Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Historia de una imputación

Cristina de Borbón quedó implicada por una suma de circunstancias al investigarse la fortuna de Matas y los negocios de su marido

La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, el pasado febrero.
La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, el pasado febrero.

La infanta Cristina quedó bajo sospecha en el caso Nóos en abril de 2013, al ser imputada por el juez José Castro que obró contra el criterio del fiscal Pedro Horrach. Al mes, la esposa de Iñaki Urdangarin quedó desimputada por la Audiencia de Palma pero sus magistrados –los mismos que han decidido ahora imputarla por dos delitos fiscales- encaminaron al instructor para que la investigara por posible blanqueo de dinero y fraude fiscal.

El juez, en la senda que le marcó la Audiencia, profundizó durante meses sobre las cuentas, declaraciones fiscales, patrimonio y gastos de la Infanta, que no goza de un foro especial. En enero de 2014, la hermana del rey Felipe VI quedó nuevamente imputada y declaró en el juzgado durante seis horas y media en febrero. Es la primera hija y hermana de reyes que ha de acudir a un juzgado citada por un caso de supuesta corrupción.

Cristina de Borbón está implicada en la compleja investigación por una suma de circunstancias y hallazgos. El proceso judicial del también llamado caso Urdangarin fue abierto inicialmente para indagar la supuesta malversación de seis millones de euros públicos, por parte de su marido Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.

El caso Palma Arena es la causa matriz con 27 piezas distintas. Fue abierta para indagar en los sobrecostes millonarios (de 48 a 110 millones) de la obra del polideportivo Palma Arena. El Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007) la levantó con urgencia para celebrar un campeonato mundial de ciclismo. Es uno de los paradigmas del despilfarro e infraestructuras gigantes de la época Matas.

El caso Nóos tiene como causa madre el caso Palma Arena. Comenzó con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en 2008, que se basaba en informes del Gobierno de Baleares del PSOE que vio sospechosos los impagos y desvíos en la construcción. En 2009, el juez José Castro abordó una investigación sobre el enriquecimiento de Jaume Matas desde su cargo público.

La fortuna de Matas. Para escrutar la gestión y la fortuna de Matas el juez Castro se basó en el expediente creado por los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau. Ellos rastrearon unas primeras informaciones anónimas, enriquecidas con datos e interrogatorios de la Guardia Civil, sobre el palacete millonario que Matas se compró en Palma siendo presidente.

El fiscal general ordenó parar. En julio de 2009 el que era fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio orden para que no se prolongaran las investigaciones fiscales sobre Matas, las anuló, cerró el caso en la fiscalía con la ayuda del fiscal jefe de Baleares, Tomeu Barceló. Castro maniobró, reclamó formalmente a la fiscalía su investigación, la judicializó, evitó el veto y la causa del Palma Arena tuvo varios pilares más.

Urdangarin arrastrado a la tempestad. A principios de 2010, entre las cajas de documentación intervenida y reclamada al Gobierno de Matas por el juez sobre el Palma Arena, el fiscal Pedro Horrach cazó la mariposa que desencadenó la actual tormenta: una carpeta casi vacía de la fundación pública Illesport –que gestionaba la obra del velódromo- que contenía someros datos de un convenio millonario de un millón a favor del Instituto Nóos que organizó foros para Matas.

Nóos, aparece la Infanta. El Instituto Nóos, entidad teóricamente altruista creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres en 1999, en el que Cristina de Borbón fue vocal de la junta directiva hasta 2006, hasta que salió su marido. El juez reclamó datos de los gastos al Gobierno y facturas al Instituto Nóos y detectó que la empresa familiar de los duques de Palma Aizoon está relacionada con el flujo de facturas y reparto de fondos de origen público. Aizoon para Hacienda y la Audiencia es una “sociedad pantalla con finalidad defraudatoria” .

Castro pregunta a Matas por un tema tabú: En marzo de 2010, Jaume Matas es citado a declarar ante el juez Castro por primera vez. El instructor menta lo que parecía un tema tabú: las contrataciones del Gobierno con el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. Matas contesta con distancia que sí, que lo ordenó, que dijo “hágase”. En la televisión, en Salvados explicó que lo hizo por ser quién era y cómo iba a decirle que no y que fuera a concurso. En julio de 2010 el juez crea la causa específica que alude a los pagos de 2,3 millones de Baleares, en 2005 y 2006, a los que sumó casi 4 de la Generalitat Valenciana. Diego Torres porta casi 400 documentos justificativos. En cuatro años el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, suministra correos y documentos privados de los duques de Palma que relaciona con la causa.

