30 causas por corrupción abiertas hace un lustro asedian al PP
Los tribunales preparan juicios en los próximos meses de los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes populares
Las causas judiciales por corrupción asedian al PP desde 2009. El año que ahora empieza tiene al menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Taula, Tandem y otros con varias decenas de exdirigentes populares procesados. Los juicios pendientes, algunos ya tienen fijada fecha de inicio, sentenciarán hechos ocurridos hace más de cinco años. Esta justicia a destiempo supondrá un nuevo varapalo al prestigio de la formación conservadora que ahora preside Alberto Núñez Feijóo. Lo que sigue resume el via crucis judicial del PP.
Caso Gürtel, 14 años después, cuatro causas pendientes. El juez Baltasar Garzón desarticuló el 6 de febrero de 2009 una de las más extensas tramas de corrupción conocida en democracia. La red había colonizado más de una decena de administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. De aquella investigación surgieron múltiples piezas separadas que dieron lugar a juicios que terminaron con duras condenas de cárcel para alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y hasta quien fuera tesorero nacional. El PP fue considerado en dos de las causas “partícipe a título lucrativo”, se benefició de los delitos cometidos por la red corrupta. Quince años después, el PP espera todavía algunas sentencias más vinculadas al caso. Francisco Camps, que presidió un Gobierno salpicado de corruptos, a juzgar por los consejeros y altos cargos que han sido condenados estos años, se enfrenta a la petición de cárcel de la fiscalía en la pieza número 5 del caso Gürtel. Se trata de los contratos amañados que su Ejecutivo adjudicó a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel. La sentencia se conocerá en las próximas semanas o meses.
Cajas b del PP nacional y del PP de Madrid pendientes de juicio o de recurso. El Supremo responderá en las próximas semanas a los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional por el denominado caso Bárcenas, la caja b del PP que financió parte del coste de las obras de la sede de Génova, 13. Esa sentencia culpó al extesorero y consideró responsable civil subsidiario al PP. El partido decidió no recurrir el fallo, admitiendo así la corrupción. En la Comunidad de Madrid también funcionó una caja b con la que se financió el partido ilegalmente, según el auto de procesamiento contra dirigentes del Gobierno de Esperanza Aguirre. Uno de los sumarios del caso Púnica versa sobre esta caja b y está pendiente de juicio junto a otras nueve piezas separadas más.
Espionaje ilegal para proteger al PP. Caso Kitchen. Otra investigación judicial concluida y pendiente de juicio llevará al banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez y a media docena de comisarios de policía. Todos ellos están acusados de perpetrar una operación a espaldas del juez para espiar a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentación que pudiera implicar al Gobierno de Mariano Rajoy en diversos delitos de corrupción.
Los exministros Rato y Zaplana se enfrentan a altas penas de cárcel. Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, se sienta en el banquillo desde hace semanas. La fiscalía pide decenas de años de cárcel para Rato por defraudar millones de euros. Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, se enfrenta desde el 1 de febrero a un juicio donde la fiscalía solicita 19 años por los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación en el caso Erial.
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