La Guardia Civil registra la casa de un exconsejero de Zaplana por la trama de corrupción del ‘caso Erial’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado en las últimas horas el domicilio del Fernando Castelló Boronat, exconsejero del Ejecutivo valenciano de Eduardo Zaplana y exsecretario de Estado con José María Aznar, en busca de documentación sobre la trama corrupta presuntamente encabezada por el expresidente valenciano, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. La UCO busca nuevos datos sobre las supuestas irregularidades destapadas en la Operación Erial de corrupción y, en concreto, sobre la adjudicación entre 2002 y 2003 de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana cuando Castelló era responsable de Industria del Gobierno de la Comunidad Valenciana y presidía la comisión que decidió el concurso. Las pesquisas forman parte de una nueva pieza secreta del sumario.

El exconsejero, que no ha sido detenido, ha sido interrogado por los agentes tras el registro, según las fuentes consultadas. Previsiblemente, en los próximos días será llamado a declarar como imputado por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, instructora del caso Erial. El instituto armado también ha realizado en los últimos días diversos requerimientos de documentación a instituciones públicas para recabar nueva información, añaden fuentes jurídicas.

Fernando Castelló fue uno de los hombres de confianza de Eduardo Zaplana durante su mandato de la Generalitat, entre 1995 y 2002, y también cuando fue nombrado ministro de Trabajo en 2002. Castelló ocupó entre 1999 y 2003 el cargo de Consejero de Industria y Comercio en el Gobierno valenciano y, posteriormente, fue nombrado por el propio Zaplana secretario de Estado de Seguridad Social, cargo que ocupó entre 2003 y 2004. Fue también miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y diputado por el PP en el Congreso en la octava legislatura (2004-2008).

La presunta relación del Castelló con el caso Erial es su participación en la adjudicación en 2003 del Plan Eólico Valenciano, que contemplaba la instalación y explotación de seis parques eólicos en la montañosa geografía de la comarca del Alto Palancia, en la provincia de Castellón. Aunque cuando fueron adjudicados Zaplana ya se había incorporado al Gobierno de Aznar, los investigadores creen que el momento decisivo del amaño se produjo antes. En enero de 2002, después de un largo proceso de cocina, la Generalitat todavía presidida por Zaplana preadjudicó, según la terminología utilizada en el Diario Oficial de la Generalitat, las 15 zonas de parques eólicos de la Comunidad Valenciana a cinco uniones de empresas. Las mismas que un año más tarde resultaron confirmadas como adjudicatarias.

La comisión que se encargó de aquel concurso estaba integrada solo por cargos políticos: dos consejeros del Gobierno valenciano, un subsecretario y tres directores generales. La presidía el entonces consejero de Industria, Fernando Castelló. En uno de los informes periciales elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude se concluye que el concurso del plan eólico se realizó de tal forma que solo podían salir elegidas determinadas empresas, entre ellas, la gran beneficiada, Proyectos Eólicos Valencianos, la firma participada por el también investigado Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía con el gobierno de Aznar, Juan Cotino. Este último falleció tras contraer la covid-19 el pasado 13 de abril cuando ya estaba abierto el juicio por el supuesto amaño en las contrataciones para la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, en el que también estaba imputado.

El registro del domicilio de Castelló es un nuevo impulso al caso Erial, que se inició en 2015, después de que la UCO encontrara, gracias a la colaboración del arrepentido del caso Taula, Marcos Benavent, indicios de que Zaplana había recibido presuntamente pagos por dos grandes adjudicaciones públicas gestadas durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002): la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), a finales de los años noventa, y el plan eólico valenciano. La investigación dio un salto decisivo en mayo de 2018, cuando la Guardia Civil detuvo a Zaplana, que permaneció en prisión preventiva hasta febrero de 2019, cuando fue excarcelado por su estado de salud. El expresidente valenciano está acusado de 10 delitos, entre ellos malversación, cohecho y prevaricación continuados, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

Un informe de la UCO detalla que el dinero de las supuestas comisiones circuló por una maraña de sociedades y cuentas bancarias que se extendió por 14 países antes de regresar a España en forma de inversiones inmobiliarias y dinero en efectivo. Los investigadores estiman que por el circuito de blanqueo del exdirigente del PP se movieron casi 20 millones de euros. Zaplana siempre ha negado las acusaciones.