En las profundidades de la Amazonía peruana, en la frontera con Brasil, se yergue un pequeño pero feroz bastión de resistencia a la presión de sectores como los del petróleo y la madera. La aldea matsés de Puerto Alegre está a una semana en canoa motorizada del primer pueblo donde se maneja dinero, pero a solo unas horas de algunas de las últimas tribus en aislamiento voluntario del planeta; grupos seminómadas que rechazan el contacto con el mundo exterior tras ser esclavizados por caucheros el siglo pasado, perseguidos por colonos, diezmados por dolencias importadas y bombardeados con napalm por la Fuerza Aérea de Perú en 1964 por oponerse a una carretera que iba a atravesar su territorio.

En Puerto Alegre, sus habitantes lo mismo preparan potentes ungüentos de veneno de rana para cazar, que acceden a internet satelital, débil, pero suficiente para ver algunos segundos de la Sesión 53 de Bizarrap con Shakira. El jefe Ricardo Nacua Pacha Moconoqui, de 39 años, es hijo de un indígena que vivió en aislamiento hasta su juventud. Nacua sabe manejar el arco y la flecha, pero suele cazar con escopeta. Tampoco lleva el tradicional tatuaje matsés ―una línea que rodea la boca y conecta la comisura con la base de las orejas―, pero muestra el tatuaje de un jaguar naif en el hombro. “Guerrero”, dice. Aquí no hay presencia del Estado, pero son muchos quienes intentan entrar para extraer riquezas. “Si nosotros no defendemos este territorio ¿quién lo hará?”.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de comunidades nativas, los ancianos de Puerto Alegre conservan las memorias de su propia vida en aislamiento, cuando rechazaban el contacto con el mundo exterior. En las dos últimas décadas, la aldea que fundaron en un mirador fluvial ha expulsado a madereros sin escrúpulos, parado los pies a una petrolera canadiense y contribuido a la creación, en 2021, de una reserva intangible para indígenas que todavía permanecen aislados, y con quienes comparten territorio. Esta defensa ha tenido un coste para algunos matsés. “No puedo ir solo a ninguna parte”, comenta uno de los activistas detrás de las iniciativas, que pide proteger su identidad porque vive amenazado. “Personas que antes eran mis amigos, se convirtieron en mis enemigos porque querían trabajar para esas empresas”.

A pesar de la resistencia histórica de comunidades como la de Puerto Alegre, las amenazas para estas y para sus vecinos, los pueblos aislados, se están multiplicando. Por ejemplo, con una propuesta para extraer recursos naturales en áreas protegidas, incluyendo las que cobijan a tribus aisladas; una campaña financiada por grupos de presión empresariales para negar la existencia, documentada, de estos grupos; y medidas estatales para expandir la extracción de combustibles fósiles.

A pesar de la resistencia histórica de comunidades como la de Puerto Alegre, las amenazas para estas ellas y para sus vecinos, los pueblos aislados, se están multiplicando

Este 24 de junio, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y sus aliados lograron el archivo de un proyecto de ley que, en última instancia, buscaba abrir las reservas para pueblos aislados a la extracción de recursos. Esta sola iniciativa concernía a un área de bosque amazónico del tamaño de Portugal, unos 90.000 kilómetros cuadrados.

La antropóloga peruana Beatriz Huertas es una de las principales expertas en pueblos aislados de la Amazonía y una de las artífices de esa victoria “Me preocupa que este tipo de iniciativas, aún siendo aberraciones legales, puedan llegar tan lejos”, reflexiona Huertas, aliviada, pero consciente de que quedan otros frentes abiertos y de que embates legislativos que han fracasado hoy, pueden regresar mañana con otro nombre. Aún quedan otros frentes abiertos. “Lo que hemos vivido es una muestra del gran poder de los grupos económicos que se articulan con partidos políticos para promover el lucro por encima de cualquier otra consideración”.

Una nueva fase de la batalla por las tribus aisladas —por sus tierras, sus riquezas, su decisión de vivir fuera de los parámetros de Occidente— ha empezado.

