robertson, autora del informe y miembro del equipo de investigación de Stand.earth.

Para la experta, quienes inyectan dinero al sector no pueden alegar desconocimiento de sus riesgos, empezando por el climático, o hacer la vista gorda amparándose en tecnicismos. Una simple búsqueda en internet, por ejemplo, ofrece docenas de resultados sobre impactos documentados de la extracción de petróleo y gas en la Amazonía, que abarca nueve países: centenares de vertidos tóxicos, multas millonarias por infracciones ambientales, solapamiento con millones de hectáreas de territorios indígenas, superposición con áreas protegidas, deforestación.

La COICA, instancia que representa a los más de 500 pueblos indígenas de la cuenca amazónica, ha exigido a los cinco grandes bancos que siguen financiando la explotación y comercio de hidrocarburos que dejen de hacerlo y asuman su parte de responsabilidad en los daños ocasionados.

Nuestro análisis muestra cómo funcionan los mecanismos que permiten a los bancos sortear sus políticas de sostenibilidad para lucrarse apoyando negocios de petróleo y gas

Angeline Robertson, autora del informe

Este medio envió peticiones de comentario a los bancos por correo electrónico. JMPC, Citibank y Banco Santander se han defendido refiriéndose a sus compromisos con el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas, y la entidad española ha indicado también su voluntad de mejora continua. El resto de las entidades no han respondido a las peticiones de este medio o han declinado hacer comentarios (Bank of America).

Mecanismos de lavado verde

El análisis concluye que, en la mayoría de los casos, los bancos desconocen en qué gastará exactamente los fondos su cliente. En concreto, el 72% de las transacciones analizadas eran para propósitos corporativos “generales” u otras categorías amplias como gastos de capital o gastos corrientes. Según Robertson, ello impide valorar adecuadamente el riesgo que un préstamo o inversión supone para las personas y el medio ambiente. A su vez, si un riesgo no se puede estimar con precisión, tampoco se pueden adoptar medidas preventivas al respecto; por ejemplo, denegar el dinero, o poner condiciones a quien lo recibe para reducir los impactos de su actividad.

El análisis también estima que los bancos tienen menos capacidad de influencia sobre las empresas que financian de lo que dan a entender. Por ejemplo, un banco puede poner condiciones cuando extiende un crédito a un cliente. Sin embargo, tiene poco poder en el caso de operaciones sindicadas (en las que participan otros bancos) y cuando su papel se limita a poner los bonos de una corporación en el mercado para captar inversores.

Según el informe, el 49% de las transacciones examinadas son bonos sindicados, la categoría que conlleva un menor poder de influencia sobre cómo se utilizará el dinero.

Los bancos tienen políticas de exclusión total para algunas inversiones, así como condiciones que se aplican de forma selectiva en función del nivel de riesgo social y ambiental de la actividad que se propone financiar. Pero según el informe, el 71% del territorio amazónico está básicamente desprotegido, o sea, no está cubierto por ninguno de estos mecanismos de gestión de riesgos por parte de los cinco grandes bancos analizados.

“Los bancos afirman preocuparse por el cambio climático, la biodiversidad y los pueblos indígenas, pero estos compromisos no significan nada mientras sigan canalizando miles de millones [de euros] hacia la expansión del petróleo y el gas en la región”, ha afirmado en un comunicado el director ejecutivo de Stand.earth, Todd Paglia. A su juicio, los cinco bancos citados deben seguir el ejemplo de HSBC y dejar de apoyar de inmediato los sectores extractivos en la Amazonia y quienes comercian con ellos.

De la Amazonia a España

Además de estas conclusiones globales, el informe aporta un análisis detallado banco a banco. Santander es según la misma fuente, el banco europeo que más dinero invierte en petróleo y gas amazónicos y el cuarto a escala mundial —aportó casi 1.400 millones de dólares en financiamiento directo al sector entre 2009 y 2023.

Santander excluye inversiones en un 16% de la Amazonia pero, según el informe, la política se queda corta en la práctica: “El 85% de sus transacciones rastreadas directamente a la Amazonia son para bonos sindicados, que carecen de transparencia y reducen la responsabilidad del banco como contribuyente a los impactos adversos”, indica la ONG.

El banco ha figurado previamente en otros informes como el Forest 500, que examina las 500 empresas e instituciones financieras con mayor riesgo de estar causando deforestación tropical en el mundo, en ese caso, por financiar productos como la soja, el aceite de palma, la pulpa de madera o papel y el cuero.