Un babel de Nóos y con Aizoon. El instituto sin ánimo de lucro y el resto de las empresas privadas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres tenían “el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto Nóos, de forma tal que solo nominalmente cobraban la nómina de una u otra sociedad”. El dúo Torres-Urdangarin tuvo el paraguas de una babel de sociedades: Nóos Consultoría Estratégica, Instituto Nóos, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovation Lab, Virtual Strategies, Gecsa Formacion, Management for strategies, más Aizoon, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, Aretñe, y la pantalla De Goes for Stakeholder.

Registro y sospechas sobre el duque. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, en noviembre de 2011 registra en Barcelona las sedes de la trama y los despachos y domicilios. Los duques de Palma cambiaron la sede de Aizoon de su palacete de Pedralbes. El juez sostiene que Urdangarin y Torres utilizaron presuntamente varias “sociedades para apoderarse de fondos públicos que recibía Nóos. Castro y el fiscal citan los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, el manual de la corrupción.

Urdangarin imputado en diciembre de 2011. Declarará en febrero por primera vez y un año más tarde en una segunda ocasión para profundizar sobre nuevas sospechas fiscales aportadas. En diciembre de 2011 el Rey Juan Carlos dijo “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”. Los duques de Palma quedaron marginados, fuera de los actos oficiales de la Casa del Rey. Iñaki Urdangarin defiende su inocencia, la bondad de sus actuaciones y deja al margen a la Infanta. Nueve supuestos delitos pesan sobre el Duque. El fiscal le pedirá más de 15 años de cárcel.

Fianza de 6 millones, con la mitad del palacete. En enero de 2013, el juez ve “desmedido afán de lucro” en Urdangarin y Torres, para los que pide una fianza de 8,1 millones, que la Audiencia rebaja a seis. La mitad del palacete de Pedralbes está hipotecada. Declara como imputado el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, extesorero de Nóos. También compareció el asesor del Rey, José Manuel Romero, Conde de Fontao.

La Zarzuela y Marivent. El socio del duque, Diego Torres, declara que él y Urdangarin negociaron en 2004 en La Zarzuela con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Solo Torres refrenda este dato. El arrepentido ‘Pepote’ Ballester –amigo de la Infanta- declaró que Urdangarin, Jaume Matas, él y un empresario jugaron a pádel en el Palacio de Marivent de Palma y que el duque abordó temas comerciales.

La infanta imputada, en abril de 2013. La Audiencia de Palma levanta la imputación aunque recomienda que se investigue si cometió un delito fiscal. Con análisis de la Agencia Tributaria y la cooperación de los bancos el juez rastrea las cuentas nacionales e internacionales de la Infanta. Castro señala que la Infanta usó fondos de Aizoon que procedían de Nóos. En enero de 2014 dicta una segunda imputación de la Infanta, centrándola en el supuesto blanqueo de capitales y en dos delitos fiscales. En febrero declaró la Infanta.

“Fondos ilícitamente blanqueados”. "Hay sobrados indicios", dice el juez al cerrar la causa en junio de 2014, "de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizóon". Se conseguía el dinero "a costa de las arcas públicas" y con "el vaciado de sus fondos (de Nóos) que, eran además de ilícitos", con facturas "falsas". Castro ve que la hermana del Rey participó en los supuestos delitos fiscalesde Urdangarin y "saldría entonces inevitablemente a escena el delito de blanqueo", que "sí podría haber cometido respecto del dinero que su marido habría obtenido". Hacienda, la Abogacía del Estado y la fiscalía en ningún caso sostienen esta tesis y que la Infanta tenga responsabilidades.

El Fiscal ataca al juez por trato discriminatorio, deformar la verdad y ambiciones personales "¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente las consideraciones penales utilizadas para desestimar anteriormente la imputación?", se pregunta Horrach. "Absolutamente ninguno". En los 41.000 folios de la causa no hay "elemento ni indicio probatorio alguno", ni hechos, que impliquen que la Infanta tuviera "un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido".

Más información