La Audiencia de Valencia fija el inicio del juicio a Eduardo Zaplana para el 9 de enero

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha fijado para el próximo 9 de enero el juicio al expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana. Serán 40 sesiones que se repartirán a lo largo de unos cinco meses en las que el exdirigente popular se enfrenta a los cargos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de 19 años de cárcel.

No será el único expresidente valenciano que se siente en el banquillo. También lo hará José Luis Olivas, para el que la fiscalía pide seis años de prisión por su implicación en el llamado caso Erial, que ha investigado el presunto cobro de comisiones tras la adjudicación “amañada” del Plan Eólico y de los planes de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Junto a los dos expresidentes se sentarán en el banquillo un supuesto testaferro de Zaplana, Miguel Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, la secretaria del exministro de Trabajo, Mitsouko Henríquez, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y los hermanos empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino.

Pese a los múltiples intentos de la defensa de Zaplana por evitar el juicio, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia decidió el pasado mes de octubre la apertura de juicio oral y la Audiencia ha fijado este viernes la fecha de inicio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los documentos que originaron la investigación plasmaban el resumen de los “trámites efectuados” para las concesiones de las ITV y de los parques eólicos privatizados por Zaplana. Esos documentos, según Anticorrupción, “indicaban el importe que tenían que abonar los licitadores para la obtención de dichas concesiones o adjudicaciones en virtud del acuerdo alcanzado con el acusado, que ostentaba el máximo poder político y ejecutivo de la Comunidad Valenciana, el cual trasladaría las indicaciones pertinentes para la debida adjudicación concertada a su amigo Juan Francisco García”. Según el ministerio público, los concursos para estas adjudicaciones se diseñaron estableciendo unas “condiciones subjetivas” con el fin de que las empresas de los Cotino (familia del exdirector general de Policía) ganaran las licitaciones “por cuanto contaban con la información informativa necesaria de las condiciones y requisitos favorables a su concesión, en perjuicio del resto de los posibles competidores, limitando en lo posible la competencia y, en definitiva, creando las condiciones en los órganos políticos del más alto nivel para que ello fuera posible”.

La Fiscalía relata además cómo la organización “empleaba sociedades radicadas en el extranjero (...) creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como para ocultar el origen ilícito de los bienes”. Panamá, Andorra y Luxemburgo fueron los primeros destinos de ese dinero y para la vuelta a España de ese capital se desarrolló “la creación de una estructura societaria” a través de la que se produjo la adquisición de bienes en cuyas escrituras no aparecía nunca Zaplana pese a que era él mismo quien los usaba. El exministro no solo se guardó de aparecer en documentos, sino que la trama, en las conversaciones telefónicas y a sabiendas de que estas podían ser intervenidas, se refería a él como “el jefe”, “nuestro amigo” o “el que tú ya sabes”, tal como relata el fiscal.