En respuestas a este medio enviadas por correo electrónico, Banco Santander ha declarado: “En 2023, comenzamos a realizar un análisis más detallado para la identificación y evaluación de los impactos adversos, reales o potenciales, a los que Santander pudiera contribuir a través de su actividad u operaciones, productos o servicios, de acuerdo con las recomendaciones de los marcos internacionales como los Principios sobre Derechos Humanos y Negocios o las Líneas Directrices de la OCDE.” Santander ha añadido que trabaja con sus clientes y con gobiernos, reguladores y otras instituciones para ayudar a mejorar las prácticas, “reconociendo que se trata de un reto muy complejo que requiere una respuesta conjunta y coordinada”.

En el caso de Citibank, la entidad solo excluye un 2% del territorio amazónico de sus posibilidades de inversión. A pesar de tener una política sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, según el informe, el banco ha financiado con unos 125 millones de dólares a Hunt Oil Perú, al frente de un consorcio también integrado por la española Repsol que explota el gas de Camisea, en Perú. Tal y como informó EL PAÍS, esta explotación se solapa con una reserva para pueblos indígenas en aislamiento que, según los estándares internacionales, debería ser intocable. El gas de la Amazonia peruana que llega a países como España y Reino Unido se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania. “Contamos con una Política de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales integral, que describe nuestras expectativas para los clientes y exige una mayor diligencia en torno a las actividades con riesgos elevados para los derechos humanos, la biodiversidad, los pueblos indígenas, los hábitats críticos, los conflictos comunitarios y/o la justicia ambiental”, ha explicado el Citi en una respuesta enviada por correo electrónico. Y ha añadido: “Colaboramos directamente con los clientes para evaluar su compromiso, capacidad, políticas, sistemas de gestión y personal para gestionar estos riesgos medioambientales y sociales específicos”,

Otra entidad detrás del proyecto de gas de Camisea es JPMC, que en 2023 aportó otros 125 millones de dólares a Hunt Oil en Perú y financió con un importe similar la producción de petróleo y gas en la Amazonia colombiana. En marzo de 2024, los estadounidenses JPMC, Citibank y Bank of America se retiraron de los Principios de Ecuador, un marco voluntario de referencia para identificar y gestionar los riesgos socioambientales en los países donde los bancos financian proyectos mineros y de combustibles fósiles.

En respuestas a este medio por correo electrónico, JPMC ha declarado: “Apoyamos los principios fundamentales de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, en todas nuestras líneas de negocio y en cada región del mundo en la que operamos”.

En el caso de Itaú Unibanco, de Brasil, el análisis destaca que el 99% de sus operaciones relacionadas con hidrocarburos en la Amazonia en los últimos 20 años no cumplen los requisitos mínimos fijados por los Principios de Ecuador.

En cuanto a Bank of America, el 99% de las transacciones en las que es prestamista son sindicadas y el 95% son para un uso amplio e indeterminado de los fondos. Según remarca Stand.earth, ello significa que estas operaciones pueden escapar más fácilmente a las salvaguardas sociales y ambientales, que solo se pueden aplicar de forma adecuada cuando se identifican riesgos concretos asociados a una inversión.

Testimonios indígenas

Los pueblos indígenas amazónicos están en primera línea de los impactos de las explotaciones de hidrocarburos. En Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% de los territorios indígenas, que han sufrido más de 530 de los 4.600 derrames acaecidos entre 2006 y 2022. La explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana empezó hace 60 años.

“Nos prometieron una vida digna, pero hasta el día de hoy, estamos sujetos a un sistema corrupto que perpetúa la violencia, promueve el acaparamiento de tierras y recursos naturales y deteriora nuestra calidad de vida”, ha lamentado en un comunicado José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae).

En Perú, las concesiones hidrocarburíferas se superponen al 33% de los territorios indígenas, y al 18% de las reservas para los pueblos en aislamiento y protección inicial. Planeta Futuro ha informado sobre fallos en los sistemas de consulta previa a los pueblos indígenas y sobre la promoción de nuevos lotes en territorio de los Mascho Piro, el mayor grupo en aislamiento del Perú y uno de los últimos del mundo.

“El Estado, los bancos y las empresas que explotan el petróleo y el gas afirman hacerlo en nombre del progreso, pero son cómplices de atentar contra la vida de los pueblos en aislamiento y contra la Amazonia”, ha subrayado Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Fany Kuiru, originaria de la Amazonia colombiana, es la primera lideresa de la historia de la COICA. En rueda de prensa, ha expresado su hastío con el pulso de David contra Goliat al que se ven confrontadas los pueblos indígenas de la región y ha recordado que la depredación del territorio está empujando la Amazonia a un punto de no retorno. “¿Hacia dónde estamos caminando cómo humanidad?” se ha preguntado Kuiru, reiterando la importancia de la mayor selva del mundo para la salud planetaria y la diversidad biológica y cultural. “Nuestra petición a los bancos es sencilla: dejen ya mismo de financiar la extracción de petróleo y gas en toda la Amazonia”.

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