Las mordidas de Zaplana: un piso en Madrid, dos áticos en la playa, un barco, un crucero privado y mucho dinero en metálico
El auto de procesamiento del expresidente valenciano y exministro de Trabajo del PP revela el destino de sobornos por el plan eólico y las estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana
El procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sacado a la luz el destino que el dirigente del PP daba a parte de las presuntas mordidas obtenidas en la adjudicación del plan eólico valenciano y de las estaciones de ITV del territorio. La jueza, en el auto que acerca a Zaplana al banquillo de los acusados, detalla algunas compras que la investigación ha podido identificar como realizadas con el dinero ilícito procedente de las comisiones. Un piso en la calle Nuñez de Balboa del barrio de Salamanca de Madrid, dos áticos en la localidad alicantina de Altea, un barco, un crucero privado, viajes de recreo por Croacia, Italia y la Costa Azul, billetes de avión a Marruecos y Suiza, y a las ciudades de Praga y Génova (Italia) y otros 22 vuelos a Milán, Madeira y Londres, además de dinero en metálico, mucho dinero en metálico que llegaba a Zaplana por distintas vías y siempre con las suficientes medidas como para que su nombre no apareciera en ningún lado. Sin embargo, de la documentación incautada, los apuntes de una detallada agenda del propio exministro y la declaración de muchos testigos, incluso de algún implicado, la jueza ha concluido que el montante de las comisiones ilícitas que recibió la trama del caso Erial ascendió a 15 millones de euros. Las adjudicaciones al grupo familiar de Juan, Vicente y José Cotino les reportaron unos beneficios de más de 86 millones de euros, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”, señala la jueza.
Eduardo Zaplana le dijo a Fernando Belhot, el hombre que ideó la ingeniería financiera para tratar de disipar el origen y destino del dinero, que él era el mayor titular de las empresas con las que se manejaba el dinero, pero que “no había querido aparecer como titular de dichos activos financieros porque había sido persona con actividad pública muy importante”, tal como consta en el auto de procesamiento.
Así, por ejemplo, la compra, por 1,6 millones de euros, del piso en el barrio madrileño de Salamanca se hizo a través de una empresa. Eduardo Zaplana, que está imputado por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, no aparece en los registros oficiales de la compañía, pero la Guardia Civil asegura que fue el único que vivió en esa casa. La empleada de la inmobiliaria aseguró que fue a Zaplana a quien le enseñó la vivienda por la que mostró mucho interés. El conserje aseguró haberle visto varias veces y que “habitualmente utilizaba el montacargas”. A quienes sí veía era tanto al escolta del exministro como a su chófer. “Zaplana era la única persona que usaba la casa y las cosas que había en la vivienda, como por ejemplo la ropa, eran de él”, aseguró la empleada del hogar.
La documentación intervenida a la secretaria personal del exministro, Mitsouko Henríquez, también ha aportado indicios que han llevado hasta el procesamiento del dirigente del PP. Así ha ocurrido con copias de “cheques al portador utilizados para comprar relojes de alta gama o reformas del piso de Núñez de Balboa, o compra de dos televisores para dicho piso” que cobraba personalmente Henríquez.
Además de estos bienes, según el auto de la jueza, Zaplana le pedía cantidades en metálico. Fueron, según los indicios, 2,3 millones de euros a lo largo de siete años. Uno de los sistemas utilizados fue el de cambistas, “forma esta muy común en Sudamérica y que consiste en que dichos cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan a otra persona que lleve a cabo la entrega del mismo en el país interesado a la persona que se designe, haciéndolo siempre en efectivo, no dejando rastro del mismo y siendo en este caso en concreto la receptora de ese dinero la secretaria de Eduardo Zaplana”.
El chófer del exministro también hizo de porteador. Así lo señala la jueza que explica que fue él quien transportó un sobre blanco con 50.000 euros hasta la sede de Telefónica, donde Zaplana trabajó durante 10 años como delegado para Europa hasta que en mayo de 2018 fue despedido tras ser detenido. El exministro estuvo en prisión preventiva hasta el 7 de febrero de 2019, aunque pasó parte del internamiento en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido a consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.
El grupo empresarial Cotino y los amigos convertidos en cómplices
Las mordidas cobradas por el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, tienen su origen, presuntamente, en la adjudicación de dos grandes concesiones de la administración autonómica: la de los parques eólicos y la de las estaciones de ITV. Por ello, en el llamado caso Erial, no solo está imputado el dirigente del PP sino también empresarios que formaron parte de la trama corrupta, así como estrechos colaboradores del exministro.
Estos son los implicados:
Vicente y José Cotino. Ambos, sobrinos del exdirector general de la Policía, Juan Cotino, investigado hasta su fallecimiento. Fueron adjudicatarios de parques eólicos y de las ITV, negocios que les reportaron, según la jueza, 86 millones de euros.
Juan Francisco García. Exjefe de gabinete y amigo de Eduardo Zaplana, que “colaboró de forma directa con estos hechos”, relata la jueza, en referencia a la adjudicación de tres zonas de parques eólicos.
Joaquín Miguel Barceló. “Zaplana utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración y en comparación con las por él obtenidas, siendo claro ejemplo de ello Joaquín Miguel Barceló al que hizo que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes quedando Eduardo Zaplana de esta forma al margen, formalmente, y libre de responsabilidades mientras recibía, eso sí, importantes beneficios económicos”, relata la jueza.
Felisa López. Esposa de Joaquín Miguel Barceló que, según la investigación, estaba informada y conocía el funcionamiento de la trama.
Francisco Grau. Asesor fiscal de Eduardo Zaplana y presunto testaferro.
Fernando Belhot. Abogado uruguayo y presunto diseñador de la estrategia para el retorno de las mordidas a España una vez cobradas en cuentas extranjeras. Belhot decidió colaborar con la justicia.
Mitsouko Henríquez. Secretaria personal de Eduardo Zaplana. Trabajó con él en la Generalitat valenciana y, posteriormente, en Telefónica. “Era conocedora de las actividades delictivas del mismo (Eduardo Zaplana) y recibió cantidades en efectivo de procedencia delictiva, que luego le entregaba al mismo.
Elvira y Saturnino Suanzes. La primera fue diputada del PP. Junto con su hermano, participó en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.
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