Cómo salvar la Amazonía

Para el cofundador de Conservación Amazónica, el peruano Enrique Ortiz, los países deben definir áreas intocables, una opinión que comparten comunidades y expertos consultados, y con la que disienten quienes conciben la Amazonía como un espacio a conquistar por el valor económico de su oro, sus maderas preciosas y sus hidrocarburos. “¿Verdad que no cuestionamos a nuestra madre, a nuestra fe o a nuestro equipo de fútbol? ¿Verdad que en la vida hay cosas que no se tocan?”, dice Ortiz. “Como humanidad, debemos llegar al punto de aplicar la misma lógica a la protección de algunos espacios”.

Sin embargo, los incentivos nacionales e internacionales para explotar una de las regiones con mayor concentración de grupos aislados del mundo son grandes. En septiembre de 2022, por ejemplo, las exportaciones de gas licuado procedente de la Amazonía peruana habían aumentado un 85% con respecto al año anterior, registrando un repunte tras la invasión rusa de Ucrania. Los destinos actuales del gas peruano en el mundo son Asia, Reino Unido y España.

En el siglo XIX, la invención del neumático inició una fiebre del caucho que duraría 30 años, (1885-1915), transformando para siempre la automoción, generando fortunas repentinas y dejando una estela de muerte entre los pueblos originarios de la Amazonía y el Congo Belga, esclavizados para sangrar árboles de los que emanaba la pegajosa materia prima.

En aquella época, en países como Perú y Brasil, los indígenas abandonaron sus asentamientos para refugiarse en las agrestes cabeceras de ríos vitales para la Amazonia, y sus tierras están hoy entre las más importantes para la biodiversidad y el clima. “Hoy se renuevan las agresiones de un capital sin escrúpulos, pero a diferencia de entonces, los pueblos aislados ya no tienen adónde ir”, explica la antropóloga Beatriz Huertas. “Esto no es desarrollo; es genocidio”.

La pugna entre quienes abogan por colonizar la Amazonía en base a criterios puramente económicos y quienes exigen límites a la expansión del frente agrícola y extractivo se da ahora en una década crucial: la última para evitar un punto de no retorno en materia de clima, biodiversidad y degradación de tierras, mientras la población mundial, y sus demandas, siguen creciendo. Las tribus aisladas necesitan grandes áreas para sobrevivir física y culturalmente, por lo que la defensa de sus territorios es también en la lucha por algunos de los últimos bosques continuos de la cuenca y por las riquezas materiales que albergan.

Con el apoyo de aliados como Huertas, los matsés y otros pueblos indígenas están sumando fuerzas para defender los corredores transfronterizos que comparten con tribus aisladas y proteger el derecho de todos ellos a la vida, la salud y un medio ambiente sano.

Por ejemplo, la organización indígena ORPIO, de la que forman parte los matsés, ha llevado ante la justicia a un gobierno regional por otorgar permisos de explotación forestal dentro de reservas para aislados, ha alertado a las autoridades de la apertura de carreteras ilegales, y según ha avanzado, se reunirá este julio con la Unión de los Pueblos Indígenas del Vale do Javarí (Brasil) para concretar medidas conjuntas de protección ambiental, territorial y de salud en coordinación con los funcionarios de los países respectivos.

Dicho movimiento está llevando a estos y otros defensores del territorio a revisar las lecciones del pasado, de décadas de incursión salvaje y desarrollo no equitativo, y las necesidades del presente —el deseo de las nuevas generaciones de incorporarse a la economía de mercado— para replantear el futuro de la Amazonía.

Aislados: huir para vivir

Abel Bina Shabac Maya, un matsés menudo y fibrado de unos 60 años, pasó su infancia en aislamiento: migrando con una veintena de parientes entre sus huertos de yuca y plátano repartidos por la cuenca del río Yaquerana; desplazándose al ritmo de los animales de caza y las estaciones de lluvia y sequía; cargando arcos y flechas chiquitos para cazar armadillos, osos perezosos y monos araña con sus tíos. En la noche Amazónica, después de recoger leña y tomar el segundo baño del día en las nacientes de los ríos, compartían carne asada con otros grupos, contaban historias y dormían en hamacas de fibra de palmera suspendidas encima de braseros.

