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La juez manda a Zaplana al banquillo por el cobro de comisiones y Anticorrupción le pide 19 años de cárcel

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP de Aznar está acusado de blanqueo, cohecho y prevaricación

Eduardo Zaplana
Eduardo Zaplana, detenido, tras el registro de su casa en Valencia en mayo de 2018.Mònica Torres
María Fabra

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y lo manda al banquillo por el presunto cobro de comisiones tras la adjudicación “amañada” del Plan Eólico y de los planes de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en el caso Erial. La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el que también fuera ministro de Trabajo con José María Aznar.

Además de Zaplana, al que la juez le imputa los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, se sentará en el banquillo otro expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel, tal como ha adelantado Las Provincias.

Junto a los dos expresidentes, ambos del PP, se sentarán en el banquillo un supuesto testaferro de Zaplana, Miguel Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, la secretaria del exministro de Trabajo, Mitsouko Henríquez, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y los hermanos empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los documentos que originaron la investigación fueron unas hojas con el resumen de los “trámites efectuados” para las concesiones de las ITV y de los parques eólicos privatizados por Zaplana. Esos documentos, según Anticorrupción, “indicaban el importe que tenían que abonar los licitadores para la obtención de dichas concesiones o adjudicaciones en virtud del acuerdo alcanzado con el acusado, que ostentaba el máximo poder político y ejecutivo de la Comunidad Valenciana, el cual trasladaría las indicaciones pertinentes para la debida adjudicación concertada a su amigo Juan Francisco García”. Así, según el ministerio público, los concursos para estas adjudicaciones se diseñaron estableciendo unas “condiciones subjetivas” con el fin de que las empresas de los Cotino ganaran las licitaciones “por cuanto contaban con la información informativa necesaria de las condiciones y requisitos favorables a su concesión, en perjuicio del resto de los posibles competidores, limitando en lo posible la competencia y, en definitiva, creando las condiciones en los órganos políticos del más alto nivel para que ello fuera posible”.

La hoja de ruta que había trazado la trama fue entregada al juzgado por Marcos Benavent, que se autodenominó Yonqui del dinero. A este individuo le fue entregado por un empresario sirio que vivió alquilado en el mismo piso que lo había hecho Zaplana y que, según dijo, la encontró casualmente.

Anticorrupción apunta que el exdirigente popular, al que califica de “político profesional”, “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos” gracias a su posición institucional. “La organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero”, según relata la Fiscalía, “creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como para ocultar el origen ilícito de los bienes”. El ministerio público señala en su escrito de acusación que “pese a lo dispuesto por la normativa, en la práctica no existe documento ni justificación alguna que sostenga la privatización del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos, ni que se hayan cumplido los principios de publicidad y concurrencia”. Y añade: “No solo existió una falta completa de explicación y justificación económica y técnica para entregar el servicio público y establecer el canon adecuado, sino que la mesa de contratación se formó exclusivamente con personal político”.

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Respecto al plan eólico, el fiscal sostiene que se configuró un procedimiento administrativo “que pudiese cumplir el concierto establecido entre los acusados y que permitiese la selección de las zonas que mejor se acompasaban a los intereses de los acusados”. Además, sostiene que esta adjudicación reportó a los Cotino (incluido el exdirector general de la Policía) 86 millones de euros, “lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones”. La adjudicación de las ITV reportaron a las empresas de los Cotino otros 43 millones de euros.

Panamá, Andorra y Luxemburgo fueron los primeros destinos de ese dinero. Para el regreso a España de ese capital se desarrolló “la creación de una estructura societaria en España”, agrega el fiscal. A través de estas sociedades se produjo la adquisición de bienes en cuyas escrituras no aparecía nunca Zaplana pese a que era él mismo quien los usaba. El exministro no solo se guardó de aparecer en documentos, sino que la trama, en las conversaciones telefónicas y a sabiendas de que estas podían ser intervenidas, se refería a él como “el jefe”, “nuestro amigo” o “el que tú ya sabes”, tal como relata el fiscal.

La juez procesó a Zaplana en junio tras detectar compras que la investigación identificó como realizadas con el dinero ilícito procedente de las comisiones. Además de varios inmuebles, había dinero en metálico que llegaba al exministro por distintas vías. Por ello, Anticorrupción pide el decomiso de 20,6 millones de euros que son los que los investigadores calcularon como movilizados por la organización a la que le achaca también el delito de grupo criminal. De hecho, la confesión de uno de los presuntos testaferros de Eduardo Zaplana permitió que se recuperaran más de seis millones de euros que fueron entregados al juzgado.

Zaplana habla de "siete años de instrucción inquisitorial"

EP

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, ha reiterado este lunes su inocencia tras conocer el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que le reclama 19 años de prisión en el caso Erial, y ha señalado que espera demostrarla en el juicio "tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial".

Así lo ha apuntado en un comunicado con el que ha querido mostrar su "más absoluta disconformidad con sus conclusiones". "Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas", concluye.


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