Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga

El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores

Eduardo Zaplana, en feberero, al llegar a los juzgados de Valencia. En vídeo, un testaferro y las agendas ponen contra las cuerdas a Zaplana.

La Guardia Civil y la Agencia Valenciana Antifraude han puesto otro clavo en el armazón de la investigación en torno al exministro del PP Eduardo Zaplana. Sendos informes remitidos al Juzgado de Instrucción 8 de Valencia reafirman los indicios de que Zaplana cobró a empresas del exdirector general de la Policía Juan Cotino comisiones millonarias por la adjudicación, cuando era presidente de la Generalitat valenciana, de concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de parques eólicos. Unas acusaciones, reafirmadas este martes tras levantarse el secreto del sumario, que el exdirigente popular niega.

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Una de las principales pruebas contra él se deriva de la meticulosidad de sus propias agendas, en las que Zaplana fue anotando desde 1997 y casi hasta su detención en mayo de 2018 los hitos de los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción. A la vista de estos y otros indicios, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Zaplana “en un plano de jerarquía superior, tanto en relación a las adjudicaciones concretas como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”, del que la justicia tiene ya en su poder dinero y bienes por un importe superior a los 13 millones de euros.

Las agendas reflejan, según los investigadores, el alto grado de control que Zaplana ejerció sobre las operaciones durante más de dos décadas, supervisándolas personalmente mediante reuniones en persona en los momentos “trascendentales”. La UCO destaca especialmente una docena de citas. La primera, una cena con Juan Cotino el 12 de junio de 1997, “la noche anterior” a la aprobación de los pliegos “que iban a regir la licitación relativa al servicio de ITV”. Cotino era ya un hombre fuerte del PP valenciano y, además, alto cargo del Gobierno de José María Aznar. 

Durante las dos décadas siguientes, Zaplana registró con su puño y letra reuniones con sus supuestos cómplices Joaquín Miguel Barceló, Juan Francisco García y Francisco Grau, con su presunto blanqueador uruguayo Fernando Belhot y con miembros de la familia Cotino, que se celebraban justo antes o después de lo que la UCO considera pasos decisivos del supuesto circuito criminal: apertura por parte de la mesa de contratación de los sobres con las proposiciones técnicas y económicas del concurso de las ITV: entregas de dinero en efectivo; transferencias de fondos de sociedades radicadas en Luxemburgo y Hong Kong o intentos de invertir en España parte de los 6,4 millones de euros que Zaplana presuntamente cobró del Grupo Sedesa, la adjudicataria valenciana de la que eran propietarios los Cotino. Fuentes cercanas al expresidente valenciano insistieron ayer en que su nombre no aparece en ninguna de las sociedades investigadas.

2,3 millones en efectivo

El que fuera ministro de Trabajo en el Gobierno de Aznar, entre 2002 y 2004, utilizó presuntamente a varios testaferros y más de 20 sociedades en España y en el extranjero para cobrar el dinero de las comisiones, mantenerlo oculto e ir reintroduciéndolo en el circuito legal del dinero. Además, según la declaración de Belhot recogida por la Guardia Civil, el presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002 recibió "en efectivo" 2,3 millones de euros que el abogado uruguayo le hizo llegar "principalmente a través de su secretaria personal Mitsouko Henríquez", también investigada en la causa.

Además de los documentos escritos por el propio Zaplana, la información suministrada por la justicia suiza y las revelaciones de Belhot, los indicios contra el exdirigente se apoyan en la declaración de la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa que, entre otros detalles, aseguró que en 2001, cuando era el máximo responsable de la Policía, Cotino le entregó 640.000 euros en Luxemburgo. Un dinero que ella empleó para abrir las dos sociedades utilizadas para pagar presuntamente los sobornos a Zaplana.

Trajes a medida

A instancias de la juez, la Agencia Valenciana Antifraude ha elaborado sendos informes periciales sobre la licitación de las ITV en 1997 y sobre el plan eólico de la Comunidad Valenciana en 2001. En ambo se detectan una serie de irregularidades y singularidades que abonan la tesis de la investigación del amaño de ambos concursos para tejer un traje a medida con el fin de sacar tajada a través de comisiones destinadas a Zaplana. En la privatización de las ITV, la Agencia Antifraude señala que no realizaron estudios sobre las “diferentes alternativas” a la prestación del servicio público de las ITV, como mandataba el propio decreto del Consell. También “es de reseñar la asombrosa inmediatez y celeridad” con el que se despachó el procedimiento de contratación, incide el informe. Se creó una figura “inaudita” de vicepresidente para la mesa de contratación que, en opinión de la agencia, solo podría servir “para aumentar la representación y control político de la mesa”. Se describe un rosario de irregularidades.

En su informe pericial sobre el plan eólico, la Agencia Antifraude destaca en primer lugar que la Comunidad Valenciana “empleó una fórmula jurídica diferente a la empleada por las otras” autonomías. Dicha fórmula es “de dudoso encaje legal en la normativa vigente”, como concluyó el Tribunal Superior de Justicia valenciano en una sentencia del pasado año. Los instrumentos elegidos por la Generalitat presidida por Zaplana para el procedimiento elegido “relegarán a última instancia (el informe técnico) la fijación y el establecimiento de los criterios de valoración, hecho gravísimo”. El informe señala que en la fecha de adopción del plan eólico, el 26 de julio de 2001, el Consell de la Generalitat estaba presidido por Zaplana. Su sucesor a partir del 24 de julio de 2002, una vez es nombrado ministro de Trabajo por el Gobierno de José María Aznar, fue José Luis Olivas, que finalizó el expediente, adjudicado, entre otras firmas, a Sedesa. Esta empresa pertenecía al sobrino de Juan Cotino, exdirector general de la Policía con Aznar y hombre fuerte del Gobierno autonómico de Francisco Camps, que relevaría a Olivas. Este también está investigado en la pieza de Zaplana, entre otras causas abiertas.

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