Pero no todas las remembranzas de esta época son buenas. “Mi primer recuerdo es el de una madrugada en la que oímos mestizos acercándose a nuestra maloca [casa comunal]”, cuenta Bina, escenificando el momento lanza en mano. “Mi padre me cargó en sus brazos y corrimos. ¡Corrimos mucho! Incluso entonces, yo sabía que estábamos corriendo por nuestras vidas”. Mientras otros niños solo aprendían a jugar y a nadar, Bina adquiría una habilidad vital para los indígenas que se aíslan como estrategia de supervivencia: huir.

Como el grupo de Bina, los miembros de 25 pueblos que siguen en aislamiento en Perú luchan por mantener su modo de vida frente a los invasores de sus tierras. El Estado peruano estima que los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), constan de unas 5.200 personas aisladas y unas 2.260 que han establecido relaciones sostenidas con la sociedad mayoritaria de forma reciente. Su protección en este país recae en el Ministerio de Cultura.

Sobre el papel, Perú y Brasil siguen un modelo de protección de PIACI avalado por el marco jurídico internacional. Este modelo reconoce que los aislados carecen de inmunidad frente a enfermedades comunes en el mundo exterior. En Brasil, el 90% de los nambikwara fueron exterminados por la gripe, el sarampión, la tuberculosis y la malaria a mediados del siglo XX, y casi la mitad de los nahuas de Perú murieron de dolencias como la neumonía tras un contacto forzado en la década de 1980.

El modelo también reafirma el derecho de los PIACI a decidir libremente cómo quieren vivir y el grado de interrelación que desean tener con el resto de la sociedad. Y para garantizar este derecho a la autodeterminación y al no contacto, sus territorios deben ser inviolables: vedados a terceras personas y a las concesiones extractivas, según destaca la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y una veintena de sus aliados nacionales e internacionales.

Desde 2006, una ley peruana de protección de PIACI garantiza la intangibilidad de las reservas, con una excepción: “[en] caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado”. Por ejemplo, si se hallan hidrocarburos.

La soledad de un viceministro

En una entrevista para este reportaje, el viceministro de Interculturalidad de Perú, Juan Reátegui, subraya que no debería haber ninguna actividad económica, sea formal o informal, en territorios de pueblos aislados. Lo afirma después de que trascendiera que el Estado está incentivando inversiones en áreas que se solapan con dos reservas para indígenas en aislamiento.

“Estoy trabajando con el Ministerio de Energía y Minas para resolver el problema de las superposiciones de forma pacífica”, declara Reátegui, cuyo departamento está al cargo de cuatro millones de hectáreas de bosque amazónico categorizadas como reservas intangibles para pueblos aislados. “Hay un doble compromiso y un doble interés en preservar estos bosques: si hacemos un buen manejo de estos recursos, también estamos contribuyendo a [combatir] el cambio climático”.

El viceministro, que asumió el cargo en abril de 2023 reivindicando sus raíces indígenas waampis y awajún, resume sus planes: dotar de personal sanitario, preferentemente indígena, a los 800 dispensarios de la Amazonía; acelerar la creación de las reservas de PIACI Yavarí-Mirim y Sierra del Divisor Occidental, un paisaje que se extiende entre Perú y Brasil; lograr que el Gobierno regional de Loreto anule las 47 concesiones forestales que otorgó de forma ilegal en territorios PIACI, y cerrar el año con dos nuevos puestos de control y vigilancia en la Reserva Yavarí-Tapiche (Loreto), uno de ellos, en la aldea Matsés de Puerto Alegre.

Reátegui admite que urge frenar la expansión de plantaciones de coca, el narcotráfico y la tala ilegal; y, en paralelo, invertir en proyectos productivos alrededor de las reservas. La idea, compartida tanto por líderes indígenas como por expertos, es dar alternativas económicas a las comunidades para que puedan seguir protegiendo unos bosques cruciales para los aislados, pero también para su propio futuro, en lugar de convertirse en peones de actividades predatorias.

