Anticorrupción recupera nueve millones de euros atribuidos a la trama de Zaplana

La Fiscalía Anticorrupción ha recuperado nueve millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales en la concesión del plan eólico y de las ITV en la Comunidad Valenciana, dentro del caso Erial, por el que está imputado el expresidente valenciano y exministro del PP, Eduardo Zaplana. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica movimientos de seis millones de euros de esas comisiones en Andorra.

La UCO considera que el entramado bancario de Andorra fue clave para desviar los cobros de comisiones ilegales obtenidas de concursos adjudicados entre 1997 y 2004, la mayor parte durante el mandato de Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002), con el objeto de blanquearlas para repatriarlas a España posteriormente.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en un poco más de 10,5 millones de euros el montante total de esas comisiones.

De esa cantidad, la Fiscalía Anticorrupción ha recuperado nueve millones de euros. En concreto, ya han sido consignados en la cuenta de depósitos judiciales siete millones de euros gestionados por Fernando Belhot, que actuaba presuntamente como testaferro de Zaplana, y que ha decidido colaborar con la justicia entregando de manera voluntaria esas cantidades. Los otros dos millones incautados estaban gestionados por Juan Francisco García, exdirector del gabinete de la Presidencia con Zaplana, también investigado. Al no reconocer ese dinero como suyo, no hay posibilidad de que Zaplana pueda reclamarlo, según fuentes de la fiscalía citadas por la SER.

La declaración del abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado el testaferro de Zaplana en el extranjero, ha sido fundamental en la investigación de la trama del caso Erial, que estalló públicamente cuando se detuvo en su domicilio de Valencia hace justo tres años al que fuera también portavoz del PP en el Congreso entre 2004 y 2008. Se le investiga por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, soborno, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y asociación ilícita.

Los seis millones de euros detectados por la Guardia Civil fueron ingresados en la Banca Privada Andorrana (BPA) desde 2004 y muchas veces con dinero en metálico. La UCO asocia esos movimientos de capital a la red financiera organizada por el expresidente de la Generalitat.

La Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda solo de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que fuentes judiciales no descartan pero consideran aventurada ahora.

La Audiencia de Valencia condenó en 2016 a dos exdirectivos de Terra Mítica y a otras 20 personas por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental en la construcción del parque temático de Benidorm, inaugurado en 2000 con un coste cercano a los 380 millones de euros. Las penas sumaron más de 300 años de cárcel. Entre los condenados se hallaba Justo Valverde, entonces director de contratación y cuñado de Zaplana en el momento de los hechos. Tres años después, el Tribunal Supremo ratificó la mayoría de las penas. La Generalitat vendió el parque temático en 2012 a la empresa privada Aqualandia por 67 millones de euros. Terra Mítica fue el primero y más emblemático proyecto mediático que puso en marcha Zaplana como presidente de la Generalitat tras ser alcalde de Benidorm.

Con el nuevo informe de la UCO sobre los movimientos de capital en Andorra, la instrucción del caso Erial afronta en este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos.

Además de Zaplana, que estuvo en prisión hasta enero del 2019 para evitar la destrucción de pruebas, y de García, hay varios imputados más en la causa: los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del que fuera director general de la Policía Nacional con el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino, también investigado hasta su fallecimiento el pasado año, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, entre otros.