‘Lawfare’, el éter de la política española

Una de las penas de la desaparición de Chiquito de la Calzada es que nunca sabremos cómo habría pronunciado lawfare. Aunque seguro que hubiera sido más atinado que nuestros políticos. Porque todos abusan del concepto: la izquierda al pensar que detrás de toda acción judicial hay una causa política, y la derecha al entender que detrás de toda acción política debe haber una causa judicial. El Gobierno se encastilla en el poder argumentando un asedio de jueces motivados por ideología —lo cual es poco razonable, pero útil— y la oposición centra su ataque al Gobierno en los casos judiciales —lo cual es absolutamente irracional—.

Así, el lawfare se ha convertido en el invisible éter que sostiene la vida política en España. Como la quintaesencia en la antigua Grecia o el fluido de Mésmer en el XIX, el lawfare no existe, pero es el principio que lo activa todo.

No hace falta ser Einstein, quien descartó el éter con la teoría de la relatividad, para cuestionar la existencia del lawfare. Solo hay que confiar en la integridad de los miembros de una judicatura sometida a un garantismo extremo, con decisiones colegiadas y múltiples niveles de apelación. En una red tan tupida cualquier injusticia acaba atrapada. Y luego mirar los datos. Ninguna democracia ha sentado en el banquillo a tantos representantes de los grandes estamentos: de la banca a la Casa Real pasando por muchos políticos conservadores. El PP tiene un rosario de causas abiertas y sentencias pendientes.

No tiene lógica creer en una confabulación judicial contra el Gobierno, como hace la izquierda, aunque tiene sentido político si la legislatura es estéril. Pero lo que no tiene pies ni cabeza es lo del PP: encomendarse a las causas judiciales para atacar al Gobierno. Los populares han sentenciado anticipadamente a Sánchez por todo tipo de delitos: abuso de poder por el caso del fiscal general, corrupción política por la amnistía, o ser el jefe de un equipo de gánsteres.

El PP fía su crítica al Gobierno a unas decisiones judiciales que, o no son como esperan (la amnistía en Europa) o, si lo son (como el fallo contra García Ortiz), desmontan su argumento de fondo: que Sánchez es un dictador. Qué dictadura tan rara donde el fiscal general es condenado por revelación de secretos, y los jueces acorralan a dos exsecretarios de Organización del partido en el Gobierno, a la esposa y al hermano del presidente.

Aún pueden rectificar. Solo necesitan pensar que Sánchez no es un autoritario Orbán, sino un inane Scholz o Macron. Eso lo vería hasta Condemor.