Otras cuestiones que los líderes ponen en la mesa del Gobierno son la colaboración transfronteriza, la protección de los defensores ambientales y una mayor presencia del Estado en el territorio. Pero para todo ello, hacen falta unos recursos que, de momento, el Estado no está asignando. “Muchos frentes abiertos”, constata el viceministro.

Petróleo en reservas de aislados

Las amenazas a los pueblos en aislamiento del Perú están estrechando el cerco con la complicidad de actores nacionales e internacionales. La empresa estatal Perupetro está incentivando inversiones en áreas que se solapan con dos reservas para indígenas en aislamiento. Según ha podido saber este medio, también planea evaluar el potencial hidrocarburífero en áreas que tocan otras seis reservas: dos creadas en 2021 después de 30 años de espera (Kakataibo Norte y Sur y Yavarí-Tapiche); otras dos para los aislados más numerosos del país (en Mashco Piro y Madre de Dios); la reserva Murunahua, fronteriza con Brasil; y una última en trámite de creación, Napo-Tigre, donde opera un consorcio formado por la anglofrancesa Perenco y una empresa estatal vietnamita.

En paralelo, Perupetro propone modificar la ley de áreas naturales protegidas para que se puedan explotar hidrocarburos y otros recursos en su interior, argumentando que la protección es un “problema” para las inversiones. Según la antropóloga Beatriz Huertas, por lo menos 15 de estas reservas tienen presencia de grupos aislados.

Este junio, Huertas se reunió con Perupetro, acompañando a una delegación de líderes indígenas peruanos y brasileños preocupados por el futuro de los pueblos aislados y por el de sus propias comunidades ante el movimiento ‘anti-PIACI’ en Perú. Trataron todos los temas mencionados. “Dijeron que estuviéramos tranquilos, que no harán nada que la ley no permita”, asegura Huertas. “Éste es, justamente, el problema: la ley protege más la actividad económica de las empresas que los derechos fundamentales de las personas. Es peligrosísimo”.

Pueblos aislados contra millonarios franceses

La influencia de las empresas extractivas es grande, y los impactos de su actividad, duraderos. La familia de petroleros Perrodo, por ejemplo, es una de las más ricas de Francia, con inversiones en viticultura, charcutería y afición por competir en carreras de coches, haciéndose un hueco en circuitos oficiales a cambio de aportes financieros.

Parte de su fortuna procede del crudo que la empresa Perenco extrae de un territorio amazónico con la presencia, oficialmente reconocida, de cinco pueblos en aislamiento; pueblos que transitan por la frontera con Ecuador, cazando y pescando su sustento en las selváticas cuencas de los ríos Napo y Tigre, muy lejos de las ‘24 horas de Le Mans’, donde el presidente de Perenco ejerce de gentleman driver.

El antropólogo Miguel Macedo, de la ONG peruana Instituto del Bien Común, es uno de los expertos que ha participado en los estudios para documentar la existencia de los indígenas aewa, taushiro, zaparo, tagaeri y taromenane en la zona de Napo-Tigre con vistas a crear una reserva que les proteja. Como parte de su trabajo, Macedo debía cruzar testimonios independientes sobre la presencia de aislados, por lo que se reunió con comunidades vecinas.

“Empleados de la empresa [Perenco] estaban en estas reuniones; los participantes temían que si daban información, nunca más le iban a contratar”, declara el experto. Bajo la presión de la petrolera de capital anglofrancés y de otros actores económicos regionales, la reserva Napo-Tigre sigue, 20 años después de su solicitud, pendiente de creación.

En respuestas por correo electrónico, la empresa ha afirmado que Perenco “se enorgullece de haber contribuido a desarrollar con éxito el bloque [petrolero] 67, un proyecto declarado de importancia nacional por el Gobierno peruano”, e indica que dispone de un plan de contingencia para encuentros con PIACI en la zona.

Gas, gasolina y flechas

En el sureste de la Amazonía peruana, el río Piedras discurre turbio, entre dos muros de selva bordeando playas donde desovan las tortugas taricaya y nutriéndose de quebradas que se pierden en la oscuridad del bosque. Desde un bote con motor, el líder Pablo Inuma, del pueblo indígena Yine, señala uno de estos riachuelos. Allí empieza una de las reservas territoriales más antiguas del Perú, creada para proteger a su pueblo aislado más numeroso y, para algunos, el más temido. Es la Reserva Madre de Dios, que está en el punto de mira para la explotación de hidrocarburos.

En su juventud, Pablo fue perforista de Repsol en la cuenca del Urubamba, más al oeste. Con ayuda de explosivos, abría líneas sísmicas para encontrar bolsas de gas y de petróleo. “Emparrillamos el bosque, como si fuera una hoja cuadriculada; si hubiera habido aislados, habrían sufrido bastante… Y nosotros también”, dice meneando la cabeza. En los ochenta, su tío era chófer de la petrolera anglo-holandesa Shell. “De vez en cuando, le tocaba recoger el cuerpo de un trabajador atacado por aislados; a veces regresaba a casa con la flecha. Estos casos, la empresa no los reportaba”.

La incursión de Shell en territorio de aislados en los ochenta introdujo enfermedades letales para pueblos que nunca habían estado expuestos a ellas. El 46% de los nahua murieron. Otros pasaron de una vida de autosuficiencia en el bosque a mendigar por las calles de la capital distrital. Algunos de sus descendientes trabajan hoy para la mayor operación de gas de Perú, que explota desde hace casi 20 años las reservas halladas por Shell en la zona del río Camisea. En 2017, se constató que casi el 80% de los nahua allí estaban contaminados por mercurio, pero los estudios independientes para determinar el origen de este potente neurotóxico siguen sin acometerse.

España en la Amazonía

El proyecto Camisea Gas, considerado de “necesidad pública del Estado”, está controlado por un consorcio de seis compañías, una de ellas, Repsol. La empresa española explota otro lote en la misma región de los Andes tropicales, a unos 200 kilómetros en línea recta de Cuzco y del tesoro arqueológico del Machu Pichu. Una de las particularidades de Camisea Gas es que una parte del lote está dentro de la reserva para aislados kugapakori, nahua y nanti. Es decir, se superpone a una zona que debería ser intangible según los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Perú.

En 2022, Repsol publicó el Análisis de controversias sobre el bloque 88. El objetivo de este texto era responder a la alerta de una asesoría internacional, que desaconsejaba invertir en Repsol por su participación del 10% en Camisea Gas. “Sería difícil afirmar que el derecho a la consulta previa [de las comunidades afectadas] estaba garantizado de la forma establecida en las normas internacionales”, indica el informe elaborado por una consultora española. Sin embargo, sostiene que la operación no ha vulnerado derechos relacionados con el territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos, y señala la buena relación entre el proyecto gasífero y las comunidades. Shell renunció a explotar los depósitos que había descubierto en Camisea por desacuerdos con el Estado, pero ha acabado invirtiendo en una planta que licúa este mismo gas en la desértica costa peruana.

Ya no hablaban su idioma, ni te invitaban a tomar masato [bebida tradicional fermentada]. Ya todo era negocio. Comimos en un restaurante

Pablo Inuma, líder indígena

En respuestas por correo electrónico, Repsol ha indicado que, tras la publicación del análisis de controversias sobre Camisea Gas, su calificación ha pasado de rojo a ámbar. “Camisea es un proyecto vital y estratégico para Perú (…) y aporta hoy más del 40% de la energía que consumen los peruanos”, destaca. También añade que la extracción de gas ha generado más de 30.000 puestos de trabajo indirectos y directos, y que se ha desarrollado “siempre bajo un escrupuloso cumplimiento de los estándares internacionales de protección de comunidades en aislamiento voluntario”.

La historia de Camisea es la de otras grandes inversiones en lugares recónditos de la Amazonía: proyectos que avanzan entre incontestables beneficios macroeconómicos y profundos impactos sociales, culturales y de salud pública; unos directos, otros indirectos, y muchos de ellos irremediables: desmoronamiento de la estructura social, anemia generalizada, trata de personas, opulentas piscinas de cemento en aldeas sin saneamiento básico. “Grotesco”, resume el especialista en conservación amazónica Enrique Ortiz, evocando el sentir de quienes visitan la zona y se plantean si el presente del área de influencia de Camisea presagia el futuro de otras regiones. Por ejemplo, el de Madre de Dios.

“Ya todo es negocio”

Pablo Inuma es uno de los líderes indígenas que visitó el proyecto Camisea Gas en 2015 como parte de un tour organizado por Perupetro. La finalidad era mostrar a los jefes de comunidades de Madre de Dios las bondades de la explotación de combustibles fósiles, mientras el Estado planeaba la licitación internacional de 26 lotes hidrocarburíferos, dos de los cuales afectarían a sus aldeas. Inuma no había regresado a la zona de Camisea desde 2001, tres años antes de que empezara la explotación de gas. Todo había cambiado.

Los líderes admiraron la proeza tecnológica del puesto de control, pero lo que más les impresionó fue el salón comunal de Shivankoreni, una comunidad de unas 300 personas del pueblo matsikenga. Tenía dos plantas, electrificación, sala de ordenadores, proyectores con control remoto. Un salón de lujo. Pero andando por las calles de las aldeas, se vieron confrontados con la otra cara de la moneda.

“Ya no hablaban su idioma, ni te invitaban a tomar masato [bebida tradicional fermentada]. Ya todo era negocio. Comimos en un restaurante”, recuerda hoy Inuma con incredulidad. “Ya no parecía una comunidad nativa”. A los comuneros ya no les interesaba pescar ni cazar ni cultivar la chacra [huerto], y se abandonaban a la cerveza a la espera de tocar las regalías del gas a fin de mes, rememora. De todos modos, habría que andar cuatro o cinco horas para encontrar animales y el río tampoco era lo que había sido. Se lo confirmaron las señoras: “Ahora, quien quiere pescado, abre una lata de atún”.

A pesar de todo, las comunidades consultadas acabaron aceptando un eventual decreto para la licitación de los lotes en la Amazonía sur de Perú. Estos no se llegaron a explotar, pero ofrecen aprendizajes ante la promoción de dos nuevos lotes más al norte, uno de los cuales se solapa con la Reserva Madre de Dios para aislados.

Consultas previas: lecciones de ayer para hoy

Un estudio publicado en la Revista Deusto de Derechos Humanos ha examinado el proceso de consulta previa que el Estado peruano realizó en 2015 para esos 26 lotes hidrocarburíferos, incluyendo los dos en el departamento de Madre de Dios. Según el análisis, Perupetro solo les mostró el decreto supremo que iba a autorizar la firma de contratos de hidrocarburos. No aportó ni los estudios de impacto ambiental ni los contratos. “La buena fe, un principio básico del proceso de consulta, ha sido viciada […] la razón principal es que la información clave no estaba disponible”, concluye la investigación de la jurista peruana Amelia Alva, afiliada a la Universidad de Gante (Bélgica) en el momento de la publicación y ahora a la Antonio Ruiz de Montoya (Perú).

El estudio sugiere que el resultado era previsible, dada la asimetría de poder y conocimientos entre el promotor de la medida (Perupetro) y los afectados. Por ejemplo, el proceso tiene siete etapas, pero en la quinta, varias comunidades todavía se preguntaban qué era el derecho a la consulta previa.

El Estado peruano no está abierto a discutir proyectos alternativos de desarrollo

Amelia Alva, jurista peruana

Además, el Estado tiene poca o nula presencia en las remotas comunidades amazónicas, que acumulan carencias en materia de salud, educación, trabajo y titulación de tierras. La consulta previa es, para algunas, la primera oportunidad de presentar sus demandas ante representantes del Gobierno, dice la jurista. Por ello, en lugar de centrarse en valorar las implicaciones de la actividad extractiva, las consultas devienen negociaciones sobre la cobertura de necesidades básicas: tú me prometes un técnico de salud y empleos, yo te firmo el acta.

“El Estado peruano no está abierto a discutir proyectos alternativos de desarrollo”, afirma el documento. “Por el contrario, los hidrocarburos se muestran como el único modelo que resolverá los requerimientos materiales de las comunidades consultadas”.

En declaraciones para este reportaje, Alva reconoce el esfuerzo del Estado por llevar a cabo la consulta y considera que las actividades extractivas pueden ser positivas, siempre y cuando se garantice que las empresas protegen los derechos humanos, incluyendo los de los pueblos en aislamiento. ¿Otras recomendaciones? Respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, y nombrar a un promotor de consultas independiente. Porque, a pesar de las asambleas, las giras, las actas y las firmas, el que tiene la última palabra es el Estado.

Mashco piro: futuros que se deciden en Texas

Los que no tienen voz alguna, y de aquí su vulnerabilidad territorial y política, son los indígenas aislados mashco piro: indómitos arqueros que recorren las quebradas de la cuenca del Río Piedras, arpones y lanzas en mano, acumulando centenares de kilómetros en sus anchos pies descalzos; afilando cañas de bambú, ora como puntas de flecha para cazar huanganas, ora como hojas para cortar el cordón umbilical de un recién nacido, otrora para defenderse de los madereros ilegales que avasallaron sus predios durante la fiebre del cedro y la caoba hace 20 años. No imaginan que en un lugar llamado Texas (EE UU), cerca de los puestos de control de la NASA, su territorio se viene presentando como una “excelente oportunidad” para inversores en hidrocarburos.

“El desastre que ocurrió con Shell y el pueblo nahua en los ochenta podría repetirse ahora con los mashco piro”, alerta Israel Aquise, de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la cual actúa en siete puestos de vigilancia para protección de PIACI. Los riesgos de un posible contacto ante la entrada de empresas extractivas son enfermedades letales para grupos enteros, enfrentamientos violentos con trabajadores, migraciones forzadas, conflictos con comunidades del lado peruano y brasileño que no están habituadas a la presencia de grupos aislados… El antropólogo sacude la cabeza: “No hemos aprendido nada”.

El área presentada a inversionistas por Perupetro se solapa con la Reserva Madre de Dios, pero también a dos comunidades de colonos originarios del Urubamba que se establecieron en territorio de indígenas mashco piro hace un par de décadas, levantando sus casas de madera sobre pilotes junto al río Piedras. Tanto la comunidad de Monte Salvado como la de Puerto Nuevo tienen puestos oficiales de vigilancia para protección de PIACI cuyo objetivo es evitar el acceso de terceras personas a la Reserva y manejar la convivencia entre grupos asilados y las comunidades vecinas.

Desde que un centenar de aislados emergieran frente a Monte Salvado en 2013, catapultando la aldea a la fama, ésta ha atraído proyectos que buscan diversificar su economía más allá de la madera, ayudándola así a proteger la selva y la reserva. Venta de nueces de Brasil, artesanía, incentivos estatales para protección de bosques, empleos como agentes de vigilancia… La comunidad prospera. Sin embargo, el dispensario acumula telarañas y los jóvenes que migraron a la ciudad no están regresando.

El desastre que ocurrió con Shell y el pueblo nahua en los ochenta podría repetirse ahora con los mashco piro

Israel Aquise, de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (Fenamad)

En Monte Salvado, nadie habla en público del nuevo lote petrolero que Perupetro está publicitando entre inversores internacionales, un lote que afectaría tanto a su comunidad como la reserva colindante para aislados mashco piro. Los agentes de vigilancia del Ministerio de Cultura no están autorizados a conversar. Perupetro no respondió a las peticiones de comentarios para este reportaje. Y un mes después de que hubieran trascendido las áreas en promoción, las organizaciones indígenas todavía no se habían pronunciado. “Muchos frentes abiertos”, explicaba a este medio el nuevo líder indígena de la Fenamad, Alfredo Vargas, que en 2015 participó en la consulta previa para la licitación de un lote en Madre de Dios, aunque éste, finalmente, no se llegó a explotar.

En el aire, la pregunta de si Monte Salvado y el resto de comunidades nativas que conviven con aislados resistirán el avance del frente extractivista. La batalla por los pueblos aislados —y por millones de hectáreas de bosques vitales para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el clima— continúa.

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